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La batalla por la TV digital

Silvana Giudici Para LA NACION

Viernes 23 de abril de 2010
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La confrontación del gobierno nacional con los medios de comunicación está llegando a niveles difíciles de imaginar dentro de un sistema democrático. El clima alrededor de la marcha en favor de la ley de medios hizo subir varios grados el conflicto. El Gobierno jugó fuerte por la movilización, a través de millones de pesos en spots televisivos canalizados a través del fútbol, que no es de todos ni es gratis. La convocatoria televisiva fue firmada por la Coalición por la Radiodifusión Democrática, pero es indudable que el aparato del Estado invirtió recursos y logística en esta nada sutil estrategia de "apriete" a la Justicia.

Los manifestantes llevaban carteles de alto calibre contra los periodistas y los medios. La ciudad amaneció empapelada con afiches de corte fascista que exponían a periodistas de reconocida trayectoria. La agresión a Fernando Bravo y a periodistas de Perfil, en los alrededores de la marcha, añadieron más tensión a una semana que había empezado con el jefe de Gabinete enfundado en una remera grosera y ofreciéndoles dinero a los "militantes blogueros K" por intervenir en la Web a favor del Gobierno.

Es evidente que para el Gobierno la suspensión de la ley de medios es un obstáculo para su política de eliminación y/o cooptación de determinados medios de comunicación. Por eso se han desplegado nuevas estrategias para avanzar en ese objetivo, aun con la ley suspendida. En los últimos días se apuran las medidas para la puesta en marcha del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Desde la sanción del decreto 943/09, el 22 de julio de 2009, y del 1148/09, de septiembre del mismo año, vengo advirtiendo que la intención del Gobierno es anticiparse creando una plataforma digital estatal para la prestación de la nueva tecnología. Eso condicionará el futuro de la TV digital en nuestro país y multiplicará por cuatro, en principio, los canales oficiales.

De esta manera, el Gobierno se asegura más vías en busca de su hegemonía comunicacional y, además, pone en marcha una operación que arrojará suculentos beneficios para los empresarios llamados a construir el equipamiento necesario. Hablamos de más de mil cuatrocientos millones de pesos por salir de las arcas públicas, destinados a constituir una red conformada por 47 plantas retransmisoras, 150 transmisores y 1.200.000 decodificadores de un valor aproximado de $ 800 cada uno, más su correspondiente antena hogareña receptora, incluyendo los costos de producción de contenidos y mantenimiento de los cuatro canales estatales que transmitirán en esta primera etapa.

La televisión digital gratuita es un estándar al que debemos aspirar los argentinos. Como Brasil, Estados Unidos y otros países debemos comenzar a transitar el cambio tecnológico que permita a todos los argentinos recibir televisión de alta definición de manera gratuita. La particularidad de los decretos que firmó la Presidenta para comenzar a montar el sistema, como en ningún otro país del mundo, radica en que aquí se hace de manera exclusiva para el Estado, dejando fuera de la etapa de discusión, montaje y creación de la plataforma digital a la televisión privada. No están claras, entonces, las reglas que normará la migración tecnológica de los canales privados ni en qué plazo podrá iniciarse, ya que el Gobierno rápidamente se reservó los canales 22, 23, 24 y 25 para sí mismo (expulsando a los tenedores privados de frecuencias de esa banda), pero no previó en el corto plazo la asignación de frecuencias para que los canales de aire privados puedan comenzar a realizar sus pruebas y sus primeras emisiones.

Aquí aparece la principal diferencia que sostenemos con la ley de medios y con la estrategia oficial en materia de radiodifusión. Cristina Kirchner pretende una matriz de medios con preeminencia del sector público sobre el comunitario y el privado. Los desembolsos millonarios para la publicidad, el programa Fútbol para Todos y la programación ultraoficialista de Canal 7 anticipan cual será la línea editorial de los nuevos canales digitales, que a partir de la distribución gratuita de más de un millón de decodificadores en la Capital Federal y el conurbano garantizan la penetración del discurso oficial en los sectores en los cuales el Gobierno cree tener asegurado un piso electoral.

Es criticable, por otra parte, que al distribuir los decodificadores a los beneficiarios de los planes de asignación por hijo se constituya una suerte de doble discriminación. Por un lado, se condena a los sectores más vulnerables a recibir exclusivamente la voz oficial, ya que mientras se transmitan los cuatro canales oficiales no existirá diversidad de voces, y, por otro lado, se discrimina a aquellos sectores de bajos ingresos que, por no recibir el beneficio por hijo, no tendrán derecho a acceder al aparato, aun en las mismas condiciones sociales.

La brecha tecnológica no se achica si el acceso a la tecnología no es igualitario. La pluralidad de voces, imprescindible para democratizar la matriz de medios, no se logra imponiendo el discurso gubernamental por sobre todos los otros. La inversión necesaria para igualarnos con otros países en materia de tecnología no llegará nunca si se realiza sólo desde el Estado. Las reglas del juego deben ser claras y transparentes, para atraer inversiones que se conjuguen en una sinergia positiva y acorten los plazos en la migración de televisión analógica a la digital.

Está claro que con la instrumentación del sistema de televisión digital terrestre el Gobierno pretende ganar la batalla por la comunicación. Esta suerte de DirectTV kirchnerista comprometerá millones del presupuesto nacional. Podemos señalar sin temor a equivocarnos que, sumando los montos asignados al emprendimiento digital, los 1200 millones estimados por año en publicidad oficial y los casi 800 millones del contrato con la AFA, estaríamos cerca de los 3400 millones de pesos.

Tal como en el conflicto con el campo, el Gobierno está dispuesto a todo menos a sincerar los números del presupuesto vigente. Si en el Congreso finalmente lográramos abrir y analizar los gastos previstos para el año en curso, la sociedad podría advertir que para financiar la batalla por la comunicación "o madre de todas las batallas", como la definen desde el Gobierno se compromete casi el 20% del polémico fondo de desendeudamiento. Se comprueba, así, que el pago de deuda con reservas se realiza para poder tener la caja disponible y sin restricciones a la hora de acumular poder, con miras a las elecciones de 2011.

© La Nacion La autora es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (UCR).

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