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Opinión

Otro intento para equilibrar el poder

Política

Roberto Gargarella
Para LA NACION

El reciente fallo emitido por la Corte Suprema en la causa "Consumidores argentinos" representa una bocanada de aire puro en el contexto de nuestro contaminado sistema institucional.

Son varias las cuestiones interesantes que devela la decisión de la Corte, pero aquí sólo me detendré en algunas de ellas. En primer lugar, vale la pena destacar el carácter unánime de la decisión del máximo tribunal.

En su recurrente (y en ocasiones excesiva) vocación por mantener una relación equilibrada con el poder político, debe leerse este fallo unánime como un intento del tribunal de enviar señales claras y contundentes al Poder Ejecutivo, sobre los límites de las acciones de este último.

En segundo lugar, la Corte, acertadamente, afirma el fuerte compromiso de nuestra Constitución con el objetivo de atenuar el sistema presidencialista.

La afirmación puede resultar obvia para la teoría, pero no parecía serlo en la práctica jurídica de nuestra comunidad. Es importante, por tanto, y desde hoy, saber que ese parámetro ha de resultar central a la hora de interpretar los alcances y límites del poder de los órganos políticos.

Las restricciones que la Constitución nacional establece sobre los poderes del presidente no resultan de una voluntad ocasional de la oposición o de una minoría en particular, sino que son reflejo de un mandato de rango constitucional.

La autoridad normativa del presidente debe reconocerse, entonces, como permanente e inequívocamente subordinada a la voluntad del Congreso.

En tercer lugar, el fallo da algunas claves para empezar a desandar un largo camino de confusiones, en torno a los alcances y el sentido de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El punto es especialmente relevante si lo pensamos, por caso, a la luz de los vodevilescos, insólitos debates suscitados en torno al reciente DNU dictado por la presidenta Cristina Kirchner referido al uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública.

La cuestión es que la comisión bicameral puede estar de acuerdo o no con la sustancia de un DNU, aceptarlo o rechazarlo.

Sin embargo, todavía más importante es reconocer que, previo a determinar la validez sustantiva de los DNU, estas normas pueden ser impugnadas (y en una mayoría de los casos que conocemos debieron serlo), cuando ellas son inválidas formalmente, es decir, cuando se han creado a través de procedimientos inconstitucionales o se han dictado en situaciones que la Constitución considera inaceptables, como lo son la casi totalidad de los casos, según nos deja en claro este clarificador fallo de la Corte. .

El autor es abogado, sociólogo e investigador del Conicet
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