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Una base de datos clave para hallar vínculos entre causas

Funciona en una unidad fiscal; objeción al consentimiento de las víctimas

Domingo 28 de marzo de 2010
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Desde su cargo como titular de la unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Marcelo Colombo, de 43 años, tiene la misión de perseguir a las organizaciones transnacionales que se dedican a una actividad delictiva que, en la actualidad, moviliza más dinero que el tráfico de armas.

Durante el último año y medio, el fiscal, que trabajó durante nueve años en la Oficina Anticorrupción, se dedicó, entre otras cosas, a conformar una base de datos que le permitiera centralizar la información sobre todos los acusados que fueron detenidos en diversas partes del país por tráfico de personas y por explotar prostíbulos en los que había mujeres en estado de esclavitud.

Esta base de datos permitió al fiscal armar distintos cuadros de relaciones entre los sospechosos que, hasta ese momento, figuraban como actores solitarios en denuncias que se investigaban por separado.

"Tras reunir toda la información, descubrimos vínculos entre distintos casos y comenzamos a investigar a los acusados como integrantes de bandas", explicó Colombo después de un alegato de una hora y media en el que pidió que el Tribunal Oral Federal N° 1 condenara a diez años de cárcel a un matrimonio por tráfico de personas.

Engaño

Cuando llegó el momento de las réplicas, Colombo respondió indignado el alegato del defensor de un matrimonio boliviano, que pretendió instalar la idea de que las menores secuestradas por los acusados, en realidad, habían encontrado la oportunidad de "abandonar la miseria de Sucre y así poder trabajar en las verdulerías [de sus clientes], en una ciudad como Buenos Aires".

El fiscal puso énfasis en cómo el matrimonio había engañado a las chicas, de entre 14 y 16 años, que conocieron en un mercado de Sucre y que trasladaron a la Argentina haciéndolas pasar por la frontera con documentos falsos.

"Se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las jóvenes. Les prometieron que les iban a pagar 500 pesos y, en realidad, nunca les pagaron nada, las hacían trabajar 18 horas por día, las tenían amenazadas; a una de ellas le pegaban y les retuvieron los documentos", afirmó Colombo en su alegato. Según el fiscal, el acierto de la ley 23.364, que castiga la trata de personas, fue haber posibilitado que el delito tuviera un tratamiento federal. No obstante, en el momento de comenzar a investigar algunas denuncias, encontró una serie de inconvenientes.

"Sería bueno revisar la cuestión del consentimento de la víctima del delito de trata de personas que es mayor de edad", dijo Colombo.

Otros de los problemas con los que se encontró el fiscal es la dificultad para que las mujeres que fueron sometidas a una situación de trata se asuman como víctimas.

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