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El Gobierno y la prensa

El kirchnerismo logró aprobar en general la nueva ley de medios

Política

Hubo 44 votos a favor del proyecto oficialista, contra 24 rechazos. Contó con apoyos de una radical y otros opositores que habían cuestionado la norma. La oposición preveía plantear cuestionamientos a varios artículos, pero le resultaba dificultoso reunir los votos

Por   | LA NACION

La mayoría kirchnerista del Senado aprobó en general, a las 2.30 de hoy, el proyecto de ley de radiodifusión, gracias a una cómoda mayoría lograda con la adhesión de fuerzas políticas menores y el apoyo de legisladores oficialistas críticos y de opositores, a cambio de promesas de beneficios fiscales y financieros para sus provincias.

Con 44 votos a favor, el oficialismo daba el primer paso hacia la sanción definitiva de la ley. La oposición reunió 24 votos. Unos 5000 manifestantes celebraban en la Plaza del Congreso con un festival de música organizado por el Gobierno.

De inmediato, la Cámara se enfrascó en el debate en particular de los 165 artículos del proyecto. Si bien todo el arco opositor preveía exponer un arsenal de críticas a una docena de cláusulas, el oficialismo estaba seguro de tener los votos para evitar cualquier modificación y cumplir con el objetivo reclamado por la presidenta Cristina Kirchner a sus senadores desde que el proyecto ingresó en el cuerpo, el 21 de septiembre.

El punto más controvertido es el artículo 161, que obliga a las empresas de radio y de TV a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por el proyecto en el plazo de un año. Es la llamada cláusula de desinversión, que ha sido objetada por las cámaras empresariales del sector por considerar que vulnera derechos adquiridos, ya que las obligará a vender sus bienes a precio vil.

 
 

La sesión se convirtió en una maratónica batalla dialéctica con más de 50 oradores y 15 horas de debate, en las que el oficialismo defendió a capa y espada la iniciativa girada por Diputados con fuertes embates contra los medios de comunicación, a los que acusó de tergiversar la realidad y de ser cómplices de los poderes económicos concentrados. La oposición desplegó duros cuestionamientos al Gobierno, al que acusó de querer cercenar la libertad de expresión para acallar voces críticas.

También recibió fuertes ataques el texto, que fue tachado de inconstitucional. En este aspecto, los legisladores de la oposición coincidieron en señalar que la iniciativa avasalla derechos adquiridos por los medios de comunicación a la luz de la legislación vigente y, por consiguiente, el derecho de propiedad, advirtiendo que esto traerá aparejado un alto costo al Estado, por las causas judiciales que generará la futura norma.

"Esta ley lo que está buscando es la posición dominante del Gobierno nacional", denunció la peronista disidente Sonia Escudero (Salta), refutando así uno de los argumentos centrales esgrimidos por el gobierno de Cristina Kirchner, según el cual este proyecto de ley pretende terminar con los monopolios informativos para garantizar la pluralidad de voces en la sociedad.

La porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) se sumó a esa crítica recurrente en la oposición al afirmar que "esta ley habilita un solo monopolio: el monopolio del gobierno nacional" en materia informativa.

Cuestionó de esa manera los límites que el proyecto les pone a las empresas privadas de comunicación para organizarse como cadenas de alcance nacional, una configuración que la iniciativa sólo autoriza a los medios públicos, cuya objetividad desde la llegada del matrimonio Kirchner al poder la oposición ha puesto en duda.

Desde el oficialismo, la principal defensa estuvo a cargo del ultrakirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ofició de miembro informante ante las disidencias en particular al proyecto que sostiene el jujeño Guillermo Jenefes, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (y cuya familia tiene empresas periodísticas en su provincia).

"Bregamos por un periodismo independiente, al que le tenemos que garantizar que no sea rehén del poder de turno, pero tampoco del poder económico, porque si no hay otro tipo de censura", afirmó Fernández. Señaló también que "el 80 por ciento de las licencias de radiodifusión está en manos de cuatro empresas".

En línea con los argumentos expuestos por la Casa Rosada durante el último mes y medio, cuando remitió el proyecto al Congreso Nacional, Fernández aseguró que "en la Argentina hay pluralidad de medios, pero no hay pluralidad de voces".

Los motivos

Otro de los tópicos que cruzó el extenso debate fue la razón política que impulsó al gobierno kirchnerista a llevar adelante la sanción de un nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión: su pelea con el Grupo Clarín.

Lo dijo sin tapujos la senadora Delia Pinchetti (Bloque Tucumán): "Se ha montado una suerte de ring público donde en un extremo está el Gobierno y en el otro el Grupo Clarín".

La porteña Estenssoro, en tanto, le reprochó al kirchnerismo los beneficios que le otorgó a esa empresa hasta la ruptura total de relaciones.

"Mientras el Gobierno creyó conveniente el fortalecimiento del Grupo Clarín, porque le era funcional, creyó conveniente incumplir la ley, renovó las licencias sin justificación alguna y permitió la fusión de Multicanal y CableVisión", afirmó. Más campechano, el radical santiagueño Emilio Rached comparó ese enfrentamiento con una pelea entre amigos que terminan a los golpes "después de una noche de borrachera".

El radical pampeano Juan Carlos Marino rechazó el argumento oficialista acerca de la necesidad de reemplazar la ley vigente de radiodifusión (22.285) porque fue promulgada durante el último gobierno militar. "Estaría bueno que el Gobierno también derogara el Código Aduanero, que le permite esquilmar a los productores agropecuarios con las retenciones a las exportaciones", concluyó.

44
A favor de la ley, en general

  • El bloque kirchnerista se aseguró el apoyo de casi todos sus miembros y sumó a la radical Sánchez, a los fueguinos ex ARI y al bussista Salazar.

26
En contra de la ley

  • Los bloques opositores y el PJ disidente rechazaron toda la ley. Su ilusión era introducir cambios en artículos.

31
Reclaman cambios

  • Algunos oficialistas se sumaron a la posición opositora en algunos puntos.

Los artículos clave

  • La desinversión . El artículo 161, el que más polémica despierta, obliga a las empresas de radiodifusión a vender en el plazo de un año los medios que no se ajusten a la nueva ley. La oposición y varios juristas denuncian que viola derechos adquiridos.
  • Nuevo régimen . Se impide que una distribuidora de cable tenga canales de aire y sólo se le permite tener una señal de cable de alcance local. Ninguna empresa puede operar más de 10 licencias (hoy son 24).
  • Autoridad de aplicación . Se reemplaza al Comfer por un ente autárquico formado por dos miembros elegidos por el Gobierno, tres por el Congreso (un oficialista y dos opositores) y dos surgidos de un Consejo Federal dominado por los gobernadores. Asumirán por cuatro años. La oposición rechaza el artículo 14, sobre este tema, y pide menos poder para el Gobierno.
  • Medios del Estado . Se establece que el espacio radioeléctrico se divida en tercios, con una parte para los privados, otra para el Estado y una última para empresas administradas por ONG.
  • Adjudicación de licencias . El Poder Ejecutivo se reserva esa facultad para las ciudades de más de 500.000 habitantes (artículo 32), algo que la oposición objeta de manera enfática.
  • Contenidos . Se establecen límites mínimos de producción nacional (en programas y música) en las radios y canales de TV.
  • Telefónicas . Se suprimió la autorización a participar del negocio de la TV por cable. Pero podrían llegar a hacerlo asociadas a cooperativas.
  • Publicidad . Regula la distribución de la pauta en los canales privados, pero no se refiere a la publicidad oficial.

Los multimedios

  • Grupo Clarín . Tiene Cablevisión, Multicanal, Canal 13, Radio Mitre y señales de cable como TyC Sports, TN. La nueva ley lo obligaría a optar entre los cables y el canal de aire, y sólo podría retener una señal de cable.
  • Vila/Manzano/De Narvaez . El holding suma Supercanal, América 2, América 24, la AM La Red, más canales y radios en el interior. Debería optar entre Supercanal y América 24. Lo afecta el nuevo límite de licencias.
  • Telefónica . Posee Telefé y otros ocho canales del interior del país. Está justo en el límite de licencias autorizado. Pese a sus deseos, quedará inhibido de ingresar, por el momento, en el negocio de la televisión por cable.
  • Grupo prisa . Dueña de Radio Continental y de 18 FM en todo el país, el conglomerado español debería desprenderse de varios activos para ajustarse a los límites que impone la nueva ley.
  • Cadena tres . Los cambios de legislación impedirán a este grupo con asiento en Córdoba transmitir en red como hasta ahora, y debería desprenderse de algunas de las 13 radios que posee en distintas provincias.
  • Grupo Hadad . Sería el menos afectado por la reforma. Tiene C5N, Radio 10, FM La Mega y otras tres radios. No debería desprenderse de activos.

 
 

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