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Se profundiza la controversia legal

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Especialistas en derecho constitucional consultados discrepan sobre la procedencia del fallo

Por   | LA NACION

La medida cautelar del fuero de familia que ayer suspendió la celebración del matrimonio entre dos hombres sumió en una polémica jurídica aún mayor la legalidad de ese tipo de uniones, la cual podría llegar a dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.

También planteó interrogantes sobre la procedencia de la medida dictada ayer por la jueza de familia Martha Gómez Alsina, así como también serios cuestionamientos sobre la competencia de la anterior magistrada, Gabriela Seijas, para decretar la insconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil.

Consultado por LA NACION, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que no compartía el criterio jurídico de Gómez Alsina. "La jueza es incompetente -argumentó-, ya que sólo un tribunal de apelaciones [y no de primera instancia como es el de ella] puede decidir una cuestión de competencia ante el conflicto que se presenta entre dos fueros. Además, se trata de una sentencia que ya estaba firme y que, por lo tanto, se está violando la cosa juzgada que es la base de la seguridad jurídica".

El profesor de Derecho Constitucional de la UBA, Gregorio Badeni, entendió, por el contrario, que la medida de la jueza civil está "jurídicamente muy bien fundada y es inobjetable".

Explicó que se pudo conceder la medida cautelar invocando una doctrina de la Corte Suprema de Justicia que, en el caso Aladi, entendió que los fallos con irregularidades manifiestas pueden ser revisados por otros magristrados. Además, cuando se fijó esa jurisprudencia, la Corte consideró que una persona también podía representar a un conjunto con una misma preocupación, ejemplo que, en este caso, según dijo Badeni, al alegar un interés colectivo, encarnan los actores Sabrina Lebed y Miguel Haslop.

"La figura invocada de cosa juzgada írrita es razonable y responde a un criterio de sensatez muy atendible: la jueza en lo contencioso administrativo era incompetente para resolver un planteo propio de la justicia civil o de familia", dijo.

Explicó que la medida no puede cuestionarse jurídicamente porque no resuelve ni opina sobre la cuestión de fondo (es decir, la legalidad de matrimonio entre dos personas de un mismo sexo). Sólo suspende la ceremonia y notifica al gobierno de la ciudad y a la pareja homosexual demandada para que puedan defenderse en el juicio. Ambos tienen ahora diez días hábiles de plazo para contestar.

Otro de los argumentos "incuestionables" que plantea Gómez Alsina, continuó Badeni, es que "existen tres tratados internacionales, con jerarquía superior a las leyes, conforme a los cuales el matrimonio sólo responde a la unión entre un hombre y una mujer. Y el Estado tiene la obligación de protegerlo".

Con un criterio jurídico similar, opinó Félix Loñ, especialista en derecho constitucional: "La figura jurídica de la que se vale la jueza es pertinente y precisa: hace lugar a una medida cautelar, ya que entiende que la anterior jueza era incompetente para decidir en causas de naturaleza civil".

El argumento de la jueza tiene verosimilitud, dijo Loñ, para quien "lo perentorio de la celebración de ese matrimonio justificaba la inmediatez con la que actuó la magistrada de familia".

Pero Loñ también criticó el proceder del Ministerio Público, que acató la orden del jefe de gobierno, Mauricio Macri, de no apelar la sentencia de Feijas: "Hubo allí una injerencia grave que afectó el esquema de división de poderes: Macri no puede darle instrucciones al Poder Judicial sobre lo que debe hacer, y menos, ordenarle". .

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