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La industria de la TV paga, en la mira de la ley

El grupo Clarín, Prisa y Uno, los más afectados

Viernes 28 de agosto de 2009
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Susana Reinoso LA NACION

Si, tal como señalan las fuentes oficiales, el espíritu del proyecto de ley de radiodifusión se mantiene al margen de los aportes de los foros, la idea motriz es desmantelar a los grupos periodísticos que tienen activos en los mercados de la radio, la TV abierta y la TV paga -sea ésta por cable o digital-, así como aumentar la capacidad del Poder Ejecutivo en el futuro otorgamiento de licencias audiovisuales.

Bajo fuego, entonces, se encontrarían el grupo Clarín, el mendocino grupo Uno, el grupo Prisa, la cordobesa Cadena 3, entre otros que en los últimos años han invertido en esa industria. Ayer, las entidades de la industria audiovisual no se pronunciaron, a la espera de conocer el proyecto que será debatido.

No obstante, por la Asociación de TV por cable (ATVC), su presidente, Walter Burzaco, dijo: "Si se mantiene en sustancia el proyecto oficial, la TV por cable se verá perjudicada. Nunca hemos sido consultados. Además, se da ingreso a las empresas de telecomunicaciones y eso es una apertura asimétrica en la radiodifusión".

Para Alberto Veiga, integrante de ARPA, que reúne a la radiofonía privada, "el proyecto perjudica el desarrollo de la radio como actividad empresaria sustentable; es cierto que tiene que tratarse una nueva ley; nadie puede desconocer que este proyecto carga contra los grupos de medios, por ejemplo, Clarín".

Una disposición inédita en la norma es que por primera vez el Gobierno intervendrá en un mercado que no usa el espectro radioeléctrico para operar: la TV por cable. Las empresas de TV paga no precisan hasta hoy licencias autorizadas por el Comfer, a diferencia de la TV abierta y la radio. Sería como obligar al mercado editorial a disponer de una licencia oficial para abrir un diario o una revista.

La incorporación de la industria del cable bajo el paraguas de una ley de radiodifusión equivaldría a dejar a cualquier futuro inversor de señales culturales o informativas a merced de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, que aumenta su control sobre las licencias. Además, tendrá el control de un tercio del espectro radioeléctrico.

Los conglomerados de telecomunicaciones serían los más beneficiados, si el proyecto llegara a aprobarse en sintonía con el deseo oficial. La propuesta oficial admite la incorporación de las telefónicas en el mercado de los medios.

El grupo Telefónica, de España, cuyo embajador asistió ayer al acto en la Casa Rosada, se ajusta a las exigencias del proyecto oficial, ya que con sus nueve licencias de TV abierta en el país -su cabecera es Telefé- no supera el tope de licencias admitidas.

La propuesta del oficialismo apunta a establecer una incompatibilidad entre quien genera contenidos y quien los distribuye, lo que hasta ahora ha funcionado con las reglas del mercado. Procura, así, que quien distribuye señales de TV por cable, por ejemplo, Multicanal o Telecentro, no pueda ser dueño de señales, como TN o Canal 26. Y menos, tener un canal de televisión abierta.

Según los especialistas consultados -que se negaron a opinar hasta conocer el proyecto-, en las últimas décadas, la tendencia de la industria ha sido la de fusionar sus actividades de distribución y producción de contenidos. Allí están, por ejemplo, Time Warner, News Corp, Prisa, Televisa y O Globo, entre otros.

Los actores

Perdedores . Si sale la ley como quiere el Gobierno, el grupo Clarín debería desprenderse de activos en televisión (como Canal 13) o cable (como Multicanal). También Prisa (dueña de radio Continental) y el grupo Uno –Vila y Manzano– perderían licencias.

Ganadores . Las empresas telefónicas podrán convertirse en actores centrales de la radiodifusión, al removerse algunos de los límites actuales.

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