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Hacia un cambio de paradigma

En La guerra contra las drogas en el mundo andino (Zorzal), compilado por Juan Gabriel Tokatlian, los autores reexaminan la actual estrategia antidrogas. Aquí, un fragmento

Domingo 21 de marzo de 2010
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Recientemente, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo, e integrada por 17 personalidades, concluyó que la "guerra contra las drogas" ha sido una "guerra perdida" con enormes costos de todo tipo para la región. En buena medida, lo que parece subyacer a la tenaz insistencia en políticas públicas antidrogas fallidas es la noción de que, en últimas, se trata de una lucha cultural -una suerte de kulturkampf - contra los narcóticos, tanto en el centro como en la periferia. En breve, el mundo abrazó el prohibicionismo hace años y hoy es imperativo desmantelarlo paso a paso en los países más y menos avanzados por igual, si es que se quiere replantear seriamente la "guerra contra las drogas".

Ahora bien, existen algunos lugares comunes que caracterizan las políticas públicas antidrogas en la región y el mundo. Uno de ellos es la presunción de que se dispone de dicotomías categóricas en cuanto al fenómeno de los narcóticos. Una de las más comunes diferencia los "países productores" de los "países consumidores". Así entonces, Latinoamérica es vista, por ejemplo, como el epicentro donde nace la oferta de drogas, y Estados Unidos y Europa son los polos desde donde surge la demanda. Este tipo de mirada vela el hecho de que Estados Unidos es en la actualidad el principal productor mundial de marihuana, que Holanda y Bélgica son hoy los mayores productores mundiales de éxtasis y que, en conjunto, las naciones de América del Sur configuran en el presente el tercer mercado mundial respecto al consumo de cocaína. Separaciones semejantes se realizan, tácita o explícitamente, entre "países de tránsito", "países que venden precursores químicos", "países que lavan activos del narcotráfico", "países que proveen armas ligeras" y sus respectivas contrapartes. Ese tipo de segmentación no ayuda a comprender la intrincada naturaleza contemporánea del asunto de las drogas. Lo importante es observar, entender y explicar cómo opera global, hemisférica y regionalmente el negocio transnacional de las drogas, de qué modo se asienta en cada espacio geográfico nacional ese emporio ilegal y hasta dónde ha permeado en el plano local el avance del narcotráfico y del crimen organizado que se nutre de él.

De hecho, la segmentación dicotómica en el frente de las drogas sólo refuerza equívocos y estereotipos en los países desarrollados y en las naciones en vías de desarrollo. Entre los primeros, persiste la idea de una muralla entre un "afuera" (caótico y agresivo) y un "adentro" (estable y controlable), la noción de que ellos son conscientes del perjuicio que implican las drogas, pero que muchos en la periferia no lo son suficientemente, y la tendencia a estigmatizar a los países, por ejemplo, con el calificativo de "narco-democracia" o "narco-Estado". Entre los segundos subsiste la idea de que los países centrales tienen un permanente doble estándar, la noción de que las naciones periféricas son las reales víctimas de las políticas de prohibición, sea en su variante más belicosa de Estados Unidos o en su matiz menos agresiva de Europa, y la tendencia de muchas elites internas a no asumir las responsabilidad que les cabe por el auge descontrolado del narcotráfico. En suma, esa división artificiosa alienta la perpetuación de políticas individuales defectuosas, inhibe la colaboración interestatal y refuerza un bajo nivel de rendición de cuentas en lo doméstico y lo global.

Otro lugar común remite al ámbito de las consecuencias. Se asume que toda política punitiva provoca efectos no advertidos o indeseados. Tanto detractores como defensores de la estrategia antidrogas vigente en el mundo aseveran que la aplicación de algunas medidas coercitivas genera imponderables y conlleva costos imprevistos. Así entonces, se habla -en clave anglosajona- de side effects , collateral damage , unintended results , entre otros. Sin embargo, después de tanto tiempo de implementación de las mismas políticas con idénticos resultados magros y análogos efectos desafortunados es momento de cuestionar frontalmente y replantear definitivamente el argumento de las consecuencias imprevistas. Es decir, los que adoptan decisiones ya han incorporado en sus cálculos las derivaciones indeseables y, a pesar de ello, persisten en ponerlas en práctica. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia no prevista, sino de convencimiento político: no existe ninguna conspiración premeditada, sino una naturalización de que los daños son inevitables. Y, obviamente, esos daños o costos los deben asumir otros: los más débiles y vulnerables en la cadena del lucrativo negocio de las sustancias psicoactivas ilícitas, los países menos dotados y poderosos en la economía política del narcotráfico, y las regiones más fragmentadas y frágiles en la geopolítica de las drogas.

Responsabilidades compartidas

Esos -entre otros- lugares comunes han contribuido a desarrollar y legitimar un paradigma que alimenta la continuidad de la "guerra contra las drogas". Si bien el papel de Estados Unidos fue decisivo en el proceso de imposición de esa "guerra" en la región, la dinámica alcanzada por ésta tiene una responsabilidad compartida: la presión de Washington es una condición necesaria pero no suficiente; América latina abrazó ese paradigma y no lo ha dejado o superado. Más allá del grado de convencimiento y compromiso de la región en la "guerra contra las drogas", sus presupuestos, parámetros y prácticas han informado la estrategia aplicada en el área.

Los componentes conceptuales básicos de la misma son los siguientes: a) en la medida en que se ha aceptado, tácita o explícitamente, que el fenómeno de las drogas nace de la existencia de una oferta, las acciones principales de los gobiernos se destinan a desmantelar los eslabones vinculados a la producción, procesamiento, la provisión y el tráfico de las sustancias psicoactivas ilícitas; b) en razón de que este fenómeno constituye un problema de seguridad más que un problema de salud se hace hincapié en su combate firme mediante la participación activa no sólo de la policía sino también de las fuerzas armadas, y c) dado que se supone que la confrontación contra los narcóticos exige una atención especial y una concentración de esfuerzos no se concibe ensayar alternativas distintas a la "mano dura".

Lo anterior, a su turno, condujo a una serie de políticas públicas concretas: 1) la erradicación de los cultivos ilícitos; 2) el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes; 3) la militarización de la lucha antidrogas; 4) la criminalización de toda la cadena interna ligada al negocio de los narcóticos; 5) la aplicación de la extradición de nacionales (en especial, hacia Estados Unidos), y 6) el rechazo a cualquier iniciativa pro legalización de drogas.

En ese contexto, el mundo andino ha sido el laboratorio para el ensayo reiterado y ruinoso de aquella guerra irregular contra las drogas mediante la aplicación del repertorio de políticas mencionadas.

© LA NACION

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