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¿Puede durar un gobierno no peronista?

Andrés Malamud Para LA NACION
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4 de enero de 2010  

LISBOA.- Refiere la mitología argentina que los radicales no saben gobernar y que los peronistas no dejan gobernar. Hay quien absuelve a la mitología y culpa a la historia por eso. Aunque las causas sean polémicas, los hechos parecen incontrovertibles: los gobernantes que no son peronistas tienen dificultades para respetar plazos constitucionales, y siempre hay algún peronista dispuesto a sacrificarse para terminarlos en su lugar. Y continuar. Pero un pasado reiterado no es un futuro condenado: todo depende del aprendizaje y el planeamiento. Es decir, de la capacidad de no repetir viejos errores y de anticiparse a nuevos problemas.

El próximo presidente, para completar su mandato, deberá asegurarse el control de cuatro áreas estratégicas: la agenda mediática, el proceso de las decisiones, el presupuesto y el espacio público. El primero lo disputará con los grandes medios de la Capital; el segundo, con el peronismo en el Congreso; el tercero, con los gobernadores provinciales; el cuarto, con los intendentes del conurbano, los sindicatos y las organizaciones piqueteras.

Con tantos desafíos por delante, mañana es tarde para pensar la estrategia del gobierno que viene.

Como la experiencia del Frepaso lo ilustra, ganar la simpatía de los grandes medios no compensa la debilidad en las demás áreas. Y, notablemente, las otras tres estarán bajo control total o parcial del peronismo. El corolario es que habrá que negociar acuerdos. Y éstos sólo serán viables si incluyen cierto grado de impunidad y contraprestaciones materiales. Para dolor del alma, la gobernabilidad exige políticos, en vez de santos.

Habrá que elegir el método: concesiones dolorosas hechas por ley y a la luz del sol, como en 1983, o acuerdos vergonzantes realizados por debajo de la mesa, como en 1999.

Ninguna de las dos experiencias fue exitosa, pero la tercera opción es la intransigencia. Y los profetas que no se suicidan terminan en la hoguera.

La responsabilidad obligará a elegir el mal menor, porque hay un riesgo más grave que negociar con el peronismo: que la calle lo desborde y no haya con quién negociar. Visto que el actual gobierno está perdiendo el control del espacio público y que la experiencia de 2001 a 2003 demuestra la fragilidad institucional de quien ose reprimir, la calle tiene las de ganar. La única opción para la gobernabilidad es alejar al gobierno de la calle. Es decir, sacarlo de Buenos Aires.

El impacto de las protestas populares sobre la estabilidad presidencial, según muestran los estudios comparados, se magnifica cuando el gobierno reside en la ciudad más populosa de un país. En América latina predomina la tradición imperial europea, que identifica a la capital con la ciudad más importante, sea por demografía, por economía o por historia. En cambio, en otros países, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, la India, Sudáfrica y Brasil, la capital es una ciudad joven, menos poblada y, muchas veces, construida especialmente.

Masivas manifestaciones callejeras en las grandes urbes pueden causar conmoción social y problemas de seguridad, pero no afectan al régimen político, dado que las autoridades residen en otro lugar. En la Argentina, la antigua idea del traslado de la capital cobraría, así, un nuevo sentido: no sólo contribuiría al desarrollo económico y a la descentralización administrativa, sino también a la estabilidad política. Si una manifestación, organizada o no, decidiera aislar o incendiar la ciudad de Buenos Aires (¡ojalá que Luis D´Elía no lo quiera!), el país no caería con ella. Aunque, virtuosamente, la residencia oficial en Viedma o en Río Cuarto retiraría los incentivos para incendiar Buenos Aires: voltear intendentes no tiene el mismo glamour que echar presidentes.

El traslado de la Capital beneficiaría así, también, a los porteños. Por supuesto, esta decisión tendría que tomarse con el acuerdo de sectores significativos del peronismo.

En gran parte del espacio no peronista se sigue considerando la moral como base de la acción política. Se exige pensamiento y trayectoria para designar a un candidato, como si los valores personales pudieran compensar la falta de estrategia colectiva. Ese análisis contribuyó al fin del menemismo, pero sólo para demostrar que las cruzadas morales son un viaje de ida.

La moralina opositora constituye la versión especular de la voluntad política oficialista: la creencia de que un hombre o una mujer decididos pueden imponer un cambio sustentable con independencia de las limitaciones estructurales, la negociación y el acuerdo con otros actores. Destáquese que la negociación y el acuerdo son recursos de gobierno y no figuras retóricas como sus primos emasculados, diálogo y consenso. Para extrañeza de los observadores extranjeros, en el debate político nacional raramente se plantean con profundidad los ejes que estructuraron la Argentina moderna: gobernabilidad y desarrollo (o, como los llamaban en la década fundacional de 1880, paz y administración).

La magnitud del desafío es enorme, y la responsabilidad de gobierno exigirá decisiones fuertes y medidas antipáticas. Pero más antipático sería no terminar el mandato popular. Ya pasaron 80 años desde 1928: es tiempo de que un no peronista aprenda a culminar un período constitucional.

El autor es politólogo argentino, profesor en la Universidad de Lisboa

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