Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Las cuentas pendientes de los medios

Por Martín A. Becerra Especial para lanacion.com

Sábado 10 de octubre de 2009 • 06:20
0

Cuando el fragor por la inédita discusión social y parlamentaria sobre la regulación de los servicios audiovisuales disminuya, será tiempo de hacer cuentas. No las de los principales grupos, que estuvieron en la agenda reciente, sino las del conjunto del sistema de medios.

El mercado de medios de la Argentina es inestable. Además de las malformaciones propias de un marco regulatorio obsoleto, con raíces dictatoriales y parches legales de la democracia que lo empeoraron al permitir altos niveles de concentración, el sistema audiovisual tiene otra complicación objetiva: la debilidad de su estructura de mercado.

De las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 5% se autofinancia con publicidad. Las empresas de televisión abierta, sector que absorbe el 36% de una torta publicitaria calculada en 7000 millones de pesos anuales, afirman que no son rentables. Los canales líderes en audiencia son la excepción, con ganancias basadas en su amplia audiencia acumulada en sus redes de transmisión en horario central (prime time) y en la exportación de contenidos.

A diferencia de los medios abiertos y generalistas, la televisión por cable es redituable, pero su mercado dista de ser abierto a la concurrencia, ya que es cautivo del proveedor dominante, como admitió Eduardo Eurnekian. En efecto, en muy pocas ciudades hay más de una oferta de TV por cable. Así, el operador obtiene beneficios pero nada impide que abuse de su posición y traslade márgenes excesivos de ganancia al precio que paga el usuario. Su modelo de negocios se asimila al de las telecomunicaciones (sector con el que el audiovisual converge), aunque al pago del abono le añadió la facturación publicitaria.

Ahora bien, ante la sanción de la ley en el Congreso hay que subrayar que la "cuestión económica" excede las dificultades actuales de los operadores comerciales: la esperanza de ampliar las voces que acceden a la titularidad de los medios podría marchitarse si no se resuelve de modo claro, ecuánime y con reglas públicas esta cuestión.

También la sustentabilidad de los medios que gestiona el Estado, y que dejan de ser gubernamentales para tener control parlamentario y federal, reclama atención no sólo por su importancia cultural, sino también por la económica.

En la discusión del proyecto el tema económico fue adquiriendo visibilidad. Empresarios del sector expresaron dudas porque la iniciativa no resolvería el dilema, presentado como excluyente, entre permitir el ingreso de nuevos actores sociales al mapa de los medios y asegurar su sostenimiento, dado el carácter no elástico de la pauta publicitaria hoy concentrada en pocos grupos. La competencia del Estado tampoco satisface a los operadores comerciales: los medios públicos (no gubernamentales) podrán recibir tanto subsidios como publicidad, mientras que las empresas sólo se financiarían mediante el recurso publicitario. Por otro lado, el adelanto de reservar un 33% de las licencias a operadores no lucrativos que se inscribe en la perspectiva del derecho a la comunicación, también demandará fondos para producir contenidos de alta calidad.

Aunque opuestas en lo filosófico y en su expresión política, estas posiciones exteriorizan dos coincidencias: naturalizan la formalidad de un mercado publicitario de por sí limitado como única opción de financiamiento de los medios, y eluden abordar la contradictoria pero fértil relación económica que liga, desde hace décadas, al Estado con los operadores audiovisuales.

Los medios comerciales no hubieran sorteado sucesivas crisis sin el diligente auxilio prestado por los gobiernos a través de la periódica condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la desgravación impositiva, los subsidios y regímenes de competitividad, la extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos como impedimento para el ingreso de competencia, el incumplimiento de obligaciones de inversión como el soterramiento del cable, entre otras medidas. Esto constata que existe una periódica intervención del Estado para otorgar discrecionalmente ayudas al sistema de medios. El panorama es complejo.

En muchos países de Europa existen sistemas amplios y ecuánimes de "ayudas a la prensa" (que se extienden, en rigor, a otros medios). Con ello, el Estado sincera la dotación de recursos para garantizar que el ejercicio de la libre expresión sea potenciado por voces diversas y por actores también diferentes.

Como dijo el diputado Carlos Raimundi en el debate de la ley, la historia argentina demuestra que hay un vínculo problemático, pero íntimo, entre el estamento político y las empresas de comunicación. Sincerar y estabilizar mediante reglas claras ese vínculo resulta clave para la convivencia democrática. La ley de medios abre la posibilidad de instituir una agenda democrática para la comunicación.

Ello implica, además de los temas pendientes de acceso a la información pública y de publicidad oficial, planificar una ley de servicios convergentes (audiovisual, telecomunicaciones, banda ancha) y otra de apoyos económicos del Estado a todos los medios de comunicación. La inversión del Estado debería ser concebida en el mismo rango que la que se realiza, con recursos públicos, en el ámbito educativo.

Liberar al financiamiento de los medios de la pauta publicitaria como única salida económica posible, morigera su inducción al consumo y a la vez habilita una excelente discusión acerca del mejor destino de los recursos que la sociedad toda genera.

El autor es director del departamento de Ciencias Socialesde la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet


El artículo retoma uno de los ejes abordados por el autor en la Audiencia a la que fue citado por el Senado de la Nación el 29/9/09 en el debate por la ley de medios audiovisuales.
Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas