La nueva empresa estatal de energía
La creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) constituye un paso ciertamente discutible y contradictorio frente a las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país. No resulta posible interpretar que esta medida tenga por objeto resolver la crisis energética que hoy se manifiesta en faltantes de gas y electricidad. El aporte que pueda hacer la nueva empresa estatal sólo se podría percibir en plazos mucho más largos de los que marcan las actuales urgencias.
La creación de esta empresa estatal debe entenderse como una decisión de carácter político e ideológico respecto del retorno del Estado a actividades empresariales en sectores relevantes. Significa un mayor avance sobre definiciones que ya se venían conociendo respecto a la participación estatal en inversiones en infraestructura. Este nuevo salto implica, por su magnitud, un cambio cualitativo. Ya no se trata de la participación y planificación pública en proyectos específicos de inversión mediante la creación de fideicomisos, sino de una actividad empresaria plena que abarcará la operación comercial en una actividad de alto riesgo, como es la petrolera, y con previsión de extenderse a todas las demás áreas energéticas.
La experiencia argentina es suficientemente demostrativa de la incapacidad del Estado para ejercer con eficiencia actividades empresariales. Esto ha resultado claro en prácticamente todas las empresas estatales que operaron en la Argentina, más allá de las falencias, los fracasos e incluso la corrupción en algunas privatizaciones. Si en algún sector el grado de ineficiencia fue más evidente, es en el de la energía. Luego de las privatizaciones, las inmensas pérdidas fueron corregidas, las inversiones aumentaron, las empresas pasaron a pagar impuestos y la calidad de los servicios mejoró sustancialmente.
En el sector eléctrico, las tarifas se redujeron hasta alcanzar valores inferiores a los internacionales, aun antes de la devaluación. Las utilidades distribuidas por estas empresas luego de la privatización fueron razonables en relación con el riesgo de la inversión. No parece haber sustento en la afirmación de algunos políticos y funcionarios respecto del carácter abusivo de las ganancias de las empresas privatizadas. Tampoco se compadecen con la realidad las acusaciones de falta de inversión si, claro está, se excluye el período de congelamientos tarifarios y ruptura de los contratos de concesión.
En definitiva, no podría fundamentarse objetivamente la creación de Enarsa como una respuesta económica o técnica a deficiencias estructurales de la actividad energética que puedan resolverse con la reaparición del Estado empresarial en ese sector. La evidencia es claramente la opuesta.
Tampoco resulta comprensible el argumento de crear una empresa "testigo". La intención de evitar abusos en los precios de los competidores privados se enfrenta con la realidad inocultable de que la empresa estatal producirá a costos más altos. Si los precios debieran cubrirlos y aportar márgenes razonables de utilidad, la nueva empresa estatal sería sin duda un testigo más que conveniente para sus competidores privados y éstos deberían beneficiarse con su aparición. Sin embargo, existe una fundada presunción de que el manejo de los precios en la empresa estatal responderá a criterios políticos y no económicos. Habrá seguramente un gobierno que cubra sus pérdidas. Esto convierte a la empresa testigo en un factor de arbitrariedad y en un riesgo que desalentará inversiones privadas en el sector.
La historia demuestra también que las empresas estatales terminaron asumiendo funciones reguladoras en su sector. Se convierten, así, en juez y parte al mismo tiempo. Esto es tal vez lo que efectivamente desean muchos de los que se lamentan hoy respecto del llamado Estado ausente. Sin embargo, el camino adecuado para subsanar carencias y fallas de regulación, cuando ésta es necesaria, es fortalecer los entes reguladores y no crear nuevas empresas públicas.
Enarsa se propone llevar adelante inversiones que suman más de diez mil millones de pesos. Una parte importante de ese monto se financiará con recursos fiscales provenientes de nuevos impuestos a la exportación de combustibles. La asociación del producto gravado con la actividad de Enarsa no impide que esos recursos sean igualmente utilizables en cualquier otro rubro del gasto público. Cabe, así, considerar si no es más conveniente emplear esos fondos en planes sociales, en seguridad, justicia, o en pagar a los acreedores lo que se les debe.
Será muy difícil mantener el argumento de que no se puede destinar un solo peso más a pagar la deuda, si ahora el gobierno argentino ha decidido perforar pozos petrolíferos y encarar otras inversiones que bien pueden ser realizadas por el capital privado. Se deja nuevamente de lado el sabio principio de la subsidiariedad. Un Estado quebrado debería ser cuidadoso no sólo en estudiar la factibilidad económica y financiera de sus iniciativas, sino también en medir su consistencia y en saber elegir la oportunidad de sus anuncios.
