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Ley de protección de la mujer

Opinión

Néstor Pedro Sagüés
Para LA NACION

La reciente sanción, por la Cámara de Diputados, de la ley 26.485, de protección integral, de prevención y castigo a la violencia contra la mujer puede significar, si es real y correctamente aplicada, una herramienta muy positiva para la vigencia del Estado de Derecho (en particular, en su versión de Estado de garantías). Puede contribuir, adicionalmente, a concluir con siglos de agresión y brutalidad. Esos propósitos gozan, por cierto, de intrínseca legitimidad.

Sin embargo, el noble fin de la flamante ley puede verse empañado por una desacertada interpretación que pretende hacerse -afortunadamente por pocos- a determinados preceptos suyos. En concreto, respecto del artículo 3 inciso e, que declara como derecho de la mujer "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable".

Conforme indica LA NACION el 12 de marzo (páginas 1 y 13), en ciertos ámbitos dicho texto implicaría el derecho de la mujer a realizar, conforme su libre decisión, concluyente al respecto, abortos. El problema ya habría emergido durante el debate parlamentario.

Tal lectura de la ley es profundamente desacertada, y por dos motivos.

a) En primer lugar, la ley 26.485 en el mencionado artículo 3 inciso e, como en el 6º inciso d, se remite, como vimos, a la ley 25.673, que habla de "prevenir embarazos no deseados" y alude a métodos anticonceptivos "no abortivos" (artículos 2º inciso c y 6º inciso b). La norma no sólo no contempla, sino que excluye, a las técnicas abortivas.

b) En segundo término, cabe alertar que la interpretación que aquí se critica es abiertamente inconstitucional. Las leyes no pueden interpretarse aisladamente, como si fueran islas normativas autónomas. Al ser jurídicamente inferiores a la Constitución, deben entenderse conforme a ella, de acuerdo con ella y no contra ella. Es la doctrina llamada de la interpretación de las normas "conforme" a la Constitución, y que se encuentra vigente, ya por derecho escrito, ya por costumbre consolidada, en cualquier tribunal del mundo. También se la denomina "interpretación constitucional", o "interpretación armonizante" de las leyes con la Constitución.

Por supuesto, tal doctrina ha sido reiteradamente aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Es una regla práctica y lógica a la vez: si una ley permite dos o tres interpretaciones, su operador (juez, ministro, funcionario público, fiscal, etc.), debe preferir aquella que coincida con la Constitución y no la que se le oponga.

Las interpretaciones anticonstitucionales de las leyes comunes deben ir al cesto de los desechos del derecho constitucional.

La tesis que indicamos provoca otra consecuencia: es necesario que los operadores de las leyes, en la medida de lo posible, las modelen y adapten a la Constitución. Vale decir, que las hagan funcionar en consonancia con las cláusulas y el techo ideológico de la Constitución.

En el caso argentino, hay al menos tres normas específicas, de nivel constitucional, que tutelan a la persona por nacer, tal vez el ser más vulnerable y, por ende, el más digno y necesitado de custodia. En la terminología constitucional argentina, es "niño", protegido expresamente desde el embarazo: artículo 75 inciso 23 de la Constitución; o desde la concepción: reserva argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

Además, la vida humana es amparada, en general, desde el momento de la concepción (artículo 4º, Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la Ley Suprema, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño).

Resumiendo: el nuevo texto legal debe leerse en correspondencia con la ley 25.673 y, más todavía, con las prescripciones constitucionales que le son superiores. Por ello, la determinación del número y oportunidad de los embarazos es un derecho cuyo ejercicio, siempre responsable, no puede implicar que quien lo tenga esté autorizado a disponer, a su absoluto arbitrio y total discrecionalidad, de la vida del ser engendrado. Los derechos reproductivos de la mujer y del hombre tienen, como regla, el tope del derecho a la vida del sujeto por nacer.

En definitiva, cabe tener presente algo importante pero, paradójicamente, no siempre recordado: que la persona por nacer también tiene derechos humanos, empezando por el de su vida. .

El autor es profesor titular de Derecho Constitucional, UBA y UCA.
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