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Seguridad con derechos humanos

Opinión

Paulo Pinheiro y Santiago Canton
Para LA NACION

Los niveles de crimen y violencia en las Américas se ubican entre los más altos del mundo. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes alcanzó un promedio de 25,6 en América latina y 30 en el Caribe. Para ubicar estas cifras en el contexto internacional, se las puede comparar con la tasa de Europa (8,9), el Pacífico Occidental (3,4) y Asia Sudoriental (5,8).

La situación tiene su incidencia más alta entre los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de sectores de ingresos medios y bajos, para quienes la tasa de homicidios se ubica en 89,7.

Frente a este problema, los Estados de la región han respondido frecuentemente aplicando modelos conocidos como "mano dura" o "tolerancia cero", que se caracterizan por el uso ilegal y arbitrario de la fuerza, y suelen incluir medidas como bajar la edad de imputabilidad para aplicar a niños y niñas el derecho penal de los adultos o el aumento de las penas de cárcel.

Estas respuestas han resultado históricamente ineficaces. En muchos países de la región, las políticas de seguridad continúan bajo control de aparatos institucionales que mantienen características autoritarias heredadas de los regímenes militares. Este viejo paradigma profundiza la multiplicación de la violencia, al reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de los llamados grupos de "limpieza social", como "escuadrones de la muerte" o grupos parapoliciales y paramilitares.

La incapacidad de las instituciones estatales para enfrentar el crimen y la violencia en forma eficaz contribuyen a incrementar la inseguridad de la población y representan un grave problema para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La respuesta de los estados frente a los altos índices de crimen y violencia en la región debe ser concebida e implementada en un marco de respeto a los derechos fundamentales. En el informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, publicado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la seguridad ciudadana es concebida como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, y donde el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a estas amenazas, como son la vida y la integridad, entre otros.

En esta concepción, una política de seguridad ciudadana debe sustentarse en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe concentrarse en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, y no en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.

Los Estados deben diseñar políticas públicas y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, adoptar medidas de represión legítima respecto de los hechos de violencia y criminalidad, siempre dentro de los límites que establecen los estándares y principios de derechos humanos. .

Paulo Sérgio Pinheiro es vicepresidente y Santiago A. Canton, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) © La Nacion
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