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Contrabando

La venta de autos diplomáticos va a juicio

Política

No pagan las tasas por importación

Un ex funcionario de la Cancillería y un empresario enfrentarán un juicio oral por contrabando en la causa en que se investiga el ingreso en el país de automóviles con franquicias diplomáticas.

La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Jorge Brugo y alcanza al ex funcionario de la Cancillería Jorge Matas y al empresario Ricardo Manrique, acusados por "contrabando agravado". El delito por el que los acusados serán juzgados prevén penas que van de los 4 a los 10 años de prisión.

A Matas se le imputa haber autorizado en el ingreso en el país de 11 vehículos con franquicias diplomáticas marca Hummer, Porsche, BMW y Lexus. A Manrique se lo acusa de haber comercializado algunos de esos vehículos a través de su firma Manrique Automotores.

"Matas habría tomado parte en los actos de otorgamiento de la franquicia en violación a las normas vigentes y habría autorizado la nacionalización de dicho rodado mediante el otorgamiento de un certificado con datos falsos que se presentó en la Aduana, burlándose a través de tal accionar el debido control aduanero", sostuvo el juez en el pedido de elevación a juicio.

Según el auto de elevación a juicio, de unas 70 páginas, se ha "desnaturalizado el régimen de franquicias diplomáticas", pues los beneficios especiales "desde un principio habrían sido tramitados con miras a comercializar en plaza el automóvil".

La elevación parcial a juicio había sido pedida a fines de 2009 por la fiscal en lo penal económico María Luz Rivas Diez, la misma que lleva adelante la investigación por la valija con 800.000 dólares que pretendió introducir al país el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

La causa se inició por una denuncia que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó tras una auditoría interna que detectó irregularidades en el otorgamiento de franquicias para el ingreso en el país de autos diplomáticos.

La maniobra detectada consiste en que cientos de vehículos importados por diplomáticos eran nacionalizados en forma gratuita y antes del plazo mínimo legal, que nunca es inferior a nueve meses desde su ingreso en el país.

La normativa vigente en ese momento establecía que si querían nacionalizar el auto y venderlo, los diplomáticos debían pagar los impuestos de los que se los había eximido al importarlo, un monto superior al 50 por ciento del valor del coche. El auto se entregaba a un intermediario que lo vendía en el mercado. .

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