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Un cambio que puede disparar miles de juicios contra el Estado

Política

La eventual decisión del Estado de traspasar los afiliados del régimen de capitalización (AFJP) al régimen de reparto (Anses) puede disparar muchos juicios por parte de los propios afiliados y, también, de las administradoras. Pero, en todos los casos, el horizonte judicial será incierto.

El problema tiene una dimensión económica y otra legal.

La económica: el Estado puede decir que las AFJP invirtieron mal el dinero de sus afiliados; las AFJP pueden responder, en cambio, que el Estado sobrerreguló la paleta de las inversiones que ellas podían realizar y las obligó a comprar bonos públicos, una inversión ruinosa como pocas, aun antes de la crisis financiera internacional.

El legal: el debate pasará por el reclamo de indemnizaciones.

Por lo pronto, cada afiliado que aporta a las AFJP paga un aporte del cual la administradora detraía un porcentaje para cobrar la comisión por la administración del dinero. Es decir, parte de su aporte va a su cuenta y el porcentaje restante de su aporte sirve para pagar una comisión a la administradora privada, por la gestión de esa cuenta.

Ahora, el pago de esa comisión perdió sentido, pues la AFJP ya no administrará su aporte y la gestión que hizo hasta este momento quedó sin horizonte.

Entonces, es posible que muchos afiliados consideren que alguien ?Estado o administradoras? tiene que hacerse cargo de devolverles lo que, durante tantos años, cedieron de su aporte a las AFJP.

Como las administradoras no son responsables de la decisión política de cambiar el régimen previsional, es posible que los afiliados reclamen al Estado que se haga cargo de acreditarle en la cuenta de reparto la misma cantidad de dinero que ellos pagaron a las AFJP como comisión, para que se sume a su aporte previsional.

El afiliado también podría reclamar que el traspaso le produce, a futuro, un daño mayor en cuanto a sus expectativas de ingresos futuros. Pero este segundo reclamo será muy difícil de llevar a buen puerto, pues el afiliado tendría dificultades para probar cuáles serían, en el futuro, sus haberes previsionales en uno y otro régimen.

Otra fuente de reclamos pueden provenir de las propias AFJP.

En efecto, si el Gobierno, sea a través de una ley del Congreso o de un decreto del Poder Ejecutivo, altera el régimen de capitalización, esta alteración será tan sustancial que, prácticamente, vendrá a vaciar de contenido el negocio mismo que desarrollan las AFJP.

El control de la caja

El Gobierno, a través de los órganos estatales, tiene la atribución de cambiar el régimen que fue creado hace trece años. Esto es indudable, aun cuando el argumento de proveer mejor al interés general y al bienestar económico de los futuros jubilados, el Gobierno también se está haciendo, ahora, de cuantiosos fondos previsionales.

Pero, aun cuando el Gobierno tiene derecho a cambiar el régimen, es indudable que la actividad lícita del Estado puede generar daños, que son indemnizables.

Aunque las AFJP todavía no mostraron cuál será su estrategia, es posible que reclamen al Estado una indemnización por la decisión estatal, que vendrá a desarticular la ecuación económico-financiera de las empresas y, a la larga, a vaciarles la actividad que desarrollan.

Y, si se mira la actividad en perspectiva histórica, las AFJP podrían decir que fueron precisamente dos decisiones políticas ?la obligación que pesaba sobre ellas de comprar bonos y la reducción de aportes previsionales? las que desfinanciaron e hicieron inviable el sistema. .

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