El ciclo que se abrió con el default y la maxidevaluación de 2001 duró poco más de siete años. La economía se recuperó y la política alimentó el liderazgo enorme y temible de Néstor Kirchner.
Ese reordenamiento se alcanzó por una estrategia que privilegió la exacerbación del consumo. Los resultados fueron embriagantes: disminución drástica de la pobreza, el desempleo y la indigencia y estelares niveles de crecimiento. Los caceroleros volvieron a las rutinas de los padres de familia y los piqueteros se convirtieron en burócratas: misión cumplida.
Pero en aquel desempeño la economía sobrepasó su contextura. El "milagro" ya debe mucho a subsidios fabulosos, un intervencionismo cercano a la mala praxis, inflación acelerada. El corto plazo se consagró como único plazo. El círculo se está cerrando. De la fantasía de gobernar sin costos nacen nuevos malestares: la receta que sirvió para evitar los primeros cacerolazos está provocando nuevas formas de protesta. Cacerolazos de segunda generación contra las distorsiones que se consintieron para evitar los de primera.
El exceso de cálculo, o el simple nepotismo, hizo que las consecuencias se paguen en la intimidad de un matrimonio.
La rebelión del campo fue la primera manifestación, masiva y estridente, de esa pérdida de consenso social para la economía gerenciada por Kirchner. Con ella se quebraron los principales supuestos con que se venía percibiendo a la administración, y sobre el telón de fondo de ese cambio de humor comenzaron a recortarse nuevos problemas que amenazan con nuevas convulsiones. En el horizonte de los especialistas se detectan dos: la restricción fiscal de las provincias y el malestar industrial.
Centralismo fiscal
El paro agropecuario desnudó que las retenciones no son un mecanismo inocuo de recaudación, sino que, al capturar recursos no coparticipables, extreman el centralismo fiscal y se convierten para los Kirchner en un dispositivo de dominación política.
Pero éste no fue el único efecto de ese conflicto sobre la escena federal. A medida que se prolongaba, la caída de la actividad comenzó a afectar la recaudación local en los distritos agropecuarios. Además, como la base imponible sobre la que el Gobierno viene aplicando, desde su victoria de octubre pasado, un monumental impuestazo es la misma para la Nación y para las provincias, la recaudación de los impuestos inmobiliario, de patentes y otros tributos de distrito se retrae frente a la voracidad del poder central. Hay tributaristas que especulan con que el mismo fenómeno podría verificarse en impuestos federales como el IVA y Ganancias, empeorando las cuentas del interior por la caída de la coparticipación. Todo en un contexto de mayor presión tributaria: mientras ésta fue, entre 1993 y 2001, de 17% del PBI, en la actualidad alcanza el 28 por ciento.
El malestar de los jefes provinciales no es un avatar entre otros para el actual esquema de poder. Los comicios de octubre convirtieron al PJ y sus caudillos en la viga maestra del Gobierno. Cualquier crujido en esa estructura es un inconveniente estratégico. Más claro: la liga federal de caudillos peronistas es el único sujeto que, frente a un conflicto de intereses con la Casa Rosada, podría ponerle el cascabel a Kirchner.
Las finanzas provinciales ya venían siendo afectadas por los aumentos salariales, cada vez más abultados y frecuentes por culpa de la aceleración inflacionaria. En las provincias, la plantilla salarial promedia el 50% del presupuesto. Si se incluyen los organismos descentralizados, llega al 70%. En cambio, la administración central destina 10% de sus ingresos al pago de haberes.
Esta fatiga está detrás de varias decisiones. Cada vez son más las provincias que abrevan en el Tesoro nacional a través de los Programas de Financiamiento Ordenado. Por lo tanto, disminuye el dinero disponible para cada jurisdicción inscripta en este sistema de ayuda fiscal. Por ahora, la Nación tiene recursos para socorrerlas, pero hay mandatarios de provincia inquietos por si el año que viene la señora de Kirchner debe optar entre asistir a sus haciendas locales, cumplir con los abultados subsidios sectoriales u honrar los vencimientos de la deuda nacional.
La relación del Gobierno con el sistema financiero internacional no mejora. A la deuda con los holdouts se suma el minidefault mensual, derivado de la manipulación estadística, sobre los bonos atados a la inflación. Si la negociación con el Club de París señalara una distensión en este entredicho, la semana pasada hubo una noticia desalentadora: Dominique Strauss-Kahn, que había llamado desde Marruecos para pedir a la Presidenta el voto argentino a favor de la reforma que él impulsa en el FMI, no fue siquiera atendido.
La Argentina se opuso a la modificación, con argumentos técnicos atendibles, junto a las islas Palau y Angola. La opinión de Strauss-Kahn es crucial en un acuerdo con el Club, sobre todo si se pretende su exclusión de la transacción.
Ante la estrechez fiscal, las provincias comenzaron a reponer impuestos locales, como Ingresos Brutos o Sellos. En la de Buenos Aires, Daniel Scioli realizó varias consultas para enviar a la Legislatura una ley que extienda Ingresos Brutos a todas las actividades. De ese modo, Rentas recaudaría 3 por ciento de lo que factura la industria y conseguiría los 3000 millones de pesos necesarios para saldar el déficit. Scioli se emanciparía del más pesado yugo con que los Kirchner lo mortifican, para dormir, de una buena vez, tranquilo.
Revuelta industrial
Tal vez el gobernador y su contador y ministro, Rafael Perelmiter, no hayan ponderado el impacto de la medida en el entramado productivo bonaerense. Según algunos entendidos, esa imposición podría desatar en la industria una revuelta similar a la que desencadenaron las retenciones en el campo.
En rigor, las empresas industriales, sobre todo las pymes, ya están al borde de la convulsión, con independencia de lo que haga Scioli. Lo saben los dirigentes de la UIA, que miran con estupor cómo crece el mal humor en las asambleas seccionales, donde la concurrencia ya es tan numerosa como en lo peor de la crisis.
El estallido ahí depende de cómo se despeje la incógnita energética, el otro gran desafío que enfrenta Cristina Kirchner. No tanto por la actual escasez de nafta, originada más en razones logísticas que productivas (el consumo crece año tras año 20 por ciento, las estaciones de servicio son menos y los camiones cisterna, los mismos). El verdadero problema es la falta de gas, y al Gobierno se le hace cada vez más difícil conseguir los 3000 millones de dólares que se necesitan para importar combustibles sustitutivos y evitar un colapso en la generación eléctrica.
Las empresas privadas se esfuerzan por vender gasoil o fueloil a pérdida. El presidente de Repsol, Antoni Brufau, reconoció en la última asamblea de accionistas de YPF que entrega a US$ 36 lo que produce a US$ 38. Cabe esperar, entonces, que los costos del régimen de energía barata los terminen pagando, de nuevo, los productores industriales. Por el aumento de precio o por el racionamiento de sus insumos.
En cualquier caso, el despido de personal y el consiguiente cacerolazo parecen casi un objetivo. .