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Fuera de la ley

Cristina Kirchner procura intimidar y avasallar al Poder Judicial, al tiempo que anuncia que no acatará sus fallos

Miércoles 10 de marzo de 2010
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La investidura presidencial otorga a las palabras y los silencios de quien la ocupa un peso mayúsculo. Más aún si la palabra presidencial es pronunciada ante el Congreso, como fue el caso del discurso efectuado por la Presidenta en la reciente inauguración del período de sesiones ordinarias.

En ese discurso, transmitido por la cadena nacional, Cristina Kirchner no sólo llevó su enfrentamiento con el Poder Judicial a su estado de máxima tensión, sino que agravió a la Justicia e insólitamente, y sin brindar la menor prueba, indicio ni precisión, formuló una gravísima acusación al señalar que hay jueces cuyas sentencias están tarifadas.

Tal imputación revestiría gravedad en boca de cualquier persona que la formulara en forma pública, pero en boca de la Presidenta constituye, además de un hecho sin precedente, un ataque a todo el Poder Judicial, pues, al no nombrar a los jueces que supuestamente cobrarían por sus sentencias, dejó que la sospecha pendiera sobre todos ellos.

Primero, la Presidenta reclamó a la Justicia que actúe "con independencia de los poderes político y económico concentrados", y luego sostuvo que "están tabulados los precios de las excarcelaciones o eximiciones de prisión", posibilitando que "los criminales entren por una puerta y salgan por la otra".

Puesto que la Presidenta no dijo lo que dijo en forma potencial sino asertiva, de atenerse a sus palabras cabe deducir que a ella le consta ese hecho ilícito. En este sentido, incurrió en el delito de omisión de denuncia, pues todo funcionario está obligado a denunciar la presunta comisión de un ilícito.

En cambio, si lo que dijo no es cierto, ha mentido, y esa mentira en boca de la cabeza del Poder Ejecutivo, pronunciada ante el Congreso y difundida por la cadena oficial, constituye una presión directa sobre los funcionarios judiciales.

Sus dichos le valieron, además de la crítica unánime de la oposición y de las entidades de magistrados y funcionarios judiciales, una denuncia penal en la que el fiscal federal Federico Delgado ya pidió que la Presidenta declare como testigo.

Pero el ataque de Cristina Kirchner al Poder Judicial no terminó allí. Cuatro días después, durante un acto en el que su discurso también se propaló mediante la cadena oficial, sostuvo que hay jueces que "cometen un abuso de poder" y "pareciera que están alquilados", al tiempo que agregó: "No voy a permitir que un juez defaultee la deuda".

Se refería a la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien había invalidado el último decreto de necesidad y urgencia con el cual la Presidenta burló al Congreso para apropiarse de parte de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa. En este mismo discurso también se refirió a la vida privada de la magistrada con la fallida intención de agraviarla, en una clara práctica fascista.

Estas actitudes inauditas e intolerables se suman a una larga serie de golpes mediante los cuales el Ejecutivo ha procurado someter e intimidar a los magistrados. Por ejemplo, cuando un patrullero se instaló en la puerta de la jueza María José Sarmiento, quien también había fallado en contra de las intenciones presidenciales. O cuando el jefe de Gabinete ordenó a un comisario que impidiera a un juez dar cumplimiento a una sentencia de cámara. O cuando el Gobierno emplea la televisión para atacar con nombre y apellido a jueces que fallaron en contra del Estado. O cuando el Poder Ejecutivo defiende a magistrados como Federico Faggionatto Márquez, acusado de gravísimos hechos delictivos y sometido actualmente a juicio político.

Es cierto que la sucesión constante de discursos de la Presidenta en los que emplea un tono de barricada ha devaluado en forma constante el valor de su palabra. Pero los discursos a los que nos referimos colman toda medida en lo que se refiere al avasallamiento de otro poder y al agravio a los magistrados.

Pero hay también otro aspecto tanto o más grave. Al anunciar públicamente que no acatará el fallo de la jueza Rodríguez Vidal, la Presidenta se ha colocado por encima de la ley. Tal vez crea que su investidura se lo permite, pero lo que ha hecho es pura y simplemente confesar que cometerá un delito, pues en eso consiste no acatar un fallo judicial.

El comunicado emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia, en el que se insta a quienes tienen responsabilidades de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio, al tiempo que considera indispensable reafirmar los objetivos del Preámbulo de la Constitución y recurrir al diálogo institucional, debería ser leído muy detenidamente por la titular del Poder Ejecutivo antes de colocarse definitivamente fuera de la ley.

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