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La matriz del despojo / Nota I de II

En el reino de Kirchner, el mercado es él

Política

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad le impidió a la distribuidora Edesur repartir dividendos por $ 65,5 millones. Néstor Kirchner vapuleó desde una tribuna a Siderar -en realidad quería referirse a Tenaris, también de Techint- por pagar US$ 354 millones, de los cuales sólo 25% se generaron en la Argentina, por el mismo concepto. Sin embargo, durante 2008 YPF distribuyó entre sus accionistas 9700 millones de pesos, que es el 80% de los dividendos que se asignaron ese año en el país, y ni la Presidenta ni su esposo abrieron la boca. La petrolera es una sociedad entre Repsol y la familia Eskenazi, a cuyas manos fue el 15% de aquellos $ 9700 millones. Los Eskenazi están pagando su participación en YPF con dividendos de YPF. Los Eskenazi son amigos de los Kirchner.

El que sí abrió la boca fue Juan José Aranguren, presidente de Shell y bête noire del kirchnerismo energético. Aranguren reclamó a YPF que aumente sus inversiones. Antes, cuando no estaban los Eskenazi, esas pretensiones las planteaba Julio De Vido. En una carta dirigida a Sebastián Eskenazi, Aranguren recordó que, en los últimos 6 años, "YPF invirtió en sus operaciones (no todas destinadas a la Argentina) la suma de $ 27.208 millones y remitió dividendos a sus accionistas por la suma de $ 27.185 millones, es decir, un flujo neto de caja entre ambas cuentas de $ 23 millones".

La querella de los dividendos ilustra que los Kirchner conciben las relaciones entre lo público y lo privado con criterios y pretensiones que varían según la empresa. Lo que resulta censurable en Edesur o Techint se favorece en YPF. Los funcionarios siguen pautas distintas aun ante un mismo episodio. De Vido dijo que Edesur no debía pagar dividendos por un presunto incumplimiento en el plan de inversiones. Pero el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que no debía hacerlo para evitar la fuga de capitales. Dos semanas antes, en la última asamblea de YPF, sin objeción alguna de los representantes del Estado, se habían pagado dividendos por US$ 600 millones y se reservaron 1300 más para futuros repartos.

El caso YPF cobija otras lecciones. La incorporación de un socio local fue el atajo que tomaron los españoles para aplacar a un gobierno que se mostraba veleidoso e intransigente en sus exigencias. Eligieron a los Eskenazi, dueños del Banco de Santa Cruz, a quienes el presidente de Repsol retrató como "expertos en mercados regulados".

Palabra decisiva

La palabra de Kirchner fue, según testimonios de funcionarios argentinos y españoles, decisiva para esa selección. El ex presidente consintió que la adquisición del 15% de la compañía se pagara con dividendos de la misma compañía. Los españoles festejaron el método. También ellos retiran ahora sus retribuciones -$ 8200 millones el año pasado- sin reproches. Es de suponer que alguien está defendiendo los intereses de los demás accionistas.

En los últimos meses la estrategia se ha vuelto problemática. Entre el primer trimestre de 2009 y el mismo período de 2008 la rentabilidad de YPF cayó 57,4%. Para enfrentar este retroceso, Sebastián Eskenazi dispuso un fenomenal recorte en la inversión y en el gasto. Las empresas que prestan servicios petroleros culpan a ese recorte por la paralización de sus actividades en la Patagonia, sobre todo en Chubut y Neuquén. Si nadie aborda este problema, después de las elecciones estallará la tensión social que hoy se acumula en la región.

El discurso oficial atribuye la crisis de YPF a la caída del precio del petróleo. Pero ese precio ya era ínfimo antes de la tormenta internacional, por efecto de las retenciones. Durante los años 90, la Argentina recibió infinidad de inversiones con el barril a menos de US$ 20.

Detrás de la crisis mundial intenta ocultarse el balance de la aplaudida argentinización de YPF. Ante sus malos resultados, en el sector energético comienzan a conjeturar una estatización. La idea está en la cabeza de gente con inmejorable acceso al Gobierno. Un empresario imagina: "Vaya a saber si no es la mejor salida para los Eskenazi, que podrían saldar su deuda con la indemnización que pague Kirchner. Las encuestas indican que la «recuperación de YPF para los argentinos» tendría una adhesión del 80%". Por supuesto, son especulaciones. Pero De Vido creyó necesario despejarlas, el jueves pasado, al aclarar ante la Cámara de Empresas Españolas que no se está pensando en una estatización.

La confiscación de la "renta petrolera", igual que las hipótesis sobre la nacionalización del mercado de granos, encuentran asidero en el difícil trance fiscal del Gobierno.

La perspectiva de un intervencionismo más radical se sostiene en otra viga de la microeconomía kirchnerista: los precios no deben ser fijados por el mercado, sino por el Estado. Es decir, son los funcionarios públicos quienes, después de examinar los costos de cada actividad, deben asignar a las empresas "la rentabilidad que les corresponde". Al combinar este criterio con las regulaciones a medida, el kirchnerismo va configurando la matriz de un despojo.

El último sector al que se ha querido llevar el principio de la "rentabilidad razonable" es el financiero. Hace muy pocos días, la Presidenta estuvo a punto de firmar un decreto de necesidad y urgencia para fijar la tasa de interés que deben cobrar los bancos por las tarjetas de crédito. Tal vez Moreno logre de nuevo que sus medidas tengan el efecto contrario al que buscan: si, en un contexto de volatilidad y alta inflación, se obliga a los bancos a establecer para el dinero un precio inconsistente con el que pagan por él (tasa de remuneración de los depósitos), se produciría un estrangulamiento del crédito más grave que el que ya existe. El decreto fue sustituido, por ahora, por una autorregulación de los costos bancarios similar a la que estableció Barack Obama en los Estados Unidos.

La arbitrariedad estatal en la fijación de los precios ha llevado a que las principales distribuidoras de gas conmemoren el próximo 1° de julio los 10 años de congelamiento tarifario. En el caso del transporte, el retraso permite la distribución -muy poco transparente- de subsidios. Empresas como Gas Natural BAN, Edenor o Edesur recibieron aumentos discrecionales y provisionales. La célebre Revisión Tarifaria Integral, a cambio de la cual muchas compañías renunciaron al Ciadi, nunca se realizó. En Aguas Argentinas o en Aerolíneas, la política de tarifas fue el camino a la estatización. Ahora son los contribuyentes, con sus impuestos, los que se encargan de subsidiar esas firmas.

Los grandes aumentos que se comenzaron a facturar este año no mejoraron los ingresos de las empresas, sino que fueron a alimentar los fondos fiduciarios a través de los cuales los funcionarios administran las inversiones o, de manera irregular, solventan subsidios.

La predilección por los fideicomisos se explica en el tercer supuesto de los Kirchner para entender las relaciones del Estado con el mercado: el sector público debe encargarse de las contrataciones de obras y de orientar la inversión, y las compañías deben limitarse a ser prestadoras de servicios a cambio de un "sueldo", la tarifa congelada. En Transportadora General del Norte -TGN- se conocieron las primicias de ese método. Allí se descubrió, casi por azar, la trama de corrupción del caso Skanska. TGN tiene como accionista a Techint. No debería sorprender que desde aquel episodio Kirchner no quiera oír hablar de Paolo Rocca.

Los delegados oficiales

Como los fondos fiduciarios están desfinanciados, el Gobierno resolvió seguir pautando la inversión mediante la estatización del mercado de capitales. Es otra dimensión de la confiscación de los fondos jubilatorios. De paso, los Kirchner descubrieron que podían sentar delegados oficiales en los directorios de las empresas. Por ahora esos directores no cumplen funciones especiales. A veces ni asisten a las reuniones. Pero tal vez en poco tiempo, con la misma improvisación, comiencen a pedir los balances y a preguntar por qué tal o cual activo permanece en el exterior. ¿Acaso Cristina Kirchner no le reprochó a Techint no haber traído al país la indemnización que le pagó Hugo Chávez por la nacionalización de Sidor? Cristina Kirchner es la esposa del gobernador que expatrió los fondos que cobró Santa Cruz por la privatización de YPF.

La Argentina resulta para los inversores un destino menos previsible que China o Cuba. El país no recibió una moneda de los US$ 50.000 millones que se volcaron este año en los mercados emergentes. Como receptor de inversión extranjera directa está quinto en América latina. Los capitales no especulativos que captura son un tercio de los que se dirigen a Chile. En aquella década del 90, el país era importador neto de capitales. En la actual, de "modelo productivo", los exporta. Es el controvertido balance que arrojan la arbitrariedad, la falta de reglas y la preferencia por las vías de hecho, en las que nada se deja por escrito. .

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