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Un eje de la agenda de Macri y Scioli

Domingo 29 de junio de 2008
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LA NACION
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El destino de las 12.000 toneladas de basura diaria que genera el área metropolitana de Buenos Aires fue el primer tema que enfrentó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Incluso antes de asumir en sus cargos, en diciembre, se tiraron con munición gruesa: "No seremos el basural de la Capital", dijo Alberto Pérez, jefe de gabinete de ministros bonaerense. La respuesta llegó rápidamente: "En los hospitales de la ciudad tendrán prioridad los porteños", subió la apuesta, su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Poco más de seis meses después de haber asumido las nuevas administraciones, es el único punto en el que se ha avanzado: estiman que en diez días harán el anuncio conjunto de que la ciudad de Buenos Aires financiará dos nuevos rellenos sanitarios y dos nuevas plantas de transferencia, que estarán emplazadas en la provincia. Eso sí, los lugares son casi un secreto de Estado, ya que comunicarlo a la comunidad y trabajar para su aceptación será la tarea más difícil. Cabe recordar que, en los últimos cinco años, más de una docena de municipios los rechazaron.

Según los cálculos oficiales, los nuevos rellenos podrían dar un respiro por 20 años al colapsado sistema que maneja la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que hoy cuenta con tres vertederos de basura, dos de ellos, a punto de ser cerrados.

El acuerdo también intenta dar sustentabilidad económica a la Ceamse, empresa de la Capital y de la Provincia creada en la década del 70 que es deficitaria: por año da una pérdida de unos 40 millones de pesos que deben afrontar entre ambas jurisdicciones.

Mientras se define esta política conjunta, ambas jurisdicciones tienen además otros temas en agenda: la provincia de Buenos Aires ha focalizado sus esfuerzos en clausurar los cientos de basurales clandestinos que minan el ambiente. En tanto, el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) trabaja con los muncipios en una política que busca debatir el tema por regiones, reuniendo a los intendentes.

En la Capital el tema de los residuos también está en el candelero: es inminente el debate por el nuevo contrato de recolección de residuos, que reportará unos 700 millones de pesos anuales a las concesionarias por un período de 10 años. Aunque el pliego todavía no se discute en la Legislatura, las voces en contra ya se hacen oír, especialmente desde la sociedad civil.

El nuevo contrato no incluye a los cartoneros ni la reducción de residuos, como lo establece la ley de basura cero, vigente en la Capital, que obliga a reducir en un 30% el volumen de residuos que se entierra, lo que equivale a unas 1500 toneladas de basura por día -aproximadamente un centenar de camiones de recolección-, dos temas centrales a la hora de mejorar la higiene en las calles.

Las ONG ambientalistas reclaman participación en un proceso en el que quedaron afuera. En el gobierno sostienen que cumplirán con la ley de minimización de residuos y que la Ciudad estará más limpia. Sin embargo, se trata de un proceso complejo, con muchos actores que deberían estar incluidos en la discusión.

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