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La trama que vincula remedios y asesinatos

Lorenzo acusó a Forza días antes del crimen

Jueves 10 de septiembre de 2009
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LA NACION
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Néstor Lorenzo, presidente de la droguería San Javier y principal imputado en la megacausa por la que se investigan delitos contra la salud pública, había denunciado y responsabilizado a Sebastián Forza por la venta de medicamentos adulterados. Lo hizo ante el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), poco antes de que el joven empresario fuera asesinado.

Según pudo comprobar LA NACION, un día después de que Forza apareciera acribillado junto a Damián Ferrón y Sebastián Bina en General Rodríguez, el Ministerio de Salud le había prohibido a la droguería San Javier seguir operando fuera de la Capital Federal.

La relación comercial entre Forza y Lorenzo encerraba algunas controversias, porque las ventas de remedios por parte del ambicioso empresario muerto habían hecho peligrar un negocio millonario acordado por Lorenzo desde hacía tiempo con la Obra Social Bancaria, a cargo de Paula Aballay, que es la esposa del sindicalista de los bancarios Juan José Zanola.

La trama del comercio irregular de medicamentos y sus conexiones con el triple crimen y con sectores sindicales no deja de deparar sorpresas y extrañas coincidencias.

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El 13 de agosto del año pasado, el día en que los tres jóvenes empresarios del negocio de droguerías aparecieron asesinados a balazos, la Asociación Bancaria y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) conformaron un fideicomiso millonario por el cual la droguería San Javier, de Lorenzo, se transformó en la principal beneficiaria para abastecer de remedios oncológicos y para hemofilia, de alto costo a la obra social de los bancarios. El fideicomiso, que luego fue objetado por el Ministerio de Salud, fue rubricado ese mismo día por Zanola y el presidente del Bapro Mandatos y Negocios SA, Lisandro Catalán.

La prohibición del Ministerio de Salud, a cargo de Graciela Ocaña, a la droguería San Javier para comercializar medicamentos fuera de la Capital la limitaba para llegar a los afiliados de la OSBA en todo el país. La medida surgió de una investigación en la que se detectaron medicamentos adulterados contra la hemofilia (Beriate P 1000) de altísimo valor. Las pesquisas del Iname, que habían comenzado, en realidad, 30 días antes del triple crimen, ya eran conocidas por Lorenzo y por Forza. Algunas fuentes sostienen que las "desprolijidades" habían tensado la relación comercial entre ambos.

De hecho, en declaraciones que figuran en el expediente, Lorenzo les dijo a los inspectores del Iname: "Todos los Beriate, comprados a Bairesmed (la droguería de Forza), son retirados y controlados por San Javier y se remiten inmediatamente a la Obra Social Bancarios, que actúa como depositarios en sus heladeras". Lorenzo buscó despegarse así de los medicamentos adulterados y responsabilizó a Forza.

Subsidios

Pero hay más. El fideicomiso bancario, anunciado con bombos y platillos en julio de ese año en un acto del que participó el ex presidente Néstor Kirchner, aseguraba sus fondos a través de los subsidios y reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE), que, en ese momento, estaba a cargo de Héctor Capaccioli, un estrecho conocido de Lorenzo y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

"La APE habitualmente transfiere ciertas sumas de dinero por medio de expedientes confeccionados para la cobertura de prestaciones de alto impacto económico originadas en enfermedades de baja incidencia y alto costo", sostiene el texto del fideicomiso. Esas enfermedades de "alto costo" son cáncer, hemofilia, fibrosis quística y esclerosis múltiple, que requieren suministros constantes con un valor de entre 15.000 y 20.000 pesos el frasco.

La mayoría de las 400 causas judiciales tramitadas en la fiscalía especial de Pompeya por adulteración, robo o falsificación de remedios están relacionadas con drogas "caras" y, en el 80 por ciento, según Ocaña, aparecen implicadas las droguerías Bairesmed (Forza) y San Javier (Lorenzo).

Las implicancias del triple crimen no tardaron en llegar. En los primeros días de septiembre de 2008 se cambiaron los beneficiarios del fideicomiso y, San Javier, perdió, al menos en apariencia, el negocio. Nossal, según el nuevo documento, pasó a ser la empresa beneficiaria. El Ministerio de Salud, no obstante, siguió objetando el fideicomiso que sólo pudo constituirse a través de un amparo judicial.

Ayer, en 18 allanamientos simultáneos, la Policía Federal encontró depósitos de precursores químicos vencidos, utilizados para la elaboración de medicamentos, en distintas partes de la Capital y del conurbano. Los procedimientos se hicieron en el marco de la causa Yectafer, en la que se investiga la venta de hierro adulterado, que terminó con cinco personas fallecidas a partir de 2004.

El juez federal Norberto Oyarbide, que ordenó los allanamientos, informó que, en uno de los operativos, fueron hallados "depósitos increíbles" de medicamentos vencidos. En uno de esos operativos se detuvo a Jorge Arvia, de 58 años, y a su mujer, y en otro procedimiento, en Flores, a un químico del que no trascendió su nombre.

El caso llega a la Legislatura

La Coalición Cívica (CC) pedirá hoy sobre tablas la conformación de una Comisión Especial Investigadora de la compra de medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, dijo que detrás del empresario Néstor Lorenzo hay "gente muy poderosa".

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