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Un paso hacia la libertad sindical

Jueves 13 de noviembre de 2008
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En un fallo histórico que debería mover al Poder Legislativo argentino a adecuar nuestras leyes al principio de libertad sindical que reconoce la propia Constitución nacional, la Corte Suprema de Justicia señaló que no es necesario pertenecer a un sindicato con personería para ser delegado gremial.

Si bien la sentencia del máximo tribunal de la Nación se refiere exclusivamente a un caso entre dos gremios estatales, cobra especial importancia porque declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 23.551 de asociaciones sindicales según el cual se requiere estar afiliado al respectivo sindicato con personería gremial para ser delegado en representación de los trabajadores y ser elegido en comicios convocados por esa misma entidad.

La Constitución nacional consagra, en el artículo 14 bis, el principio de la libertad sindical, reafirmado en muchas oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nuestro país integra. Pese a eso, rige en la Argentina desde hace décadas un régimen de afiliación sindical coercitivo, monopólico y de raíz fascista en función del cual el Estado otorga la llamada personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad.

Si se siguiera fielmente el principio tomado por nuestra Ley Fundamental, cualquier trabajador en relación de dependencia podría asociarse como mejor le convenga para la representación de sus intereses específicos. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, recogidos por el texto constitucional, confieren a la libertad de asociación gremial un rango superior entre los derechos de la persona.

Insólitamente, ninguno de los gobiernos democráticamente elegidos desde 1983 hasta hoy ha bregado seriamente para terminar con este sistema de virtual monopolio sindical. Cabe recordar que en sus últimas asambleas la OIT exhortó a las autoridades nacionales a dar los pasos indispensables en materia legislativa para desmontar el actual sistema legal corporativo, que sólo reconoce a un sindicato por rama y a una única central obrera.

En tal sentido, debe tenerse presente que el gobierno kirchnerista ha perdido la oportunidad de demostrar su respeto por el pluralismo sindical, que algunas veces proclamó, al demorar inexplicablemente el reconocimiento de la personería gremial a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y convalidar el monopolio de la tradicional CGT, liderada por Hugo Moyano.

Por cierto, los nulos avances registrados en materia de libertad sindical no son responsabilidad exclusiva del actual gobierno. Si bien durante la gestión de Raúl Alfonsín se impulsó, sin suerte en el Congreso, un proyecto de ley para incluir a las minorías en la conducción de las entidades sindicales y para que hubiera más de un gremio por actividad, en 1988 ese mismo gobierno negoció con el sindicalismo peronista la ley de asociaciones sindicales que consolidó el monopolio gremial y que ahora ha sido objetada por el Poder Judicial.

La libertad sindical ha sido, durante todos estos años, la cenicienta de las libertades públicas en la Argentina, al convalidarse un régimen monopólico para la representación y defensa de los intereses laborales que ha terminado confundiendo al sindicato con un partido político y debilitando la democracia.

Es destacable que la Corte haya revalorizado un principio como el de la libertad sindical, por muchos años ignorado por sucesivos gobiernos, pese a demandas que hasta la OIT le formuló al país en reiteradas ocasiones. Y vale subrayar este fallo del alto tribunal, que se suma a otros recientes, tales como los vinculados con el restablecimiento de la movilidad de las jubilaciones o con los límites a la delegación de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo, por cuanto exhibe un respeto por las instituciones que no se advierte a menudo en el poder político.

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