Aerolíneas: suma de desaciertos
La lamentable situación en que se encuentra hoy Aerolíneas Argentinas, amenazada por la inminencia de una quiebra que podría llevarla a su cierre definitivo, es sin duda el producto de una suma de desaciertos que se fueron escalonando en el tiempo desde el momento en que la empresa fue privatizada y tal vez desde antes: desde las etapas previas a su transferencia al sector privado.
De esos desaciertos reiterados corresponde responsabilizar, fundamentalmente, a quienes han ejercido la conducción de la empresa en la última década, pero también a los representantes de nuestro sector público nacional, que con su intervención signada por las frecuentes marchas y contramarchas -y por las desinteligencias planteadas en el seno del Gobierno- sólo contribuyeron a tornar más confuso aún el panorama.
Una cuota de responsabilidad menor debe recaer, asimismo, sobre los sectores gremiales, que con su resistencia a los cambios, expresada con diferencias de matices, y sus inaceptables actos de violencia -que en estos días incluyeron la toma por unas horas de la pista del Aeroparque y la ocupación del edificio de la empresa- conspiraron contra la solución del conflicto, además de haber ocasionado graves perjuicios a la población y, especialmente, a usuarios del servicio aéreo completamente ajenos al problema que vive la compañía.
Desde que la amenaza de la quiebra comenzó a girar sobre Aerolíneas, la única solución alternativa aplicable que se conoció fue la que propuso el Plan Director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI), tenedora del 85% de las acciones de la compañía y del 90% del paquete accionario de su subsidiaria Austral. Ese plan proponía sanear la situación de ambas empresas en tres años, reducir su planta de personal en 1200 personas, renegociar las deudas financieras y fiscalizar severamente la contabilidad de todas las operaciones. En rigor, el plan fue percibido desde el primer momento, con razón, como un intento inocultablemente tardío de reflotar la economía de la empresa.
El panorama se complicaba, además, porque existía -como sigue existiendo- un fuerte componente político, abonado por una privatización poco clara, por traspasos sucesivos de acciones no demasiado transparentes, por la incomprensible pretensión de Iberia de desentenderse de la continuidad jurídica de la empresa y del necesario respeto a sus compromisos anteriores y, también, por varios puntos oscuros en la administración de las empresas (referidos, por ejemplo, a los criterios empleados en la venta de bienes).
Los tropiezos fueron muchos y harto visibles desde el principio de la vida de Aerolíneas como compañía privada, en 1990. Como se recuerda, el gobierno que ejecutó la privatización recurrió al mecanismo de la licitación y no al de la venta directa, que había sido propuesto por el ministro Rodolfo Terragno durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín. Una vez removidos los obstáculos que trababan la licitación como resultado de un per sáltum de la Corte Suprema, se definió un precio base, que la oferta no llegó a cubrir. Se definieron también formas de pago, garantía y plazos que finalmente no se cumplieron. Los mecanismos y el monto elegidos para la liquidación de la transferencia fueron modificados varias veces a lo largo de los tres años que tardó en saldarse la cuenta. Se había puesto como condición la reserva de la mayoría argentina de la propiedad, pero se hizo una excepción para que pudiera cerrarse la operación ya empezada. Cada vez que el Estado argentino restringía los aportes a la capitalización de una empresa siempre deficitaria terminaba cediendo posiciones en el control del gerenciamiento de la compañía -sobre la cual hoy tiene un 5%- o en la administración de la política aérea nacional.
En octubre último, el gobierno argentino firmó un acta convenio con los accionistas mayoritarios, que sólo pudo ser cumplido el sábado último ante una fuerte presión. En ese acuerdo se pactó que no habría despidos, pero no hubo manera de impedir que éstos se produjeran. El gobierno argentino sostuvo a los cuatro vientos que no pondría un peso más en Aerolíneas -con sólidos argumentos de defensa del equilibrio fiscal- y luego, volviendo sobre sus pasos, anunció que libraría con ese destino 16,2 millones.
Entretanto, día tras día se acentúa el deterioro de la que ha sido nuestra línea nacional de bandera, pues se reduce el valor de la empresa -fuertemente endeudada- y cunden la desorientación y el temor entre los proveedores, los bancos y los empleados de la compañía, así como entre los clientes y usuarios.
Es de esperar que el gobierno argentino se esfuerce al máximo para ayudar a generar las condiciones que permitan encarrilar las negociaciones tendientes a la normalización y rehabilitación de Aerolíneas y Austral. Y que el diálogo entre todas las partes permita que algún plan de recuperación pueda ser llevado adelante sobre las bases de racionalidad y realismo que hasta ahora no fueron respetadas. Y algo más: que los sufridos usuarios no sigan padeciendo las consecuencias de tantos desaciertos acumulados.
