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Casi un siglo de caída económica

Roberto Cortés Conde Para LA NACION

Viernes 14 de mayo de 2010
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En el primer centenario, los argentinos parecían confiados en su destino de progreso. Cuando se está llegando al segundo, la impresión, como resultado de las experiencias de un siglo de desacuerdos, conflictos políticos y declinación económica, es más pesimista.

Mientras que entre 1870 y 1914 la Argentina creció 3% per cápita -mucho más que la generalidad de países del mundo, que en promedio llegó a 1,3%-, entre la Segunda Guerra Mundial y el año 2000 creció 1,3%, bastante menos que el resto del mundo, que tuvo un alza de 2,1 por ciento.

Las causas son varias y complejas, pero todo comenzó en 1914, con la Primera Guerra. La Grand Guerre produjo transformaciones políticas y económicas notables. No se trató sólo de las enormes pérdidas humanas y materiales. Todo cambió: cayeron tres imperios y en su lugar se implantó en uno de ellos un régimen bolchevique; concluyó la Belle Epoque .

La nueva concepción de la guerra, que requería la subordinación de todos los recursos, extendió el ámbito de acción del Estado. Se establecieron controles de cambio y de precios, y la administración experimentó el ejercicio de un amplio control de la sociedad. Las emergencias producen

temores en los ciudadanos, que resignan derechos en favor de quien detenta el poder. Una muy divergente fluctuación de precios resultó de las distintas maneras en que los beligerantes financiaron sus gastos. La flotación de los cambios tuvo un efecto negativo sobre el comercio internacional y los movimientos de capitales.

La Argentina, que se había adaptado al mundo del libre comercio, se encontró con uno nuevo de enormes desequilibrios. No sólo el shock fue terrible: más perdurable fue el desengaño. Quedaba atrás el mundo seguro en el que se había creído. Esa frustración, en algunos países de Europa, llevó a salidas totalitarias.

Durante la guerra, los salarios reales bajaron, mientras que en los años 20, cuando el peso se valorizó, subieron. El público advirtió que las fluctuaciones de ingresos no se debían ya a los movimientos de los mercados, sino a acciones del gobierno, como las que afectaron los tipos de cambio. Esto fue el comienzo del fin del relativo consenso que existió en la etapa de expansión, que se derrumbó con la crisis de 1930. La Primera Guerra afectó el crecimiento del país, que fue negativo hasta 1917. La recuperación de los años 20 fue muy fuerte, pero recién en 1928 se volvió a alcanzar el pico de 1913.

La crisis de 1930 acentuó la convicción de que se vivía en otro mundo. Se derrumbaron el comercio internacional y las exportaciones argentinas, lo que repercutió en la caída de los impuestos de importación. Tras seis décadas, concluía un régimen fiscal basado en el comercio exterior. En 1929, ante una fuerte salida de oro, se cerró la Caja de Conversión, y el peso se depreció. Cuando Gran Bretaña, en 1931, hizo lo mismo, la Argentina volvió a devaluar. Se promulgó una reforma impositiva para compensar la caída de los ingresos de aduana, un impuesto a las ventas y otro a los réditos que, pensado como transitorio, quedó para siempre.

En 1933, con la devaluación del 20% se estableció un tipo de cambio diferencial para los tipos comprador y vendedor, cuya diferencia –se dijo– serviría para compensar a los exportadores que recibirían disminuido el precio de sus divisas. La devaluación había generado una renta económica para quienes vendían en moneda extranjera, por lo que el Estado decidió participar en ella, quedándose con el margen de cambios. El alza posterior de los precios locales la disminuyó más, para luego hacerla desaparecer. Bajó el salario en términos internacionales, aunque al mantenerse bajos los precios de los alimentos se conservó su poder adquisitivo local.

Para compensar a los exportadores agropecuarios se creó la Junta de Granos, que debía pagar mejores precios al productor utilizando la diferencia de cambios, que, sin embargo, fue usada para pagar la deuda pública externa. Posteriormente, al revaluar las existencias de oro de la Caja que pasaron al Banco Central en 1935, con emisión de dinero se redujeron la deuda pública interna y la del sector financiero.

Se inició una etapa, que duraría todo el siglo, en la que el Estado, aquejado por la falta de recursos y sin tener éxito con una reforma fiscal, recurrió a la apropiación de ahorros y al monopolio de la emisión de dinero. A partir de la nacionalización de los depósitos, en 1946, y la puesta bajo la dependencia del Poder Ejecutivo del Banco Central, comenzó el ilimitado uso de los redescuentos, que superaron con creces los depósitos del sistema financiero. Los créditos por redescuentos incobrables, ya reducidos por la inflación, debieron ser reemplazados, en 1957, por un bono del gobierno equivalente a todo el circulante de entonces. Se inició el largo proceso inflacionario. De 1934 a 1948 el país recuperó tasas significativas de crecimiento, más del tres por ciento per cápita. Pero la primera crisis del balance de pagos, en 1949, cerró la etapa expansiva y produjo una fuerte caída del producto. Hasta 1963 el crecimiento fue muy bajo, casi nulo, afectado por la incapacidad de mantener importaciones de insumos para las industrias.

Mientras que en sus comienzos la inflación fue baja porque la gente confiaba en el valor del peso, a medida que aumentaba, disminuía la tenencia de pesos del público, que se sustituyó por dólares. Con ello, aumentó la inflación. Resultado del financiamiento monetario de los gastos del gobierno, ésta depreció las tenencias en dinero y perjudicó más a los trabajadores, que perdieron poder adquisitivo de su único activo: el salario.

Terminaba así también la tendencia a una distribución de ingreso más favorable para los trabajadores, del comienzo del gobierno peronista. Mientras que la inflación inicialmente generaba fondos para el gobierno y disminuía sus deudas, en la medida en que aumentaba reducía en términos reales la recaudación. En la segunda posguerra, alcanzó un promedio de 20% anual. Algunos años fue aún más elevada. En los 70, saltó a tres dígitos.

Las políticas que extrajeron recursos del sector exportador produjeron su estancamiento, lo que afectó la capacidad de importar, el nivel de producción industrial y el del empleo. De 1928 a 1963, salvo el pico de posguerra, las exportaciones no superaron los mil millones de dólares.

Los objetivos de proteger la industria y, a la vez, asegurar pleno empleo fueron contradictorios. Las actividades que necesitaban protección, por definición, eran de baja productividad; el pleno empleo implicaba mantener cualquier industria, por más baja que aquella fuera, por lo que no se podían pagar salarios elevados.

La salida populista consistió en mantener la capacidad de compra del salario bajando los precios de los alimentos y de los servicios de transporte y energía, con sus consecuencias sobre el estancamiento de exportaciones y el déficit, lo que concluyó en inflación y reiteradas crisis. No se recurrió a mejorar la productividad, lo que hubiera requerido un esfuerzo extraordinario en educación, especialmente técnica, para que el país exportara al mundo talento argentino. La mejor educación era, además, el medio más adecuado para mejorar, a la larga, los salarios y la distribución del ingreso.

Esas políticas produjeron cambios en los precios relativos de los bienes y factores, y notables conflictos distributivos que desalentaron la inversión y produjeron la fuga de capitales. La inversión, que se colocó en sectores en los que el Estado reservaba mercados y garantizaba rentabilidad, tuvo un horizonte temporal muy corto, y una vez que se obtenían ganancias extraordinarias, se las llevaba a ámbitos más seguros.

En la segunda mitad del siglo, sólo la década del 60 registró un crecimiento razonable. A partir de 1975 y hasta 1989, el país pasó por una experiencia inédita de crecimiento negativo: la inflación fluctuó en los tres dígitos y concluyó en hiperinflación en 1989 y 1990.

En ese medio siglo, el Estado vivió de crisis en crisis, buscando mecanismos para apropiarse de los ahorros de la población, a lo que ésta respondía, aunque con retraso, con otros de evasión. Cuando el conflicto parecía no tener salida, para arbitrar se repitieron las intervenciones militares, que acentuaron los caminos de la ilegalidad y los fracasos económicos. Las medidas fueron cada vez más arbitrarias y el Estado, que concentró poder alegando emergencias, fue cada vez menos respetuoso de las restricciones legales.

En la primera década de este siglo, tras la severa crisis de 2001

2002, basado en una revolución tecnológica en la agricultura, que produjo un aumento de la producción y las exportaciones, y en las mejoras de precios internacionales y las bajas tasas de interés, se inició un período de recuperación y fuerte expansión de la economía. A pesar de los crecientes ingresos, los gastos subieron más, y se pagaron con recursos de jubilados, ahorristas y del sector agropecuario. Volvió la inflación, que parecía haberse doblegado.

El XX fue un siglo de grandes desencuentros, en el que la Argentina, por motivos de emergencia, se alejó de la Constitución y de la ley, lo que la llevó a una persistente declinación. Retornar a ese camino es la asignatura pendiente más importante para este Bicentenario.

El autor es profesor emérito de la Universidad de San Andrés. © La Nacion

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