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Se viene una amnistía para el delito

El proyecto de ley de blanqueo fiscal y repatriación de capitales esconde un fenomenal perdón que alcanzará a miles de procesados por causas tributarias; se extinguirán juicios y se liberará a los condenados por no pagar impuestos
Diego Cabot
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30 de noviembre de 2008  

Hace 10 días, los empleados jerárquicos de una de las más grandes administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones fueron llamados a una reunión. El número uno de la empresa fue tajante. "Tienen trabajo hasta el 31 de diciembre; después ya no habrá más que hacer. Nuestra actividad se extinguió", les dijo el ejecutivo.

Después de la sanción de la ley de estatización de los fondos previsionales, la actividad se tornó abstracta. Ya no tiene razón de ser que una AFJP tenga sus puertas abiertas.

Sin llegar a este extremo, podría haber otros sectores cuyas funciones se verían recortadas. Esta vez no será como consecuencia de la estatización de las AFJP, sino que se deberá a la gran amnistía que permanece agazapada dentro de la moratoria impositiva que anunció la presidenta Cristina Kirchner el martes pasado.

Los empleados y funcionarios de los juzgados en lo Penal Tributario podrían empezar a mirarse la cara una vez que los miles de demandados por causas tributarias se adhieran al régimen y, de esta manera, se suspendan los procesos penales. Los abogados del Estado también notarán que las causas que tramitaban por cobros de impuestos se desinflan. Y ni que hablar de los fabricantes de "trajes a rayas", con los que prometió, en 2003, el ex presidente Néstor Kirchner vestir a los evasores. Pues ya no más trajes a rayas.

Como sucede muchas veces con los anuncios del matrimonio presidencial, la letra chica del proyecto de blanqueo de capitales y moratoria impositiva y previsional era esperada con ansiedad en la tarde del martes.

"El proyecto habla de extinción de la acción penal si se paga la deuda al contado", comentó en esas horas LA NACION a un abogado tributarista. "Imposible. Eso sería enterrar al fuero Penal Tributario", contestó sin conocer aún el proyecto.

Pocas horas más tarde ya no había dudas: quien pague al contado la deuda se librará automáticamente de la cuestión penal y quien opte por un plan de pagos -de hasta 10 años- suspenderá el proceso hasta que abone la última cuota.

"El proyecto de ley anunciado denominado «blanqueo fiscal» aniquiló el sistema Penal Tributario, salvo que la Justicia decrete su inconstitucionalidad", dijo Tomás Wilson Rae, abogado tributarista y dueño de un estudio que lleva su nombre.

Ahora bien, ¿qué dice la norma en cuestión? Artículo 3: "El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera que sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme. La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no existiera sentencia firme".

Varias cosas se desprenden de este párrafo. Lo primero es que habrá un premio para el que tenga más efectivo: pago contado significará adiós a la causa penal.

Otra cuestión, no menos importante, es que no se diferencia entre evasión simple o agravada como sí lo hace la ley penal tributaria. La primera acarrea penas de prisión excarcelables y alcanza a evasores con deudas que van de entre 100.000 y 999.999 pesos. Si, por el contrario, la deuda es mayor que un millón de pesos, la pena se agrava y, por ende, los delitos ya no son excarcelables. La ley penal tributaria, que es la que se utiliza para perseguir las deudas impositivas, hace una profunda diferenciación entre estos casos y es mucho más dura con los grandes evasores. Sin embargo, la norma propiciada por la Casa Rosada alcanza a ambos por igual.

María Eugenia Talerico es abogada especialista en derecho penal y socia del estudio Fernández Alonso, Beccar Varela & Richards. Dice que como el proyecto no establece ninguna diferenciación, todos podrán plegarse a los beneficios por igual. "La condición para lograr la eximición del delito es que no tenga sentencia firme, con lo que alcanza a la mayoría de los procesos en trámite", dice.

Y luego agrega: "Esta situación aparece verdaderamente desorbitante, pues hay muchas causas en las que el dispendio de tiempo, esfuerzo, dinero y conocimientos ha sido inmenso, y se ha avanzado hacia un estado de semiplena prueba de responsabilidad por evasión dolosa de tributos o recursos de la seguridad social. Razonablemente se debería impedir que se haga un borrón y cuenta nueva".

Federico Casal, socio del estudio Casal, Romero Victorica & Casal, también dedica sus horas a trabajar en temas de derecho penal tributario.

"La posibilidad de extinguir la acción penal mediante el acogimiento a la moratoria impide la aplicación de la pena aunque el delito efectivamente haya sido cometido. Se trata de verdaderas causas de impunidad, basadas en criterios de política criminal que son un resorte exclusivo del Poder Legislativo. En consecuencia, de obtener sanción legislativa el proyecto del Poder Ejecutivo importaría la conclusión casi automática de la mayoría de las causas de evasión tributaria y provisional", dice.

Prescripción

Wilson Rae apunta además otro aspecto, que tiene que ver con la prescripción de la acción. "El régimen dispone que quien se adhiera a la moratoria suspenderá todas las acciones penales y, en consecuencia, operará la prescripción de la acción." En otras palabras, mientras dure la moratoria -que se podrá extender a 120 cuotas- irán prescribiendo las causas.

Hasta ahí la cuestión de la amnistía que se esconde detrás de la moratoria. Pero hay algo más. Casi al final del proyecto (artículo 41) la norma habla de quienes están excluidos de las previsiones de la ley.

Podría interpretarse que no quedan excluidos -y se podrían beneficiar con la extinción de la causa penal- los que fueron denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros.

Y aquí se llega al caso Skanska. Sucede que el tema se descubrió como consecuencia de una investigación tributaria por facturas truchas. Ahora bien, esas facturas habrían sido confeccionadas para pagar sobreprecios o retornos. Entonces, la Justicia abrió otra investigación para establecer si se habían pagado sobreprecios y, en ese caso, por qué valor y a quién. Todo parece indicar que éstas son causas conexas, iniciadas como consecuencia de investigaciones tributarias.

"Muchas veces existe un desdoblamiento de las causas penales, cuando los hechos pueden ser investigados bajo el tamiz de las leyes penales tributarias, pero también por infracción a otros tipos penales (en otro fuero; en general, el federal). Entiendo que podría intentarse también la extinción de la acción penal de las causas paralelas, por ser casos de delitos comunes conexos con los delitos tributarios. Así sucede en el caso Skanska", razona Talerico.

Cuestión ética

Más allá de la amnistía para evasores, que seguramente el Gobierno jamás denominará así, existe otra cuestión que varios han apuntado: el blanqueo de capitales.

"Hay una primera cuestión ética sobre tender un puente de plata para que blanqueen capitales quienes los tenían en el exterior o en el colchón, sin declararlos, frente a quienes sí han cumplido sus obligaciones tributarias", dice el abogado Juan Pablo Vigliero, también de Casal, Romero Victorica & Vigliero.

Aquí bien vale hacer una aclaración. Una cosa es regularizar dinero que estaba en el exterior o debajo del colchón, pero que nunca fue regularizado y otra, muy distinta, es utilizar ese paraguas para dejar ingresar dinero proveniente de ilícitos. Esto último sería lisa y llanamente favorecer el lavado de capitales. Dice Claudio Moroni, director de la AFIP, que el proyecto de reducir el impuesto a la repatriación de capitales "no libera las acciones vigentes de control de lavado de dinero". Pero no aclara cómo se hará para que esto efectivamente se cumpla, ya que el blanqueo significa que no se investigue ni se pidan cuentas acerca del origen.

"Aunque el proyecto aparezca harto generoso, eso no debe conducir a una falsa ilusión. Que no se esté obligado a decir desde cuándo y de dónde obtuvo el dinero no ata automáticamente las manos del Estado para que pueda iniciarse una investigación por otras cuestiones ajenas a la evasión tributaria, como el lavado de dinero, delitos contra y a través de la administración pública", resume Vigliero.

De aquel traje a rayas que pregonaba Kirchner a este traje a medida que ahora confeccionó su esposa hay una enorme diferencia. La gran duda es saber a medida de quién está hecho.

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