Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Afirman que no está garantizado plenamente el servicio de justicia

Según el presidente del Colegio de Magistrados de Buenos Aires, es por falta de recursos

SEGUIR
LA NACION
Lunes 22 de febrero de 2010
0

LA PLATA.- El panorama en el Poder Judicial que describió el presidente del Colegio de Magistrados de la provincia y vicepresidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Carlos Lami, es crítico. En una entrevista con LA NACION dijo que en el país se inician cuatro millones de causas por año, que no hay suficientes recursos para garantizar plenamente el servicio de justicia y que los jueces no están lo suficientemente preparados.

Lami, además, cuestionó al gobierno nacional y dijo que en varias oportunidades existió un avasallamiento del gobierno de Cristina Kirchner sobre el Poder Judicial.

-¿Hoy puede garantizarse el servicio de justicia?

-No puede garantizarse plenamente. El Poder Judicial es el pariente pobre del Estado, la Cenicienta. En las épocas de bonanza, no se acuerdan de nosotros, pero en las épocas de vacas flacas, entonces, sí, somos socios en la penuria. Este momento, en que parece que el agua nos llega al cuello, lo padecemos en particular en el Poder Judicial, porque los reclamos sociales están referidos a la inseguridad, a la falta de celeridad en la Justicia. Pero la inseguridad no es un tema del Poder Judicial, es un tema del Poder Ejecutivo, que aplica las leyes, y del Poder Legislativo, que las crea.

-¿Cuántas causas ingresan por día en la Argentina?

-En el ámbito nacional, ingresan cuatro millones de causas nuevas por año, de las cuales un millón novecientos son del fuero penal.

-¿Y en la provincia de Buenos Aires?

-La provincia debe tener el 40 por ciento de magistrados y funcionarios de todo el país y la mitad de la litigiosidad.

-¿Qué porcentaje de causas penales es elevado a juicio?

-Creo que es un diez por ciento.

-El 80 por ciento de los presos bonaerenses no está condenado, y hay causas que demoran décadas en resolverse.

-Hay una gran cantidad de causas que colman los tribunales, por eso hay que procurar desactivar esa cantidad de expedientes. Desde la Federación decimos que la solución de estos temas pasa por tratar de descomprimir la cantidad de causas que llegan a la Justicia.

-¿Qué opina sobre la idea que promueve Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad?

-Es una alternativa, pero tiene que ir sumada a la inclusión social.

-¿Usted está de acuerdo con esa alternativa?

-Hay un debate ideológico muy profundo. En este momento, en el país, no se puede dar. Pasó lo mismo en el ámbito civil. Siempre pedimos que bajaran la mayoría de edad de 21 a 18, pero yo no sé si es este momento más adecuado porque tampoco hay ámbitos de reeducación del joven.

-¿Qué opina del proyecto de ley para endurecer el régimen contravencional?

-Habrá que ver, porque no lo conocemos. Como dijo el gobernador: «Me cuestionan el proyecto y no lo conocen».

-Pero usted puede tener una posición formada sobre si es necesario endurecer esa ley.

-Básicamente no estamos de acuerdo con que se deleguen atribuciones a la policía, pero habrá que ver el contenido.

-¿Cree que hoy está garantizado el acceso igualitario a la Justicia?

-No está garantizado por falta de cultura, por falta de medios, hay gente que no puede pagar un colectivo para ir a tribunales. Se debe trabajar en eso y estamos trabajando desde la Comisión de Acceso a la Justicia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-Usted ha responsabilizado a los poderes Ejecutivo y Legislativo por los males que habitan la Justicia, ¿cuáles son las fallas del Poder Judicial?

-Una falla crónica es la falta de actualización en los programas de gestión judicial. Instruir a los agentes, a los jueces, a los funcionarios públicos sobre la mejor gestión de un expediente. Otra cosa que está faltando es que el Consejo de la Magistratura de la provincia de una vez por todas ponga en funcionamiento la Escuela Judicial. Hace dos o tres años, se dijo: «Nace una escuela», y nunca nació.

-Entonces, a los funcionarios judiciales les falta preparación.

-Les falta preparación porque no se los actualiza.

-Se suele cuestionar a los jueces por liberar a personas que luego cometen delitos, como los casos de los jueces Nicolás Schiavo, que excarceló a un hombre que mató a toda una familia, y Rafael Sal Lari, que dejó en libertad a Mario Vitete Sellanes, uno de los acusados del robo al Banco Río de Acassuso?

-En estos dos casos, usted fíjese que estos dos jueces liberaron a unas personas, pero aplicando la ley. Después los legisladores cambiaron la ley. Quiere decir que la ley no era lo ajustada que debía ser. A Schiavo le pidieron el juicio político por ese desgraciado hecho, pero se apreció después de la prueba que había aplicado la ley y entonces se desistió de seguir con el enjuiciamiento.

-¿Hay una estadística que lleven desde las entidades de las que forma parte sobre las irregularidades cometidas por funcionarios judiciales?

-En los casos en los que ha habido faltas, se hicieron las denuncias. No se olvide usted, y yo se lo dije a Aníbal Fernández, que en la provincia de Buenos Aires hay una Corte que tiene una oficina de control judicial; hay una procuración, que tiene un cuerpo de inspectores; hay una secretaría de enjuiciamiento, que son los que se ocupan, mal o bien, de examinar la conducta de quienes cometen algún desvío.

-¿Usted cree que se ocupan bien o mal?

-Yo creo que se ocupan bien, por eso en su momento criticamos cuando el ministro Fernández fue a pedir el juicio político de jueces provinciales, porque entendimos que hay que respetar el artículo 5° de la Constitución Nacional, que dice que cada provincia organiza su justicia autónomamente. Muchas veces el juicio político es utilizado como una herramienta para torcer la voluntad de los jueces.

-En Tandil, un grupo de familiares de presuntas víctimas de abuso sexual denunciaron a funcionarios judiciales por aparentes irregularidades cometidas en las causas.

-El tema de Tandil a nosotros nos parece que se ha sobredimensionado. Lo que hay en concreto son denuncias respecto de una menor que la habría retenido el padre porque la acusa a la madre de haber cometido actos sexuales de abuso. Esto lo llevaron al ámbito nacional, al Ministerio de Justicia y a la Jefatura de Gabinete, que dio traslado a la Procuración y la investigación está en este ámbito. Si hay alguien a la que se le ha provocado un daño, ha sido a la menor.

-Se sospecha que funcionarios judiciales de Olavarría habrían torcido investigaciones judiciales para favorecer al abogado asesinado Marcos Alonso.

-Para investigar esos casos están los órganos de control de la Corte.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Las más leídas