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Respuesta a un video anónimo y agraviante

LA NACION
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Carlos Pagni
Sábado 17 de octubre de 2009
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El siguiente texto es la respuesta de Carlos Pagni, columnista de LA NACION, ante la difusión por Canal 7 de un video anónimo, filmado con cámaras ocultas, montado y editado, con el que se lo pretendió vincular a una supuesta maniobra para publicar información falsa en este diario en perjuicio de la empresa Repsol YPF.

Durante toda la tarde del martes pasado padecí la desagradable sensación de ser víctima de un ataque anónimo. En el sitio YouTube se instaló un video con imágenes y diálogos, recortados y empalmados casi con brutalidad, con la intención de demostrar que varias publicaciones firmadas por mí y referidas a la empresa YPF estaban motivadas por sobornos.

El malestar de asistir a esas imágenes y corroborar su divulgación a través de mensajes de texto y blogs oficialistas se debía, sobre todo, a la imposibilidad de responder el agravio. Se trataba de un anónimo, y tengo por criterio no responder a mensajes o ataques que carecen de autor. Supongo, acaso con candor, que la gente de bien no presta atención a un anónimo por el sólo hecho de serlo.

Al caer la noche, el Gobierno me sacó de esa desazón, haciéndose cargo del montaje colado en la red. La TV Pública, es decir, Canal 7, lo difundió en su horario central, durante un programa denominado 6, 7, 8. El video había dejado de ser anónimo. El Gobierno lo había hecho propio difundiéndolo en la televisión oficial. Para mayor ironía, se emitió en el contexto de un análisis de los progresos que cabe esperar en la información pública con la nueva ley de medios.

Las escenas que aparecen en el video son secuencias, manipuladas hasta la adulteración, de dos reuniones que tuve el 23 de diciembre de 2008 y el 20 de enero pasado, con dos personas que se presentaron como financistas de un fondo de inversión radicado en Miami. Uno de ellos se identificó como "Horacio Menendez. Staff Senior Advisor IGSTONE Funds Management". Consignaba el número de teléfono 786-871-1131 de los Estados Unidos y el celular local 3240-3650. Estos individuos me contactaron a través de un agente de prensa, Fabián Falco, que me llamó para decirme que había dos personas que tenían información sobre la familia Eskenazi, y que querían hablar del tema. Los Eskenazi son los socios locales de YPF, controlan el Banco de Santa Cruz y tienen un estrecho vínculo con los Kirchner.

La primera reunión tuvo lugar en el hotel Alvear a las 11.40 de la mañana. El supuesto Menendez y su acompañante dijeron que pertenecían a un fondo que compró deuda de Metrogas, y que tenían documentado que los Eskenazi habían comprado también pasivos de esa compañía, que serían negociados con ventaja para ellos, ya que YPF es accionista de la distribuidora.

Les respondí que, dada la delicadeza del tema, prefería evaluar la información con alguna autoridad de LA NACION. Les propuse, entonces, tener una reunión en el diario. Menendez aceptó y pasó a otro tema que me dio la pista de que algo raro había detrás de él y su compañero. Me dijo que, además de hablar de Metrogas y los Eskenazi, quería que yo le indicara cómo realizar un aporte de dinero a Elisa Carrió y su partido. Le dije que lo mejor era contactar a Carrió. Pero que no los podía ayudar en la tarea. Lo relativo a Carrió fue eliminado en el video anónimo difundido por Canal 7.

La segunda reunión se concertó vía e-mai l y se realizó en el café Plaza Roma, a 50 metros del diario, minutos antes de las 16. El video la registra casi completa. Les propuse ir a la oficina de un directivo del diario, y ellos se negaron con el argumento de que no querían quedar expuestos. Me pareció muy sospechoso y me retiré, enojado, como se ve en la filmación anónima que la TV Pública puso en el aire. De nuevo hay un párrafo omitido: mientras me retiro, "Menendez" reitera, fuera de contexto, la pregunta sobre cómo financiar a Carrió. Le hice notar que me estaba diciendo un disparate.

Enseguida fui a informar a mis superiores en el diario que la entrevista no se realizaría. Les manifesté también la rareza de todo el episodio y mi sospecha de que fuera una patraña con la intención de perjudicarnos, al diario y a mí. A partir de ese momento perdí todo contacto, directo o indirecto, con esos supuestos empresarios.

Pese a eso, contactaron a un periodista relacionado conmigo, Juan Manuel Romero, le hicieron hablar de esa vinculación y le pagaron por un informe político de mi autoría que ese periodista distribuye habitualmente. Luego editaron las imágenes para hacer creer que el dinero estaba destinado a influir sobre las notas publicadas en el diario. Romero declaró ayer ante un escribano público que yo ignoraba sus contactos con estos supuestos empresarios y la contratación del informe.

La intención del video está clara en las placas sobreimpresas con que viene acompañado. Pretende hacer creer que las publicaciones sobre los Eskenazi eran las que intentaban inducir esos financistas. Por lo tanto, serían falsas y responderían a un manejo turbio.

En el montaje se reproducen párrafos de las notas que se publicaron y que hacen referencia a esa familia. En una se afirma que la Anses estudiaba, en medio de la crisis de financiamiento de fines de 2008, realizar un aporte de fondos para YPF, como hacía con muchas empresas. En la siguiente se afirmó que el default de la transportadora de gas TGN se debió, entre otras razones, a la suspensión de un contrato de YPF.

La tercera publicación que se reproduce en el montaje afirma que YPF repartió durante 2008 $ 9700 millones en dividendos, gracias a los cuales los Eskenazi pudieron ir pagando la deuda contraída para comprar su participación en YPF.

La última nota refiere que, al presentarlos como los socios argentinos de Repsol, el presidente de esa empresa, Antoni Brufau, caracterizó a los Eskenazi como "expertos en mercados regulados".

Nada de lo publicado fue desmentido desde entonces. Y, en el caso de las tres últimas afirmaciones, la propia YPF consignó la información en documentos públicos.

El oficialismo es muy previsible en este tipo de ataques. Comenzó por un video montado en una cuenta de YouTube creada el día anterior, en la que también se divulgan agravios a Ernestina Herrera de Noble, principal accionista del Grupo Clarín. Siguió por la TV Pública y continuó en publicaciones paraoficiales, como El Perió dico Austral, de Río Gallegos, y los diarios El Argentino y BAE , de Sergio Spolsky. Canal 7 insistió en poner el montaje en el aire cuando ya había sido denunciado ante la Justicia como una adulteración injuriosa.

Mi papel en esta historia es ínfimo. Durante unos días me tocó ser el blanco del ataque mucho más amplio y sistemático que el Gobierno está dedicando al periodismo que cultiva el espíritu crítico y la búsqueda de la verdad. Es el modo en que entiendo este oficio, el que estimula LA NACION, y el que se ejerce desde tantas redacciones donde se defiende la existencia de una prensa independiente sin la cual no hay democracia.

El peor daño que podrían ocasionar agravios como el que sufrí es conseguir que el periodismo se embandere; que se interprete a sí mismo como una facción en guerra; que, atrapado en emociones agresivas, pierda el norte de su misión, que es superar los prejuicios para entender mejor y comunicar mejor.

Sin embargo, el que me dedicó el oficialismo se produjo en un contexto que lo vuelve aún más general. Al actuar como lo hizo, el Gobierno disparó contra sus propias filas. La exhibición en el canal oficial de un videomontaje hecho de manera anónima para intimidar a un periodista es un agravio a los diputados y senadores que votaron la ley de medios con la sincera convicción de que una mayor participación del Estado mejoraría la calidad de la comunicación. Es un ataque a los militantes, intelectuales y funcionarios que asistieron a los foros donde se discutió esa ley para defenderla de buena fe. A todos los que apoyaron y colaboraron, con sana intención, para que esa nueva norma aprobada, el Gobierno les agradeció con un producto que lleva su marca: usó la TV Pública para divulgar una pestilente operación de inteligencia.

Curiosa manera de reemplazar una ley de la dictadura. Inapreciable advertencia sobre lo que, tal vez, está por venir.

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