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Los dueños de la verdad

Cuando el disenso equivale a la manifestación de una perversión, existe el germen de un desarrollo autoritario

Domingo 27 de diciembre de 2009
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Cada vez que la Presidenta, o su decisivo esposo, ocupan la tribuna, dedican varios párrafos a la descalificación del adversario. Para ellos el disenso equivale a la manifestación de una perversión: están los que critican porque intentan defender algún pasado oprobioso, casi siempre dictatorial, o los que opinan distinto porque "quieren un país para pocos" o "no están en su sano juicio".

Detrás de estos mecanismos de refutación del adversario se esconde una concepción autoritaria de la política. Es la que supone que el derecho a conducir el Estado no se funda en una regla formal de validez -haber ganado una elección -, sino en la superioridad moral que otorga estar en posesión de una verdad. La humanidad vivió durante muchos siglos sometida a la idea de que el poder derivaba de un diseño objetivo de la realidad, casi siempre cifrado en un texto sagrado. No sólo las religiones, antes y ahora, intentaron fundar el orden profano en un más allá, sagrado. También el totalitarismo secular pretendió sostenerse en una verdad indiscutible, que se intentaba pasar por científica: sea la del predominio de una etnia sobre otras, o en la dictadura de una clase sobre otras. Quien pusiera en duda esa verdad ponía en peligro la organización social construida a partir de ese concepto sacralizado. Para esta visión de la sociedad y de la historia, la crítica es, siempre, subversiva. Y quien la formula debe ser, de un modo simbólico o físico, suprimido. Si el sistema se sostiene en una verdad y esa verdad está en poder del que gobierna, gobierno y sistema son la misma cosa.

La civilización occidental dio un salto gigantesco hacia adelante cuando separó el ejercicio del gobierno de la posesión de una sabiduría superior. Uno de los rasgos sobresalientes de la modernidad ha sido legitimar el poder a partir de procedimientos, no de dogmas de fe. El espíritu crítico, la libertad de expresión, el derecho a la defensa en juicio, la oposición institucionalizada, son valores que nuestra cultura derivó de ese principio: tener el poder no significa tener la verdad.

Cuando las sociedades olvidan esta premisa, comienzan a deslizarse hacia el autoritarismo. Si el que manda justifica su superioridad en ser el dueño de una explicación de las cosas más legítima que la del resto, pondrá poco cuidado en respetar los procedimientos. Se atribuirá facultades que el sistema jurídico no le confiere, como ocurre a diario con el diputado nacional Néstor Kirchner. O se sentirá justificado para decidir qué normas deben cumplirse y cuáles no, avasallando a los jueces, como sucedió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Quien cree poseer un saber absoluto, aspira a tener un poder absoluto. No debe extrañar, entonces, que una administración contaminada por estas desviaciones termine por agredir a la prensa. Ya se conoce, por la experiencia con las estadísticas económicas, qué solución encuentra el oficialismo para tratar con verdades inconvenientes. Es previsible, en consecuencia, que el Gobierno aspire a convertir al sistema de medios de comunicación en un gigantesco Indec. Y que castigue a quienes no se prestan a adulterar los datos, es decir, las noticias. Para una ideología que entiende que el Gobierno es depositario de una iluminación especial, la circulación de ideas distintas y el intercambio de mensajes variados son vistos como fenómenos de por sí corrosivos, desestabilizantes, destituyentes.

Como derivación de estas creencias, en la Argentina se está tipificando, paradójicamente de este modo, el delito de opinión. Y, al ser interpretada esa opinión discordante como golpe, como agresión, lo que se estimula es el contraataque y no el debate. Si se da por sentado que la palabra del otro está contaminada por su mala fe, en vez de discutir con él será mejor intervenirle el teléfono. Ese recurso policíaco no fue inventado por los Kirchner. Aún así, es llamativo cómo estas malas prácticas se han ido multiplicando a medida que el Gobierno se fue aislando más y más.

La combinación de rivalidad y falta de diálogo es la menos recomendable para la esfera pública. A quienes compiten, o se oponen entre sí, se les vuelven cada vez más borrosas las motivaciones y la imagen del que tienen enfrente. Terminan por suponerlas. Es cada vez más frecuente que los dirigentes argentinos incurran en errores garrafales cuando explican el comportamiento de sus adversarios. Si no se sabe qué piensa el otro, no se sabrá qué hará ni qué es capaz de hacer el otro. En vez de acotar el azar, en vez de reducir los factores imponderables, que es su misión, la política termina generando caos. He aquí una razón profunda para explicar por qué en nuestro país el largo plazo se mide en días. La intolerancia está dejando al país sin horizonte.

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