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Basta de atropellos

Por Paula Bertol Especial para lanacion.com

Jueves 03 de septiembre de 2009 • 13:13
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La cuestión de los medios y la comunicación obsesiona al Gobierno develando profundas contradicciones. Por un lado, levantan su bandera con argumentos loables tales como la democratización de la información, los derechos humanos y la lucha contra los grandes monopolios. Pero, por otro lado, proponen mecanismos de censura gubernamental encubierta a través de la falta de control de la publicidad oficial y de un manifiesto retraso de la sanción de la ley de acceso a la información pública.

Hay dos pruebas claras y actuales de esta obsesión. Una, es la medida que el Gobierno tomó recientemente cuando embarcó al país en un gasto millonario en pos de un falso presupuesto: "Fútbol gratis para todos". Y otra, es el envío de la ley de servicios de comunicación audiovisual al Congreso. El oficialismo mira el calendario, ansioso por aprobar este proyecto de ley antes del 10 de diciembre con el fin de asegurarse el número que le garantice sin discusiones la aprobación. Lejos está este Gobierno de aceptar que la gente votó otro modelo de país en las elecciones del 28 de junio: un modelo de debate y de inclusión, sin atropellos ni arbitrariedades.

La búsqueda de dicho número no surge de una verdadera reflexión sobre el rol de los medios en nuestra sociedad, sino, según fundadas sospechas, de un conflicto del Gobierno con un medio en particular.

Lo justo es decir que estamos de acuerdo con la modificación de la norma y que deberíamos rescatar de este proyecto la pretensión de pluralidad, la diversidad y la igualdad de acceso. Sin embargo, es altamente controvertida y desaconsejable (en una democracia que se caracteriza por la falta de controles) la figura de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación puesto que no será un organismo autónomo ni autárquico, sino que dependerá de la Secretaría de Medios. Será otro organismo de control politizado, siendo muy confusa la redacción que establece la revisión cada dos años de las reglas por las que son otorgadas las licencias, su duración y los criterios para ser licenciatarios.

La norma no habla de los derechos de los prestadores e introduce un controvertido registro de generadores de contenidos que va más allá de los aspectos técnicos. Todo indica que subyace en el fin de dicho registro la censura previa.

Aunque la Presidenta nombró, en cadena nacional, cuatro veces la importancia del derecho a la información y recalcó que abarcaba a "toda la información", no plantea en este proyecto la cuestión del acceso a la información pública, así como tampoco la regulación de la publicidad oficial que actualmente premia o castiga a algunos periodistas por sus opiniones o líneas editoriales. Hoy, rige en nuestro país un decreto de acceso a la información pública firmado en 2003 por Néstor Kirchner. El decreto tiene muchos límites y fundamentalmente no reviste el carácter de una ley que garantice el cumplimiento de este derecho humano reconocido a nivel constitucional e internacional.

Necesitamos una ley de acceso a la información pública que permita a todos los ciudadanos saber cómo se administran los fondos públicos, cómo gestionan los organismos públicos y cómo se desempeñan los funcionarios. Es este tipo de información la que hace posible ejercer otros derechos fundamentales.

La ley debería partir del derecho constitucional que tiene todo ciudadano de acceder a la información pública (sin importar los motivos de su pedido) y de reconocer como sujeto pasivo del requerimiento al Estado en su conjunto e incorporando a los órganos creados por la Constitución Nacional en los artículos 85, 86, 114 y 120.

A su vez, teniendo como principio que el secreto sea la excepción, la ley debería explicitar claramente cuál es la información que el Estado tiene obligación de dar, y garantizar el acceso a toda información que se encuentre en poder del Estado, en cualquier formato, salvo aquella producida en función de tratados internacionales u otras leyes. También, tiene que estipular plazos breves para responder a los requerimientos, gratuidad de la información y, fundamentalmente pautar cómo tratar posibles casos de denegatoria y marcar responsabilidades para aquellos funcionarios que impidan el acceso a la información.

En nuestro país existen dos antecedentes que tienen que ser considerados a la hora de pensar en una ley de alcance nacional. Estos son el caso del Gobierno de la provincia de Chubut y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acceso a la información pública promueve la transparencia en la gestión de gobierno y es un derecho que permite el ejercicio de otros. Por esto, es necesaria una ley que lo garantice y regule. Pero, a la vez, resulta central que trabajemos en la construcción de una cultura que promueva su reconocimiento y ejercicio.

Seguramente "acceso a la información pública para todos" es una consigna menos popular que la de "fútbol gratis para todos", pero, sin dudas, más pertinente para la construcción de una democracia sólida.

El derecho a la información es parte central para la libertad de expresión, que también fue nombrada innumerable cantidad de veces en el discurso de la Presidenta durante el anuncio del envío del proyecto de ley al Congreso Nacional.

Es imprescindible que en el Congreso se dé un debate integral y pasar de la mera enunciación a la generación de las condiciones necesarias para que la libertad de expresión no sea una utopía ni una eterna expresión de buenos deseos.

(*) La autora es diputada del Pro

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