Avanza el Gobierno en un plan para estatizar Aerolíneas

Lo que hasta ahora era una presunción comenzó a transformarse en certeza: el Gobierno tiene la intención política de que el proceso de intervención judicial iniciado ayer en Aerolíneas Argentinas termine en una nacionalización. La concreción de este viejo anhelo gubernamental se plasmaría en un proyecto de ley que sería enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en los próximos días.

El escenario ha cambiado abruptamente. La Casa Rosada parece haber abandonado la posibilidad de que, pasado el vendaval, el grupo que encabeza el empresario Juan Carlos López Mena ingrese como accionista en la compañía, tal como estaba previsto inicialmente. La decisión, madurada en las más altas esferas del poder, fue anticipada ayer a LA NACION por fuentes de la administración de Cristina Kirchner que conocen muy bien la relación bilateral con España.

"Esto termina en la estatización. No hay nadie que quiera tomar en sus manos un proyecto por el cual, sólo para empezar a hablar, haya que desembolsar 400 millones de dólares para garantizar las operaciones básicas", aseveró un funcionario de primer nivel que conoce como pocos el estado de la compañía y el pensamiento de los españoles. Aquella cifra es la deuda posterior al concurso de acreedores que reconoce el grupo Marsans, dueño de la empresa.

Ayer, algunos ya decían en voz alta lo que se trabaja entre murmullos en despachos oficiales. Por ejemplo, el diputado socialista Ariel Basteiro, aliado del kirchnerismo, que contó que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, está abocado al proyecto oficial. "Yo sólo colaboro", dijo Basteiro, que agregó que el texto sería enviado "antes de fin de mes".

Otros sindicalistas que están en contacto diario con Jaime decían ayer lo mismo. ¿Es cierto que enviarán un proyecto de nacionalización?, preguntó LA NACION en la Secretaría de Transporte, donde contestaron no tener información al respecto.

El sobrevuelo de esta iniciativa es lo que desencadenó en la últimas horas críticas de empresarios españoles y de la oposición política argentina (ver página 2). En rigor, el gobierno puja desde hace tiempo por un cambio en la posición accionaria de Aerolíneas. Hace dos meses, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, les encargó personalmente a empresarios españoles que frecuenta una misión singular: que convencieran a los españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, accionistas de Marsans, de que vendieran parte del paquete.

Pero el proyecto de argentinización, como lo llama el Gobierno, bambolea ahora al ritmo de los acontecimientos y el posible ingreso de un socio nacional parece más bien postergado.

La salteña Alba Thomas Hatti, asesora de Jaime y ex subsecretaria de Transporte Aerocomercial durante la gestión de Eduardo Duhalde, es otra de las encargadas de confeccionar el borrador, que consigna una nacionalización temporaria del 100% de las acciones de Aerolíneas Argentinas por incumplimiento del servicio, entre otras razones. La idea oficial contempla la posibilidad de volver a privatizar más adelante la aerolínea. Con ironía, un sindicalista le sacó ayer al asunto parte del velo: "Mire, la nacionalización del Correo también era por 90 días. Si el Estado cumple, no hay por qué volver a venderla", dijo.

Un viejo pago incumplido

Como la situación es caótica e incierta, algunos dejan volar la imaginación y recuerdan que queda pendiente un pago de más de 200 millones de dólares que el gobierno español le debe a Aerolíneas como parte de la operación de la venta al grupo Marsans, en 2001. Ese monto, se entusiasman, podría alentar las operaciones.

Los empresarios españoles dicen que la compañía debe 400 millones de dólares. Los gremios duplican esta cifra. La compañía perdió además, desde enero hasta hoy, unos 100 millones de dólares, y se encontrará hoy con otro disgusto: por lo menos ocho aviones quedarán inmovilizados porque venció el plazo de pago del contrato de leasing. En realidad, la mitad de las aeronaves quedó ya en tierra. Y los últimos salarios fueron abonados mediante créditos bancarios.

El Gobierno ha evaluado todos estos factores para decidir sobre la empresa. Y justifica que empezó a actuar de manera directa porque quiere para Aerolíneas "la salida menos traumática". Por lo menos eso es lo que argumentó ante LA NACION un ministro del gabinete, que explicó que la intervención judicial pedida era la medida más "amigable" ante una "gravísima" situación. "Marsans dejó a la compañía en situación de abandono. La instancia judicial que pedimos es la menos costosa y es un gesto de generosidad", explicó el funcionario.

Para el Gobierno, la otra opción, además de la intervención, podría ser que la Justicia determinara la quiebra de la empresa, una situación que consideran como "un peor escenario".

¿Cómo sería en detalle el eventual proceso de estatización que se pretende? Es todavía un misterio insondable. "Hay que tener paciencia", fue la respuesta que obtuvo LA NACION.

Aunque el magistrado del juzgado a cargo del concurso preventivo de la aerolínea, Jorge Sicoli, pidió 48 horas para expedirse, en algunos reductos cercanos al poder adelantaban ayer ya el nombre del interventor designado en la compañía: el juez Javier Fernández Moores.

Es probable que tanto revuelo se intensifique hoy. La decisión de avanzar sobre Aerolíneas Argentinas supone además un fuerte cimbronazo en la relación política bilateral con España, cuyas consecuencias aún no han sido dimensionadas.

A pesar de los trascendidos, la presidenta Cristina Kirchner y su par español, José Luis Rodríguez Zapatero, aún no mantuvieron ningún contacto, ni formal ni informal, luego de la decisión de la jefa del Estado de suspender su visita a Madrid. "No hablaron ni está previsto que lo hagan, por lo menos hasta que el panorama aclare", dijo un alto funcionario argentino. "No hubo contacto alguno entre los dos presidentes", dijeron fuentes diplomáticas españolas.

El modelo que se podría instrumentar en Aerolíneas se aplicó ya en otras compañías absorbidas por el Estado desde la llegada de Néstor Kirchner al poder. No sólo en los sindicatos, sino también en algunos despachos oficiales, se oyó ayer la comparación con lo que vivió el Correo Argentino. La empresa fue intervenida inicialmente por incumplimientos en el contrato y deudas impagas de los cánones por parte del empresario Franco Macri. La posibilidad de una "reprivatización", contemplada inicialmente, nunca se concretó. .