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El contrabando a Ecuador y a Croacia

Armas: el fiscal Stornelli denunció escuchas ilegales

Política

El juez Bonadío investiga el hecho sobre el que informó La Nación

 
 

El fiscal federal Carlos Stornelli, impulsor de la investigación contra funcionarios nacionales por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue si, como informó La Nación el domingo último, es víctima de escuchas ilegales por parte del Gobierno.

La denuncia ante la Cámara Federal "por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" recayó en el juez federal Claudio Bonadío y en el fiscal Guillermo Marijuán, que ya promovió la acción penal. Al mismo tiempo, Stornelli envió un oficio a Nicolás Becerra, procurador general de la Nación y jefe de los fiscales.

En su columna política del domingo, Joaquín Morales Solá afirmó que "la Presidencia ha tenido acceso a un estudio del famoso (programa informático) Excalibur sobre el teléfono del fiscal Stornelli" y que "los funcionarios presidenciales confirmaron que el fiscal recibe llamadas de teléfonos de periodistas perfectamente identificados".

Morales Solá explicó a La Nación : "Fue un ministro quien me dijo que tenían un informe detallado del Excalibur (sobre Stornelli). Confirmé el dato con otra fuente oficial".

Sin orden judicial, el uso del Excalibur sería ilegal y constituiría un avasallamiento del Poder Ejecutivo al Judicial. La frase "periodistas perfectamente identificados" tiene resabios de las peores épocas represivas.

El Excalibur sólo registra los números telefónicos y horas de llamadas, no el contenido de éstas, pero ayer Stornelli expresó que le "parecía increíble" que le "pincharan" sus teléfonos, aludiendo a posibles grabaciones. "Vivimos en un Estado de derecho, y creo que estas cosas pertenecen al pasado."

Hace dos semana, durante una tanda publicitaria en el programa "Hora clave", que Mariano Grondona dedicó al tema armas, el diputado peronista Carlos Soria habría amenazado a su par del Frepaso Horacio Viqueira con difundir grabaciones de las comunicaciones de este último con Stornelli.

Consultado por La Nación , Soria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y conocido operador menemista, no negó el hecho, pero lo atribuyó a una broma.

Viqueira, que aportó datos fundamentales a la investigación de Stornelli, tampoco negó la presunta advertencia de Soria. Si bien coincidió en que "el tono" podía parecer "jocoso", acotó que "sería gravísimo y propio de un Estado totalitario que se grabara a miembros del Poder Judicial, del Legislativo y a periodistas. Mi relación con Stornelli fue y es de total colaboración".

Fernando de la Rúa, jefe del gobierno porteño, advirtió que, de confirmarse, las escuchas ilegales configurarían "un atentado a la Justicia y a la libertad", en tanto que los diputados radicales Marcelo Stubrin y Juan Pablo Baylac presentaron un proyecto de declaración con su "más enérgico repudio a las intimidaciones sufridas por Stornelli debido a escuchas telefónicas ilegales".

Mientras se esclarece el hecho, la fiscalía informó que quien quiera aportar datos a la investigación puede hacerlo personalmente en Comodoro Py 2002, quinto piso.

Extrema preocupación

En la Justicia no dudan de la existencia de grabaciones, que representarían otra prueba de la extrema preocupación del Gobierno ante una investigación que compromete a varios funcionarios. Principalmente, al jefe del Ejército, general Martín Balza. Fuentes de la Casa Rosada lo consideran promotor de la embestida contra el fiscal que lo acusó de asociación ilícita, malversación de armamento y adulteración de documentos.

En las últimas dos semanas el Gobierno desplegó una serie de maniobras para intentar librarse de Stornelli. La primera fue un pedido del Presidente, rechazado por Becerra, para investigar al fiscal. Entre otras acusaciones incluía contactos con el periodismo.

Luego, la Defensoría General de la Nación solicitó en vano que la justicia federal cediera su expediente al fuero penal económico, donde hay dos causas por contrabando en las que no se investiga a los funcionarios.

Esta operación fue rechazada por Roberto Leanza, fiscal en lo penal económico, y por Marcelo Aguinsky, juez de ese fuero, aunque la decisión del magistrado está supeditada a lo que resuelva el juez federal Jorge Urso sobre el último dictamen de Stornelli, donde el fiscal acusó a 24 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría de ellos por asociación ilícita.

Un dato sugestivo

En este punto estaría la clave de la escalada contra Stornelli. Hace 40 días que Urso tiene en sus manos el dictamen en cuyo texto los más comprometidos por documentos y testimonios son Balza y otros oficiales.

A diferencia de AntonioErman González, ex ministro de Defensa y actual titular de Trabajo, también imputado, Balza carece de fueros, y las penas por los delitos que le imputa Stornelli suman 25 años. Un eventual procesamiento lo llevaría a prisión antes del juicio oral.

Hay un dato sugestivo. El pase de la causa al fuero penal económico lo solicitaron los dos defensores oficiales de Luis Sarlenga, el ex titular de Fabricaciones Militares (FM), que sufre un triple procesamiento.

El viernes último, la Defensoría General difundió una gacetilla con un párrafo sorprendente: "FM entregó material que, al parecer, era propiedad del Ejército. Esta situación no guarda relación con el supuesto contrabando. En todo caso, si el convenio (de reposición de armamento) firmado entre el Ejército y FM no fue respetado, no habría ninguna participación en el delito de contrabando por parte del Ejército" sino de "FM, organismo que aprovechó el material bélico con fines ilícitos".

Con la intención de defender al Ejército, una institución que no es parte en ninguna de las causas, esta curiosa estrategia de la Defensoría General parece atar un salvavidas de plomo en la cintura de su asistido Sarlenga.

Los envíos ilegales de armas del Ejército a FM están probados en la investigación de Stornelli, no en las de penal económico. Pero, por lo visto, suscitan demasiada preocupación.

Pedido por Ormart

El juez federal Jorge Urso solicitará en los próximos días la extradición del empresario argentino Rubén Osvaldo Ormart, detenido días atrás en el Brasil, para indagarlo en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador.

Así lo adelantó ayer el fiscal federal Carlos Stornelli, quien dijo a la prensa que "la fiscalía acompañará el pedido" del juez Urso, quien ya estaría trabajando en la redacción con los fundamentos para su extradición.

De acuerdo con una serie de elementos aportados a la causa, Ormart estaría vinculado con el traficante de armas Diego Palleros en las maniobras que sirvieron para el envío del armamento argentino a Ecuador.

Palleros tiene pedido de extradición, realizado ante la justicia sudafricana por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que investiga el contrabando de armas, Urso y el magistrado en lo penal económico Julio Speroni, también realizaron ese reclamo de extradición.

Stornelli se abstuvo ayer de hacer consideraciones sobre el fondo de las investigaciones. De todos modos, fuentes del juzgado admiten que la figura de Ormart aparece vinculada con la organización y preparación de las operaciones en las que se habrían utilizado empresas fantasma como intermediarias. Stornelli deslindó responsabilidades por el eventual envío de personal de Interpol a Sudáfrica para buscar a Palleros. "No sé si Interpol debe viajar o no. Esa posibilidad pasa por las vías de la diplomacia", expresó. .

Jorge Urien Berri
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