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Leyes de inapelable vaguedad

Pablo Mendelevich Para LA NACION

Domingo 01 de agosto de 2010
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Forma parte del paisaje, casi ni nos damos cuenta, pero la versatilidad de las normas en nuestro país es asombrosa. ¡Con cuánta agilidad pueden ser reinterpretadas! Para los llamados argentinos de a pie, que en realidad viajan en colectivo, no queda muy claro si la costumbre de reinterpretar leyes se debe a que los legisladores, víctimas de una flojera corporativa en sintaxis, a su pesar las redactan confusas o si lo hacen adrede para garantizar que los abogados se sigan acariciando la barbilla mientras distribuyen sabiduría bifronte: "En esto -suelen explicar ante variados temas- hay media biblioteca de un lado y media del otro". Un tercer motivo por el que algunas leyes y artículos constitucionales lucen reversibles es el principio de que siempre manda "la política", instancia superior a la cual las reglas se subordinan.

No hace falta recordar cuando el Estado enmarcó el derecho de cortar un puente internacional en el glamoroso campo de la libertad de expresión (teoría invertida hace poco, al descubrirse -cambió el viento político- que el manejo de una frontera por un grupo de particulares es punible). Más rotundo es lo que se viene, ya no basado en relecturas de leyes sino de la mismísima Constitución.

El gobierno K considera algo natural permanecer en el poder tres mandatos consecutivos, pese a que los constituyentes se esmeraron en escribir que eso está prohibido. Al mismo tiempo, el grueso de la oposición quiere acabar de una vez con las delegaciones de poderes del Congreso al Ejecutivo, un hábito inconstitucional que sucesivas abdicaciones consagraron por goteo para beneficio de quien ocupe la Casa Rosada. Los que impulsan esta higiene republicana piensan que el vigor de Kirchner se asienta en el manejo de "la caja" con una discrecionalidad habilitada por la delegación de poderes, algo así como la espinaca para Popeye. Imaginan que si le cortan la provisión de poderes delegados, la musculatura del santacruceño va a languidecer (aunque sea a riesgo de que en menos de 500 días un opositor llegue al gobierno y se convierta en congresodependiente).

Hay que aceptar que en estos temas la Constitución está peor escrita que el manual de instrucciones de una licuadora china. Por empezar, no prevé que un matrimonio pueda gobernar el país, tal como sucede a la vista de todos sin que ningún juez haya conseguido objetarlo. Nadie advirtió en 1994 -los Kirchner, ambos convencionales, obviamente no avisaron- que el truco de la sucesión matrimonial alternada resolvería el dilema de cómo burlar la prohibición del tercer mandato consecutivo, intríngulis en el que Carlos Menem, presidente unipersonal, derrochó en la segunda mitad de los noventa esfuerzos memorables.

En cuanto a los poderes delegados, la Constitución es rotunda, tajante, inapelable... y relativizadora a la vez. "En ningún caso...", dice, y a renglón siguiente: "solamente cuando...". Igual que el asunto de que a los ocho años como máximo esté asegurada la alternancia en la presidencia (no nominal sino real), el problema de los poderes delegados hace a los fundamentos del sistema político. Sin embargo, ahora se busca que funcionen como gas lacrimógeno para desalojar de la Casa Rosada a los cónyugues allí apoltronados, los del divertidísimo juego "pingüino o pingüina".

© LA NACION

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