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El triple asesinato de Cipolletti (Nota I de II)

Acusan a una banda de traficantes de drogas

Información general

Las chicas habrían muerto en una fiesta, dijo un detenido

CIPOLLETTI.-Una organización dedicada a traficar drogas ilegales habría cometido el triple crimen de Cipolletti, revelaron a La Nación los investigadores del caso.

Según éstos, una asociación entre policías, delincuentes y tal vez comerciantes locales -al menos de acuerdo con un importante testimonio- habría asesinado a María Emilia y Paula González, y a Verónica Villar, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1997, y luego cubierto sus huellas con una falsa acusación a delincuentes menores, a los que se atribuyó la violación de las víctimas.

Claudio Kielmasz, uno de los dos detenidos bajo el cargo de haber participado en el triple asesinato, puso nombre y apellido a los miembros de esta banda en su declaración del 24 de agosto último, hasta ahora no publicada y a una de cuyas copias tuvo acceso La Nación . En ella afirma que las chicas murieron en medio de una fiesta de la banda tras una entrega de drogas y que al menos dos de ellas tenían una relación previa con algunos de sus integrantes.

La familia González, que ha impulsado una investigación paralela y marchas de protesta, cree que la dirección señalada por Kielmasz es la correcta y ha reclamado al juez del caso, Pablo Iribarren, que interrogue a los mencionados en la declaración.

Pero Iribarren no se anima a avanzar sin pruebas contundentes. Hace un año pagó un alto precio por anunciar la resolución del crimen, sin saber -según coinciden aún sus críticos- que sólo elevaba a historia oficial la versión construida para beneficiar a la banda asesina (ver recuadro).

La inquietud está en el aire. Francisco Yacopino, el comerciante de Cipolletti mencionado por Kielmasz, publicó el jueves último una solicitada en los diarios locales para rechazar toda imputación, pese a que ésta sólo se hacía en los corrillos: ningún medio había publicado su nombre.

"Nos estamos acercando peligrosamente a la verdad -advirtió José O´Reilly, abogado de la familia González-. No descartamos hechos de violencia física próximamente."

La fiesta

Kielmasz dijo que era vendedor de marihuana y cocaína para Francisco, Fernando y Claudio Yacopino. El primero es el dueño de una cadena de corralones muy conocidos en Cipolletti, con sucursales en la vecina Neuquén; los otros dos son sus hijos.

Según Kielmasz, Claudio lo reclutó y su padre le pagaba hasta 1000 pesos por mes por su trabajo como vendedor. A la vez, fue contratado como changarín en el corralón durante casi todo el año último para disimular, explicó.

Francisco Yacopino -dijo- le presentó al subcomisario Luis Seguel, al sargento Miguel Raylén y a un policía de apellido Yáñez, y le indicó que "a ellos debía acudir ante algún problema, que se manejara tranquilo porque nadie lo iba a tocar".

El 9 de noviembre de 1997 se iba a hacer una entrega importante -prosiguió- para la cual llevó a Marcelo y José Luis Arratia y a su hermanastro Miguel Angel Torres como custodios. Estaban allí Fernando y Claudio Yacopino, y los policías Seguel, Yáñez, Raylén y Germán Valdebenito, además del "dueño del boliche Faunus y otras personas que no conocía", según contó.

Se fue y volvió, y le dijeron que todos estaban borrachos y drogados. Se marchó de nuevo y regresó a las 21, para recoger a su hermanastro Miguel Angel Torres, que "le dijo lo que había pasado, y el dicente le dijo que no le creía, por lo que entonces fueron al lugar en la camioneta blanca de Yacopino que tenía el dicente en su poder. Cuando llegó a Los Olivillos (zona donde fueron encontrados los cadáveres), vio a las tres chicas, dice que para él las tres estaban muertas".

Según el relato de sus cómplices -declaró Kielmasz-, "durante la reunión Claudio Yacopino salió y dijo que iba a buscar unas chicas a Ferri", un lugar cercano, pero se encontró en el camino con las tres futuras víctimas, con las que volvió en un Gol rojo. Aclaró que por comentarios sabe que "Claudio conocía a Villar, con quien habría tenido alguna relación" y que "María Emilia González habría tenido una relación amorosa con Seguel".

"Parece que adentro hubo un problema -remató-, porque parece que Raylén quiso manosear a la más chica de las González", la única de las tres, según esta versión, que no tenía relación previa con el grupo. El "problema" habría derivado en los asesinatos.

El gran simulador

Kielmasz tiene el centro de la escena y parece disfrutarlo. En diciembre de 1997, llamó a Ulises González, padre de dos de las víctimas, y le dijo que sabía dónde estaba el arma asesina.

Aseguró llamarse Claudio Parra y haber visto por accidente cómo arrojaban un arma en un paraje poco frecuentado. Quería la recompensa de 50.000 pesos que se ofrecía entonces.

Los investigadores de la Policía Federal desconfiaron del relato y lo interrogaron. Kielmasz admitió que el arma -un revólver calibre 22 marca Bagual, en mal estado- era de su madre y que había servido de "campana" en el crimen, cometido, según dijo, por su hermanastro Torres y los hermanos Arratia.

Acabó preso. La Justicia no encontró suficientes pruebas contra los otros tres, aunque siguen bajo sospecha.

Desde entonces, Kielmasz ha dado seis versiones diferentes del crimen, en un marco de escepticismo general que impulsó a decenas de miles de personas a reunirse en la plaza de la ciudad al cumplirse un año del crimen.

Su última declaración, sin embargo, parece por primera vez haberse acomodado a la idea que tiene la familia, y buena parte de la sociedad cipoleña, sobre qué ocurrió realmente.

También confirma algunos puntos fuertes de la investigación, que se basa en la existencia de una mafia integrada por policías y civiles que obtenía dinero del tráfico de drogas y el negocio de los autos "truchos".

A partir de esta conexión, fue detenido el otro acusado en el caso, Guillermo González Pino, conocido estafador de buenas relaciones con la policía.

"Cipolletti es el corredor ideal para llegar a Neuquén, la ciudad más grande de la Patagonia -explicó una fuente de la investigación-. Con un puente de por medio, se cambia de juez y, sobre todo, de policía. Controlar este lado para vender en el otro es el negocio perfecto."

"Tenían armado a quién echarle la culpa"

El encubrimiento del triple asesinato de Cipolletti es parte fundamental del crimen y, según se sabía hasta ahora, había sido instrumentado por los policías de Río Negro que, al mando del subcomisario Luis Seguel, borraron huellas y desviaron la investigación hacia una falsa pista, dos "marginales" -como se los llama en la zona-, Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchumir.

Claudio Kielmasz (ver nota central) afirmó en su declaración del 24 de agosto que Francisco Yacopino, el comerciante al que denunció como parte de una banda de narcotraficantes, le dijo que "tenían todo armado a quién echarle la culpa. Dice que se trataba de acusar al Pelado Sepúlveda, ya que con éste habían tenido problemas y se habían tiroteado, porque había descubierto el desarmadero de El Treinta (un paraje cercano a Cipolletti) y quería meterse en la organización; y que éste era un buchón".

También dijo que las heridas que presentaban los cadáveres fueron provocadas "después de muertas para despistar" y que acordó con Yacopino "que daría los datos (falsos) en busca de la recompensa", a cambio de lo cual aquél le daría un abogado. Aseguró que sus declaraciones judiciales eran controladas por los policías rionegrinos y que aun preso se comunicaba con los Yacopino a través de teléfonos celulares.

Los investigadores sospechan que los encubridores han enviado a varios testigos falsos a entorpecer el caso.

¿Violación?

La presunta violación de las tres chicas asesinadas está en discusión. Los análisis realizados revelaron que no había semen en ellas y que, si bien habían mantenido relaciones sexuales antes de morir, no se podía determinar cuándo ni cómo.

Fuentes vinculadas con la investigación dijeron a La Nación que la autopsia original estuvo influida por la maniobra de encubrimiento, destinada a demostrar que un grupo de "marginales" había atacado a las chicas para violarlas. Peritos de la Policía Federal están convencidos de que la violación no existió. .

Gabriel Pasquini Enviado especial
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