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La moratoria: "Cuanto peor, mejor".

Martín Kanenguiser Especial para lanacion.com

Viernes 28 de noviembre de 2008 • 01:27
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Si hay un sector que se suponía que apoyaría el muy generoso paquete impositivo lanzado esta semana por el Gobierno era el de los contadores. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) opinó que al Poder Ejecutivo se le fue la mano ya que se premia a los más incumplidores."El proyecto conspira en términos filosóficos contra la equidad tributaria, porque el que más infringió la ley, más se beneficia con esta moratoria", expresó a LA NACION la secretaria del CPCE porteño, Flavia Melzi.

Lejos de formular un cuestionamiento moral (que no estaría de más para consolar a los contribuyentes puntillosos que ahora se sienten más tontos que nunca), la entidad que agrupa los profesionales de las ciencias económicas afirma que el proyecto está plagado de contradicciones: "Le otorga mayores incentivos al que nunca declaró nada que a quien había comenzado a blanquear bienes o empleados, que ya tiene una deuda que deberá seguir pagando. En cambio, quien estaba totalmente en negro parte de cero y pagará mucho menos".

Además, los contadores se quejan porque en la nueva ley queda vigente la responsabilidad para que informen sobre "operaciones sospechosas" que puedan estar relacionadas con lavado de fondos ilícitos, mientras que los contribuyentes quedan eximidos de responder ante la AFIP de dónde sacan el dinero que van a blanquear.

Finalmente, los profesionales del sector no escapan al escepticismo generalizado respecto del efecto práctico de esta medida: "En este contexto de incertidumbre y constantes cambios de política económica nadie va a traer un peso para tenerlo dos años inmovilizado", indicó Melzi, de lo cual se puede inferir que sólo fluirá dinero de dudosa procedencia para alimentar la compra de propiedades en barrios acomodados. Mientras tanto, el Gobierno elude cualquier rebaja de los pesados impuestos al consumo, que recaen por igual sobre todos los estamentos sociales, inclusive los más desfavorecidos.

Y si el objetivo oficial es lograr un mayor blanqueo laboral, sólo cabe observar el resultado de las moratorias de 1991 o del 2001 para comprobar que el Estado perdió recaudación por la rebaja en las contribuciones patronales pero que las fuentes de trabajo formal no crecieron.

Pese a estas objeciones, resulta difícil pensar quién se va a quejar ante esta nueva norma, como explicaba ayer un abogado en la city: "El Estado cobrará más, los estudios jurídicos también y los empresarios con problemas van a estar más tranquilos", concluyó con mucha franqueza.

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