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Alquileres: un proyecto disparatado

Una iniciativa legislativa con un perfil populista y confiscatorio dañaría severamente el mercado inmobiliario

Jueves 13 de agosto de 2009
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Un disparatado proyecto de modificación de la ley de alquileres, de neto corte populista, ha sido presentado por la senadora nacional del Frente para la Victoria por la provincia de La Rioja Teresita Quintela.

La iniciativa legislativa pretende pasarle por encima al derecho de propiedad, expresamente garantizado por la Constitución Nacional, simplemente como si no existiera. No sorprende, por ello, que muchas cámaras vinculadas al quehacer del sector inmobiliario hayan expresado, con razón y a coro, su abierto rechazo al desprejuiciado proyecto de la legisladora riojana.

Según la iniciativa, el precio por pagar por las locaciones, sin distinciones, no debería "depender del mercado", sino ser el resultado de un cálculo automático que consistiría en determinar el valor que surja de la tasación fiscal de cada unidad y dividirlo por 150, lo que conformaría una suerte de caprichosa fórmula, sustancialmente desventajosa para los propietarios.

Como si eso fuera poco, la legisladora propone asimismo que el plazo de las locaciones se extienda por un mínimo de cinco años, con renovación automática además, cuando en la actualidad el plazo del contrato de alquiler de una vivienda es de dos años. Se trata de una restricción más que contribuiría a aumentar la sustancial e inmediata disminución de la oferta de viviendas que el proyecto provocaría.

La iniciativa tiene un inequívoco perfil confiscatorio. Conforma una fórmula para paralizar rápidamente las actividades del sector de la construcción de viviendas, con el consecuente incremento de la desocupación, ya que de la noche a la mañana desaparecerían del mercado los inversores en propiedades para alquilar. Al mismo tiempo, haría disminuir rápidamente la oferta de unidades en el mercado locativo, pues lastimaría el mínimo de seguridad jurídica que el sector inmobiliario requiere.

Una norma como la propuesta afectaría seriamente al sector financiero, al que la legisladora sugiere que debería obligarse a ser garante de los locatarios, y aumentaría aún más la gigantesca burocracia estatal que ya ahoga a la actividad económica, creando innecesarios entes públicos que estarían encargados de construir o adquirir, por compra o expropiación, viviendas familiares, estudios profesionales y locales comerciales para ser destinados a alquiler. Asimismo, dañaría el federalismo, concentrando las nuevas actividades en manos del gobierno federal; afectaría duramente la libertad de comercio y, como si ello fuera poco, crearía un sinfín de nuevas oportunidades para la corrupción.

Pocas iniciativas legislativas en esta materia han sido tan desacertadas e inoportunas en los últimos tiempos. Es más, la reforma propiciada muestra cuán cierto es aquello de que el político piensa en las próximas elecciones, mientras el estadista piensa en las próximas generaciones.

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