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El Comfer, contra la libre expresión

Martes 26 de agosto de 2008
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Mediante una decisión sin precedente, el Comfer ha ordenado que cese la emisión de la programación de AM de Radio Continental en una emisora de frecuencia modulada. La medida, que constituye otro claro ejemplo de cómo las sanciones del Comfer obedecen a manejos políticos, ha sido recibida con estupor e incredulidad por la audiencia de la emisora, a la cual el Comfer pretende privar del medio de comunicación libremente elegido.

La restricción impuesta no sólo no tiene sustento normativo, sino que, lo que es peor, aparece fundada en disposiciones legales y reglamentarias aprobadas durante el último régimen militar y derogadas al restaurarse la democracia.

No es posible dejar de mencionar el fundado estado de sospecha que cae sobre este accionar del habitualmente moroso Comfer, al advertir que varios de los periodistas de Radio Continental tuvieron recientemente una posición crítica respecto de figuras del Gobierno durante la crisis del campo. Las expresiones vertidas en LA NACION por el interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto, tratando de justificar su decisión son demostrativas de una preocupante pérdida del equilibrio y la mesura que el cargo requiere, llegando incluso a amenazar con aplicar medidas similares a otros medios de comunicación.

Es obvio que cuanto más extensas sean las redes de emisoras de todo tipo mejor contribuirán a la unión de los habitantes en un territorio tan extenso como el de nuestro país y, dentro de una misma localidad, optimizan la calidad de la recepción, lamentablemente interferida por el irrestricto uso del espectro radioeléctrico por operadores sin licencia, frente a la inacción de los organismos de control. Del propio interventor en el Comfer, o de sus superiores -si ellos lo instruyeron para adoptar tan condenable medida-, la sociedad espera que, con la urgencia del caso, revea el escabroso camino iniciado.

A esto se suma la reciente resolución del Comfer que obliga a las empresas de televisión pagas de todo el país a incluir en los primeros 15 lugares de la grilla a los canales abiertos y señales de noticias, creando una categoría de canales y señales nacionales, hasta ahora inexistentes, en lo que se consideró una grave pretensión de imponer, desde el Estado, restricciones y condiciones a los contenidos emitidos por un medio privado de comunicación. Así lo sostuvo la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), con la adhesión unánime de todas las Cámaras que la integran.

Ambas decisiones no anuncian tiempos de libertad para los medios de expresión, sino que son claras señales de violación de la libertad de prensa, sin perjuicio del avasallamiento de los medios locales que desde el interior del país verán sus programaciones postergadas por la reserva de los primeros lugares a las emisoras porteñas de preferencia del Gobierno. El Congreso debería haber dicho algo sobre este particular, como lo denunció la presidenta de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, Silvana Giudici (UCR).

Se trata de otro auténtico avasallamiento del federalismo y de falta de respeto a las identidades locales, y se advierte un nulo respeto por la libertad de empresa y por la libertad de prensa. Lamentablemente, el pensamiento que anima estas resoluciones es propio de una mentalidad fascistoide que pretende que el Gobierno es el único intérprete del ser argentino y puede adueñarse de una comunidad informativa que, es obvio, de ningún modo le pertenece.

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