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El Senado, bajo las peores sospechas

LA NACION
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Joaquín Morales Solá
Miércoles 28 de julio de 2010

Dos senadores y dos diputados nacionales de la oposición denunciaron ayer por primera vez en público, ante centenares de asistentes a un debate en la Exposición Rural, un presunto sistema de compra de votos en la Cámara alta.

La senadora correntina Josefina Meabe lanzó la primera acusación de manera indirecta: "Voy a decirles la verdad. El Gobierno usa en el Senado un mecanismo que nosotros en la oposición no podemos solventar", disparó. "Es cierto. Nosotros en la oposición no sabemos ni cuántos somos porque los números cambian misteriosamente", subrayó Gerardo Morales, presidente del bloque radical.

Los diputados fueron más explícitos. "Cuando el Gobierno tiene dificultades, sale de shopping por el Senado", dijo Felipe Solá. ¿Quiere decir que compra senadores?, le preguntó después un periodista. "Usted quiere que me hagan una denuncia", ironizó Solá con mirada cómplice. Pero, ¿qué se hace en un shopping sino comprar?

El epílogo de la saga lo escribió Elisa Carrió: "El Gobierno compra senadores. Esa es la única verdad". Ninguno de los otros senadores y diputados presentes (Adolfo Rodríguez Saá, Oscar Aguad o Margarita Stolbizer, entre varios más) desmintió las serias acusaciones que estaban haciendo sus colegas.

Desde el viejo escándalo por los sobornos en el Senado, en el invierno del año 2000, nunca se habló con tanta claridad de un sistema de compra de votos en la Cámara alta. Luego del debate de ayer, la mayoría de los legisladores presentes coincidieron en que los modos actuales son varios: prebendas personales, favores políticos o promesas de obras públicas o de mayores recursos para las provincias. "Los viejos sobornos fueron un desayuno de monjas comparados con lo que pasa ahora", se sinceró uno de ellos.

Esas denuncias fueron la conclusión de un largo debate sobre las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, que vencerán el próximo 24 de agosto. Entre esas facultades, figura la de establecer las retenciones, y el nivel de ellas, para las exportaciones agropecuarias.

Todos coincidieron en que tales facultades caerán a fines del mes próximo. Sucede que el rechazo de una sola de las dos cámaras parlamentarias le negaría al Poder Ejecutivo la prórroga de esas facultades. La oposición en la Cámara de Diputados está en condiciones de asegurar que no habrá una nueva prórroga.

Sin embargo, las cosas no están tan claras cuando se trata de establecer qué régimen sucederá al actual en materia de retenciones agropecuarias.

El peronismo disidente y parte del radicalismo proponen un sistema de nivel cero para casi todos los productos agropecuarios, salvo para la soja. Para este caso, están de acuerdo en bajar el nivel actual de las retenciones, aunque deberían ser segmentadas hacia abajo, con porcentajes menores, para beneficiar a los pequeños y medianos productores.

Carrió coincidió con el nivel cero de retenciones para la mayoría de los productos agropecuarios, pero se manifestó contraria al sistema de segmentación, porque, dijo, se prestará a manejos corruptos en el Estado en el momento de instrumentar una decisión tan compleja. Propuso, en cambio, que los pequeños y medianos productores reciban créditos blandos.

Otra parte del radicalismo, liderada por Aguad, está más cerca de Carrió. "La segmentación es muy complicada para hacerla desde la oposición. Nosotros no gobernamos ni cogobernamos", dijo el jefe de los diputados radicales.

Felipe Solá contestó que, según el criterio de Carrió, cualquier decisión del Estado puede ser motivo de acciones corruptas. "¿Por qué no también los créditos blandos?", inquirió. El presidente del bloque del peronismo disidente se manifestó de acuerdo con la segmentación por una razón de elemental justicia. Lo cierto es que, otra vez, la posibilidad de la corrupción se coló en un debate sobre posiciones políticas e ideas sobre la financiación del Estado.

A pesar de todo, hubo un momento en el que todos se inclinaron hacia el acuerdo opositor. "Haremos concesiones con tal de llegar a un acuerdo, inclusive en el asunto de la segmentación", adelantó Carrió. Stolbizer pidió que nadie se sienta dueño de la verdad para poder acordar y el macrista Federico Pinedo fue más rotundo: "Nuestro proyecto es el acuerdo de la oposición en sí mismo. No vamos con ideas preconcebidas", adelantó.

En ese instante se filtró el asunto de los presuntos sobornos en el Senado. ¿Qué sucedería cuando la oposición tuviera un proyecto claro sobre las retenciones agropecuarias, después de tantas invocaciones acuerdistas?

Fue analizada primero la posibilidad del veto presidencial a un nuevo régimen de retenciones. "Hay que hacer un proyecto que no esté destinado a ser vetado. Las conquistas morales no sirven para nada", explicó Felipe Solá. La segunda posibilidad examinada de frustración fue la votación final en el Senado. La historia de ese análisis comenzó con la tímida y valiente alusión de Meabe y terminó con la denuncia clara y corta de Carrió.

La conclusión es evidente: el Congreso recuperará las facultades para establecer los impuestos, incluidas las retenciones agropecuarias, pero nadie sabe todavía qué sistema lo reemplazará. Incluso, antes del debate de ayer, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, anunció que la Comisión de Enlace se había puesto de acuerdo sobre el futuro de las retenciones, luego de sus disidencias públicas con el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. El proyecto de las organizaciones agropecuarias terminó siendo más parecido al de Felipe Solá que al de Carrió.

Era evidente, al final, el desánimo entre los centenares de productores que asistieron al debate. El Senado se erigió ante ellos como un serio obstáculo institucional. Y no lo es por la entendible aritmética parlamentaria, sino por los manejos en las sombras, por las ausencias inexplicables o por los misteriosos cambios políticos en el momento agónico de cualquier votación.

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