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Rechazan el pedido de aborto a una menor que fue violada

La justicia mendocina entendió que su situación no está amparada por la ley

Miércoles 17 de septiembre de 2008
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MENDOZA.- El juez de familia Germán Ferrer desestimó ayer el pedido para practicarle un aborto a una niña de 12 años, que quedó embarazada luego de haber sido violada por su padrastro, e intimó al gobierno provincial a que garantice a la paciente y al bebe una eficaz asistencia sanitaria, psicológica y social.

En agosto de 2006, el mismo magistrado había autorizado esa práctica a una joven con discapacidad mental que había quedado embarazada tras ser violada por su cuñado. La diferencia es que, a criterio de Ferrer, el caso de la niña no se encuadra en el artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal, que prevé la excepción del aborto terapéutico sólo para mujeres con discapacidad mental o en caso de que, por el mismo estado de gravidez, esté en peligro la vida de la madre.

Pero también influyó en la decisión judicial "el deseo sostenido de la menor de no dañar al feto y asumir, en la medida de lo posible, el desafío de ser madre". El magistrado dijo no tener dudas de que, si hacía lugar a la interrupción del embarazo, la chica "podía haber sufrido un trastorno psiquiátrico irreversible".

Desde que la defensora oficial pidió la interrupción del embarazo, a fines de agosto último y a instancias de la madre, la menor permanece internada en el hospital pediátrico Humberto Notti. Ayer, el magistrado ordenó que sea dada de alta y dispuso que la tutoría quede a cargo de la abuela en lugar de la madre.

También comunicará al gobierno provincial una serie de medidas para "garantizar los derechos de la madre y del niño". Entre otras cosas, lo apremió para que en un plazo de 60 días les aseguren a la niña y a su familia una vivienda digna, "ya que viven en condiciones paupérrimas", dijo el juez.

Otro requisito que debe cumplir el Poder Ejecutivo es pagar un subsidio a la familia de la chica para que cuente con la cobertura alimentaria básica para el bebe y su madre. También dispuso que se tomen medidas para asegurar sus estudios por medio de una maestra a domicilio en caso de ser necesario.

Presión de una ONG

Durante la tramitación de la causa, miembros de la ONG Vida Más Humana lograron ingresar en la habitación donde estaba internada la niña y le mostraron folletos sobre las consecuencias del aborto.

Se cree que esa situación contribuyó para que la chica decidiera tener el bebe, una postura que fue ratificada en peritajes y consultas con médicos y psicólogos.

Por otra parte, el magistrado hizo un llamado de alerta a las autoridades por el incremento de la violencia familiar y los casos de abuso en Mendoza, y también pidió "un debate serio sobre los abortos clandestinos y la educación sexual".

Como en el caso anterior de la discapacitada embarazada que abortó, la instrucción judicial se desarrolló en un clima de confrontación ideológica entre grupos pro y antiabortistas.

Ferrer advirtió: "No hay que caer en la trampa de hacer una discusión ideológica y conceptual propia de grupos fanatizados, sino que hay que preservar la vida de la paciente".

En ese orden, reveló que fue objeto de presiones y llegó a recibir más de 300 mensajes de textos con advertencias por la interrupción del embarazo y atribuyó a grupos que están de un lado y otro de la discusión "actuar de forma tan irracional que han violado el derecho a la intimidad, a la privacidad, el derecho a la familia".

La chica fue víctima de violación en agosto último y, producto del miedo, no reveló la identidad del abusador, sino que dio la versión de que un extraño encapuchado la forzó a ir a un descampado cuando salía de la escuela, en el departamento de Maipú. El juez consideró la versión "inverosímil" y comenzó a centrar la sospecha en el padrastro porque la niña "ya había sido judicializada por violencia familiar". En cuanto Ferrer ordenó una extracción de sangre para ser sometido a un estudio de ADN, el sospechoso se quebró y confesó su autoría.

Qué dice la ley

El artículo 86 del Código Penal argentino establece textualmente: "El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".

Casos polémicos

Mendoza: en agosto de 2006, la Suprema Corte provincial autorizó a abortar a una chica oligofrénica y epiléptica de 25 años. A pesar de que los médicos del hospital Luis Lagomaggiore denunciaron que habían recibido amenazas, le realizaron la intervención.

Guernica: en julio de 2006, la Suprema Corte bonaerense autorizó la interrupción del embarazo de una chica discapacitada violada por su tío. Pero, dado lo avanzado del embarazo (la joven cursaba el 5° mes de gestación), los médicos del Hospital San Martín de La Plata se negaron a practicarle el aborto, ya que entendieron que la vida de la mujer corría peligro. Asistida por una ONG que proclama la defensa de los derechos de la mujer, la familia concurrió a una clínica privada de La Plata, donde se le practicó el aborto.

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