A caso a falta de una oposición política identificable, la presidenta Cristina Kirchner opta, como su marido, por atacar a los medios de comunicación que no reflejan la realidad tal como ella la concibe, transformándolos en aquello para lo cual no están preparados ni dispuestos. El riesgo que entraña una obsesión de ese tipo, siempre precedida del latiguillo "he leído en letras de molde", es fomentar la autocensura y, de ese modo, debilitar la democracia.
En general, todos los mandatarios del mundo pretenden controlar la agenda de los medios. Por fortuna, nunca lo han conseguido. Ni siquiera los dictadores más rancios de la historia. Donde haya una mente libre siempre habrá una opinión independiente, más allá de la gracia que cause al gobierno de turno.
No es una buena señal para el gobierno argentino que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pida que baje el tono de la confrontación que mantiene con algunos medios de comunicación y periodistas para evitar una escalada de la violencia "que a estas alturas ya está afectando profundamente la libertad de prensa en el país".
El comunicado de la SIP, firmado por su presidente, Earl Maucker, hizo referencia a la campaña de afiches pegados en Buenos Aires con las leyendas "Todo Negativo. Todo Negocio", que utiliza las siglas del canal TN, del Grupo Clarín, y otras como "Clarín miente, Clarín aprieta". También menciona los actos de vandalismo en un stand de la Feria del Libro; la intromisión en correos electrónicos de la directora del grupo aludido, Ernestina Herrera de Noble, y de su jefe ejecutivo, Héctor Horacio Magnetto, e insultos contra periodistas.
A juzgar por renovadas críticas contra los medios, la Presidenta desoyó ese pedido y otros. Es frustrante comprobar que la libertad de prensa, pilar del sistema republicano, haya experimentado en 2007 un retroceso en todo el mundo y que la Argentina haya profundizado su declive en este aspecto, según el informe anual de la organización Freedom House.
La transición entre el matrimonio Kirchner deparaba alguna esperanza de mejora en la relación entre el Gobierno, los medios y los periodistas. Pero, según el informe, el llamado estilo K y la estrategia de la presión por medio de la distribución de la publicidad oficial han sido iguales. La situación ha empeorado, en realidad, si se piensa en la promesa del cambio que, no sólo en la relación con los medios y la prensa, iba a instrumentar la Presidenta. En casi seis meses de gestión, la mención casi permanente de aquello que publican los medios impresos con la aparente intención de perjudicarla no fueron las mejores muestras de que algo pueda ser diferente.
El Estudio global de Freedom House sobre la independencia de los medios informativos concluye que, en todo el planeta, se han notado más retrocesos que avances. De los 195 países y territorios evaluados, 72 (el 37 por ciento) fueron considerados libres; 59 (el 30 por ciento), entre los cuales está la Argentina, parcialmente libres, y 64 países (el 33 por ciento), no libres.
Es evidente, y lamentable, que estos aplazos del país en las mediciones sobre libertad de expresión y de prensa, así como las reacciones de organizaciones independientes como la SIP, no parecen inquietar a las autoridades argentinas. Desde hace varios años, la mayoría de ellas ha observado un grave deterioro en la relación entre el Gobierno y la prensa. Punto culminante de esta puja no guiada por el interés común, sino por intereses particulares, ha sido la insistencia oficial en relanzar el Observatorio de Discriminación en los Medios, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Sobre ese organismo, más allá de varios pronunciamientos encontrados, académicos y profesionales reunidos en unas jornadas organizadas por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Belgrano concluyeron que podría cumplir una función interesante mientras no sea controlado por el Gobierno, como aquí se pretende.
En ocasiones, la Argentina parece estar fuera del mundo. En 2007, 93 periodistas perdieron la vida en el ejercicio de su labor, según el Instituto Internacional de la Prensa, lo cual demuestra que el periodismo no ha dejado de ser un oficio peligroso. Frente a ello, las autoridades nacionales no deberían ser tan irresponsables al alentar, con discursos que revelan enconos personales y sectoriales, cualquier tipo de agresión contra los medios y los periodistas. De la Presidenta se esperan mesura, conciliación y sabiduría, no reacciones más propias de una barricada que del atril desde el cual su marido declaró el acta de defunción de las conferencias de prensa en la Casa Rosada.
En lugar de responder supuestos ataques, sería mucho más prudente que la Presidenta se preguntara por qué la prensa, de la cual se siente víctima, no ve la realidad tal como ella la concibe. En estas condiciones, sin preguntas y respuestas como ocurre en la mayoría de los países civilizados, es mucho más difícil aún conocer, y reflejar, sus opiniones. La prensa no tiene sólo el derecho de informar y opinar; tiene el deber de hacerlo, más allá de las amonestaciones del poder de turno.
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