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Vía libre para el negocio de los "trapitos"

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LA NACION
Jueves 05 de febrero de 2009
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Están en todos lados. Se advierten en los sitios céntricos, comerciales y gastronómicos, pero sus cosechas más cuantiosas refieren a zonas donde se realizan espectáculos públicos masivos. Los cuidacoches, también bautizados como "trapitos", se han organizado de tal manera en la Capital que cada uno trabaja en un sitio debidamente establecido. Y gozan de total inmunidad.

Son estrategas en ajustar las "tarifas" para estacionar en lugares que deben ser gratuitos. Ellos contemplan varios factores a la hora de redondear el precio de una exigencia que puede ser explícita o implícita: la importancia del show, la cercanía respecto del lugar del evento, la cara del conductor y la marca del vehículo. Para que dejen a su "cuidado", por unas cuantas horas, el automóvil, cobran desde 3 hasta 40 pesos, cifra máxima que se pedía, por ejemplo, en cercanías de la cancha de River para el recital de Madonna, en diciembre pasado.

Pero esta vieja problemática poca respuesta ha tenido de parte de fiscales, funcionarios policiales y autoridades del gobierno.

Por el contrario, una suerte de zona liberada arraigó mucho más la profesión de la que viven más de 1500 personas en la ciudad, según datos extraoficiales. El Estado ni siquiera da signos serios de regular una actividad que el Código Contravencional porteño prohíbe. ¿Pero se castiga? No.

"Quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal es sancionado con uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 pesos a 400 pesos. Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador", reza la norma de la ciudad.

¿Y por qué hay tantos "trapitos", entonces? Hay varios argumentos: para que el castigo se haga efectivo la policía debe descubrir in fragantial cuidacoches en el momento de "exigir" ese pago, mientras que la justicia porteña debe comprobar fehacientemente que existió una "exigencia" monetaria hacia el conductor para aplicar la pena correspondiente. ¿Y en qué queda todo esto? En nada.

Son contados con los dedos de la mano quienes denuncian estas contravenciones. Fiscales y policías, en tanto, piden que se reforme el código porteño para poder actuar. Que se castigue directamente la actividad y no la "exigencia" de dinero, algo difícil de probar. "Pero nadie quiere tomar una decisión cuando hay una mafia que opera detrás de todo esto", confió un fiscal. Esa decisión terminaría con un gran negocio en negro y dejaría a mucha gente en la calle. Es cierto, nadie quiere hacerlo.

Legisladores y autoridades porteñas eligen hoy mirar para otro lado. Juegan a repartir las culpas. "No es un problema nuestro", se excusaron en distintos ministerios porteños. La decisión de regular esta actividad nunca fue tomada. Tampoco se sabe si algún día querrán hacerlo.

ptomino@lanacion.com.ar

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