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El modelo causa desigualdad, dicen la Iglesia y empresarios

Lo expondrán en un texto conjunto la semana próxima; estarán la industria, bancos, el agro y las pymes

Martes 06 de abril de 2010
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LA NACION
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La pobreza y la inequidad son la consecuencia de un modelo que no hace una distribución equitativa de la riqueza. Hay que controlar la inflación, que daña a los sectores pobres, pero sin caer en el ajuste; respetar y hacer respetar las leyes, y fomentar, mediante el ejemplo ético y moral, un cambio cultural para que los argentinos sean, de una buena vez, honestos. Crear una especie de "Plan Marshall" para rescatar a los jóvenes de la droga y el hacinamiento y, tema controvertido si los hay, aplicar una reforma impositiva del régimen de coparticipación federal.

Por primera vez desde que Néstor Kirchner llegó al poder, estos conceptos estarán en un documento que será firmado por un extenso arco empresarial. El obispo Jorge Casaretto, presidente de la Pastoral Social, se encargó personalmente de la cuestión y empleó, a tales efectos, los primeros tres días de la última Semana Santa: habló el lunes con Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); el martes, con Jorge Brito, de la asociación de bancos de capital privado nacional (Adeba), y el miércoles, con Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Todos comprometieron su respaldo, además de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y la Universidad Católica Argentina (UCA). Por estas horas lo analizan la CGT y la CTA.

El texto, titulado "La pobreza: un problema de todos", será firmado el 14 de este mes en el Episcopado y es terminante sobre temas ríspidos. Consigna, por ejemplo, que "el hambre es la cara más atroz de la pobreza" y que los firmantes creen que "su erradicación en la Argentina sí es posible, y en el corto plazo". No faltarán seguramente, en los próximos días, intentos de la Casa Rosada para disuadir a las entidades más afines. "Si este documento trasciende y es mostrado en los diarios como crítico del Gobierno, seguramente la CGT no va a estar", evaluó ante LA NACION uno de los empresarios que prometieron unirse.

La iniciativa corresponde en realidad al foro De Habitantes a Ciudadanos, que pertenece a la Comisión de Justicia y Paz, creada por la Conferencia Episcopal Argentina y conducida por Eduardo Serantes, director de Cazenave & Asociados, uno de los principales pooles de siembra del país.

Los párrafos más contundentes del documento, que reconoce que el país ha mejorado sus condiciones sin erradicar la pobreza, son los que definen las causas de esa inequidad: "Aun cuando se han aplicado políticas con enfoques diferentes, no se ha eliminado el problema que es de larga data, y hasta en los períodos de crecimiento económico la brecha entre ricos y pobres no ha disminuido significativamente. No obstante todos los intentos realizados, las situaciones de pobreza e inequidad continúan no como consecuencia indeseada de la estructura económica, sino como el resultado de un modelo económico que no realiza una distribución equitativa de la riqueza y una síntesis entre crecimiento económico y desarrollo social".

La pretensión de los firmantes es declarar a la pobreza una "emergencia nacional". Piden, entre otras acciones, "controlar la inflación, que tanto daño hace en particular a los sectores más pobres, sin caer en las políticas de ajuste que han mostrado un gran fracaso y la fractura social"; "velar por la salud y la seguridad de la población, sabiendo que en el largo plazo la mejor política de seguridad es lograr una sociedad más justa e integrada"; "garantizar la independencia de las provincias y municipios", "respetar y hacer respetar las leyes", y "fomentar un cambio cultural dando un ejemplo ético y moral, promoviendo la honestidad, la cultura del trabajo, la cooperación, la transparencia y credibilidad, evitando el clientelismo y el asistencialismo".

Daño de la corrupción

Cuestionan, además, valores sociales y morales compartidos en estos días por la sociedad que propician, dicen, "el incumplimiento de nuestros deberes [...], relegando en el olvido el bien común, relativizando el daño social implícito en la corrupción, la evasión impositiva, la contratación de empleo sin registrarlo y la aceptación del mismo por parte de los trabajadores, y el clientelismo de cualquier índole".

Uno de los últimos puntos hace una breve descripción de la situación actual: advierte sobre un "núcleo de pobreza estructural", los trabajadores en negro, "el crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres" y el "número creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan".

Se reclaman, sobre el final, políticas para ser instrumentadas entre 2010 y 2016:

Una reforma del sistema educativo, "con una profunda revisión de los contenidos de cada ciclo de enseñanza para lograr una educación en valores tal que permita la atención de las zonas más necesitadas, con la capacitación adecuada de los docentes".

La universalización de las asignaciones familiares para que la medida se extienda a los hijos de quienes trabajan en negro.

Una política de desarrollo de infraestructura urbana y rural.

La masificación de los sistemas de microcréditos a cuentapropistas.

Un "Plan Marshall" para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento y, a la vez, para fortalecer a las familias en riesgo. "La clave aquí es generar una red de tutores creíble para los jóvenes", dice el documento.

Una reforma de las áreas sociales estatales que permita "poner en marcha políticas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones".

Una reforma impositiva "que establezca una coparticipación federal que tenga en cuenta el principio de subsidiariedad".

"Mayor involucramiento de la sociedad civil".

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