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LA NACION
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Joaquín Morales Solá
Martes 21 de octubre de 2008

Un Dios bueno proveyó al Gobierno de una crisis financiera internacional. En nombre de ella encontró margen para estatizar algunas empresas de servicios públicos y, ahora, para estatizar el sistema de jubilaciones.

Entre encoger el enorme gasto público promovido por el kirchnerismo o echar mano de los fondos de jubilaciones y pensiones, el Gobierno se quedó con esta última opción. Los futuros jubilados no estaban muy seguros con el vendaval financiero que azota al mundo. Ahora lo estarán menos.

Los fondos privados de pensión motivaron en los últimos tiempos un intenso debate en el mundo. Los países desarrollados coincidieron en que era necesaria, después del actual huracán, una mayor regulación de esos fondos que los trabajadores acumulan para vivir una vejez sin sobresaltos. Pero la Argentina no es Alemania. Desde que el primer Perón usó los fondos de las jubilaciones, por entonces puramente estatales, ningún otro gobierno argentino pudo evitar la seducción de hurgar en el dinero de los futuros viejos.

Aun en manos de fondos privados de pensión, desde la década del 90, tampoco los gobiernos dejaron de extraer recursos de las jubilaciones. ¿Por qué los famosos préstamos garantizados del último Cavallo, que sirvieron para financiar el déficit y la deuda del Estado, están mayormente en fondos de pensión y en bancos argentinos? Porque una resolución del entonces gobierno de Fernando de la Rúa los obligó a aceptar esa "propuesta" del Gobierno.

Esos préstamos garantizados son ahora motivo de una refinanciación anunciada en la semana última; es decir, el Estado incumplirá con su inicial promesa de pagar los préstamos en una fecha determinada. Son los jubilados por venir los que recibirán bonos a plazos más amplios que aquellos vencimientos predeterminados.

El discurso del Gobierno puede encajar oportunamente en una circunstancia especial del mundo. Pero es el Estado argentino el que carece de precedentes como para demostrar que en su poder los recursos de las jubilaciones estarán mejor cuidados. Por el contrario, y después de los históricos defaults y de las constantes refinanciaciones, lo más seguro es que los jubilados del futuro quedarán a la intemperie por acudir ahora a arropar las necesidades financieras del Gobierno.

En el fondo, subyacen las carencias del kirchnerismo. Los gobernantes fueron muy claros en los últimos días ante interlocutores que les reclamaban una drástica reducción del gasto público para suplir la caída de ingresos por la devaluación de las materias primas en los mercados internacionales. "El próximo año será electoral y no se podrán reducir los gastos", dijeron desde Néstor Kirchner hasta los ministros más desdibujados. Al mismo tiempo, ni Néstor ni Cristina Kirchner quieren ser los autores de otro default, justo cuando se avecinan años de fuertes vencimientos de la deuda pública.

Comenzaron por refinanciar los préstamos garantizados. Son unos 5000 millones de dólares de vencimientos en los próximos 18 meses. Siguieron con un parcial cierre del comercio exterior elevando los aranceles de productos de Brasil y China. El objetivo era y sigue siendo juntar más dólares de la balanza comercial.

La magnitud de la crisis internacional les dio argumentos como para explicarles a los brasileños y a los chinos esas decisiones. Pero las explicaciones tienen un límite: ¿aceptarán Brasil y China un virtual cierre de sus importaciones por mucho tiempo, cuando ellos mismos son importantes compradores de productos argentinos?

El mundo, le guste o no al kirchnerismo, se mueve a través de un permanente sistema de compensaciones.

Algunos economistas oficiales habían tranquilizado al matrimonio presidencial en meses recientes y en reuniones reservadas, recordándole que dentro del país existían muchos depósitos a los que se les podía pedir prestado el dinero que se necesitara para cumplir con la deuda pública.

Entre esos depósitos, mencionaron precisamente los fondos de pensión. Pero hablaban de pedir prestado, no de confiscarlos.

Los Kirchner no están acostumbrados a pedir favores. Decidieron, directamente, llevarse al Estado esos fondos, de los cuales ellos podrán disponer, gracias a los superpoderes del presupuesto, como si fueran propios.

El año próximo es, en efecto, un año electoral. Ese año sorprenderá a los Kirchner, encima, con dos novedades: ninguno de ellos marcha bien en las encuestas y, por primera vez desde 2003, tampoco los aguarda una elección con una economía en estado de bonanza.

La peor noticia que podría darse, además, sería que se le agregara una crisis en el poder de pago de la deuda pública.

Nunca han hecho campaña electoral sin prometer hasta lo que no podrán cumplir en materia de gasto público. No harán experimentos en 2009 ni éste será una excepción. Una derrota electoral los dejaría extremadamente débiles en los dos años de mandato que les quedará.

El "plan B", del que Cristina Kirchner se ufanó de carecer en Nueva York, consiste, en última instancia, en quedarse con las retenciones de las exportaciones de materias primas, aun cuando han cambiado las condiciones internacionales; en llevarse al Estado todos los recursos disponibles, incluidos los ahorros de los futuros jubilados, y en ir pateando hacia los próximos gobiernos los vencimientos de la deuda que le tocan a esta administración.

Se trata, con todo, de una mala resolución de una parte del problema. La otra parte del conflicto estará en la economía real, con signos preocupantes de desaceleración, y en la escasa confianza de la sociedad en sus liderazgos políticos y en el buen decurso de la economía.

El discurso estatista que ha vuelto al mundo se refiere a la construcción de un sistema más prolijo de regulaciones del universo de las finanzas. Aquí se lo ha entendido como el regreso triunfal del viejo y fallido Estado capitalista. Es otra cosa, ciertamente más antigua y más superficial.

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