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Editorial I

El dinero negro de la campaña

Opinión

Día tras día, las noticias arrojan nuevas y más graves sospechas sobre el origen y la verdadera naturaleza de algunos fondos que financiaron la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Por su gravedad y porque esas informaciones vinculan algunos posibles aportes con dos de los hechos delictivos más resonantes de la actualidad, el tema requiere de inmediato una seria y exhaustiva investigación judicial y, también, si no fuera pedir algo imposible, una explicación fundada por parte del Gobierno.

Los hechos delictivos que se vinculan con el dinero de la campaña son, por un lado, el sonado "valijagate", o secuestro de casi 800.000 dólares que el ciudadano venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson quiso ingresar ilegalmente en el país en agosto del año pasado. Y, por el otro, la existencia de droguerías quebradas o insolventes que pertenecían a uno de los tres jóvenes empresarios asesinados en General Rodríguez, y a otro que se suicidó poco después. Estas muertes fueron relacionadas con carteles de narcotraficantes mexicanos y con el comercio de medicamentos adulterados.

En lo que respecta al "valijagate", el juicio oral que lleva adelante la justicia norteamericana a raíz de las presiones que habría ejercido un grupo de venezolanos sobre Antonini Wilson en Miami para que asumiera como suyos los 800.000 dólares de origen desconocido, ha arrojado días atrás revelaciones muy importantes que han asestado un nuevo y duro golpe al Gobierno. El fiscal federal Thomas Mulvihill, de Miami, confirmó que, según manifestó uno de los venezolanos acusados, "el dinero iba para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner" y, agregó Mulvihill, "de hecho, ella ganó la elección y eso explica por qué este problema era tan significativo".

Mulvihill tiene razón: el problema es significativo y no sólo deja muy mal parado al Gobierno, sino también a la justicia argentina, que no avanzó sobre el origen y destino final de los 800.000 dólares y que, al cambiar el juez en lo penal económico Daniel Petrone la carátula de contrabando por la de lavado de dinero, benefició al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, quien compartió con Antonini Wilson el vuelo desde Caracas a bordo de un avión alquilado por la empresa estatal argentina Enarsa.

Pero en el juicio de Miami también ha surgido que, según las grabaciones de las conversaciones ordenadas por la justicia norteamericana, la valija con los dólares habría pertenecido a Uberti y éste le habría pedido a Antonini Wilson que la cargara al descender en el Aeroparque, y lo dejó librado a su suerte cuando el personal de la Aduana halló el dinero en su interior. El mismo día del secuestro, Uberti se comunicó varias veces con la quinta de Olivos. En el proceso norteamericano también se supo que hubo gestiones de los gobiernos argentino y venezolano tendientes a lograr salidas judiciales favorables para los involucrados.

Este último dato y los anteriores deben urgir al juez Petrone a no distraerse más y a empezar a investigar el caso con seriedad .

Entretanto, el Gobierno debería abstenerse de tejer hipótesis absolutamente increíbles o de responsabilizar a los Estados Unidos por un episodio que involucra a funcionarios y allegados a las administraciones kirchnerista y chavista.

En cuanto a las droguerías, llama poderosamente la atención el hecho de que este tipo de empresas que intermedian entre los laboratorios farmacéuticos y las farmacias hayan aportado nada menos que el 34 por ciento de los fondos de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Y en ese contexto, sorprende aún más que Seacamp SA, droguería de Sebastián Forza, uno de los empresarios asesinados, aportara 200.000 pesos a la campaña pese a que libraba cheques sin fondos y era investigada por presunto robo y adulteración de documentos.

Sin embargo, Forza le dijo a un periodista que, a pesar de que su droguería figuraba como aportante, no había realizado tal contribución económica y que le habían pedido que facilitara la empresa como pantalla para disfrazar el origen del dinero. A cambio de ese favor, desde el Gobierno le habrían prometido pagarle una deuda millonaria que el Hospital Francés, intervenido durante la gestión de Néstor Kirchner, mantenía con su droguería. Hay quienes suponen que los 200.000 pesos que figuran como aportados por Seacamp provendrían de alguna obra social vinculada con los sindicatos, pese a que las obras sociales tienen prohibido efectuar ese tipo de aportes.

Es preciso recordar que uno de los recaudadores de la campaña era Héctor Capaccioli, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, quien tenía facultades para devolver los presuntos favores pedidos a Forza, y quien no debería durar un minuto más en el Gobierno. Otras dos droguerías que también contribuyeron económicamente a la campaña de Cristina Kirchner mostraban altos niveles de insolvencia financiera: Unifarma, de Ariel Villán, el empresario que se suicidó poco después de hallarse los cuerpos de Forza y los otros dos empresarios, y San Javier.

Como puede advertirse, estos hechos son lo suficientemente graves como para requerir un rápido esclarecimiento judicial en las respectivas causas, aunque el año de existencia del sumario del Valijagate sin avances a la vista da pie a un fundado escepticismo.

La vinculación de estos hechos con el financiamiento de la campaña de la Presidenta obliga a una profunda investigación judicial centrada en los fondos que ayudaron al triunfo electoral de la señora de Kirchner. Y una de las primeras incógnitas que debería despejar es qué droguerías aportaron dinero, y cuáles sólo prestaron sus nombres, y a cambio de qué lo hicieron. También debería determinar cómo es posible que una firma quebrada y con centenares de cheques rechazados haya podido figurar como aportante. No hay que olvidar que el asesinato del empresario pesquero Raúl Espinosa, ocurrido en Puerto Madryn en enero de 2003, se relacionó en su momento con los datos que iba a proporcionarle a Elisa Carrió sobre el financiamiento de la campaña de Néstor Kirchner.

Ahora, partidos de la oposición han propuesto la conformación de una comisión parlamentaria que investigue los aportes de la última campaña. La sucesión de escándalos que cada vez con mayor frecuencia sacude a la actual gestión también requiere la acción de un Poder Judicial independiente. La sociedad necesita explicaciones que no obtendrá de un Gobierno que primero calla ante hechos tan graves y luego esgrime argumentos infantiles como una inexistente campaña antiargentina orquestada por Washington con connotaciones propias de una película de espionaje. .

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