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Una discusión infructuosa

León Carlos Arslanian Para LA NACION

Domingo 09 de agosto de 2009
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El célebre Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), tanto en su prólogo cuanto en el Capítulo II, se refiere al número de personas desaparecidas, víctimas de la represión ilegal: cerca de 9000, dice en el primero; 8961, precisa el segundo. En ambos casos se pone cuidado en alertar acerca del carácter provisional de dicha cifra, siempre abierta a comprobaciones ulteriores en la medida en que nuevas denuncias o nuevos hallazgos, fruto de las investigaciones en curso, permitan incrementar esas listas.

Tal determinación, base de la sentencia de la Cámara Federal Penal de la Capital, no fue antojadiza sino el fruto de la documentación e información acopiada por aquel organismo y la Justicia, y consistió en la suma de todos los expedientes judiciales con motivo de las denuncias -incluso actuaciones oficiosas- y "habeas corpus" que por miríadas se presentaron en todo el país, sin pasar por alto las referencias recogidas por la Conadep.

Sin embargo, tales estimaciones han sido puestas en entredicho en el prólogo introducido a una nueva edición, a 30 años del golpe, por la Secretaría de Derechos Humanos, para la que el número de desaparecidos ascendió a 30.000, en lo que coinciden, en términos generales, las organizaciones de derechos humanos.

¿Dónde está la verdad?

Fernández Meijide defiende sus cifras con dos argumentos formalmente irrebatibles. Así, en el capítulo 8 de su libro La Historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina , remite a registros de carácter oficial. El primero, proveniente de la página web de la Secretaría de Derechos Humanos, de la que surge un listado de personas con filiación completa, lugar y fecha de desaparición, que asciende a 7030, y otro de 924 personas de las que sólo se consignan sus nombres. El segundo, que en los muros del Parque de la Memoria se exhiben los nombres de 8875 personas desaparecidas por razones políticas entre 1969 y 1983.

Tanto esa información como la provista en el Informe de la Conadep constituyen información oficial, a la que cabe atenerse en la medida en que cada desaparición se encuentra respaldada por los datos de filiación de la víctima. Por las mismas razones dadas en el Informe -la provisoriedad de aquellos números e incluso de los más recientes-, toda otra apreciación es conjetural, aunque no necesariamente falaz.

No veo conducente ni provechosa una discusión como la que se ha planteado. La menor cantidad no conmueve en un ápice la gravedad de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, ni la necesidad de su esclarecimiento. No hay número alguno que disculpe o atenúe porque lo que ha conmovido hasta la médula a nuestra Nación ha sido que el Estado, en vez de preservar la paz a través del respeto y la vigencia de los derechos de los ciudadanos, se haya dedicado a sembrar el terror, a perseguirlos, a eliminarlos, a privarlos de un proceso regular y a hacer tabla rasa con las más preciadas garantías.

El autor integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares

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