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Expropiaron un parque nacional

El gobernador Rodríguez Saá promulgó una ley provincial que transfiere Sierra de las Quijadas a la comunidad huarpe

Lunes 02 de agosto de 2010
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Santiago Martínez Sarrasague LA NACION

Las tierras del Parque Nacional Sierra de las Quijadas pertenecen ahora al pueblo huarpe. Al menos así lo asegura una ley de expropiación aprobada por la Legislatura de San Luis y promulgada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Durante el acto de promulgación, Rodríguez Saá calificó la medida de "reparación histórica" y acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de incumplir una promesa para entregar a la comunidad huarpe 75.000 hectáreas del parque, que está situado 120 kilómetros al noroeste de la capital provincial, en los departamentos de Belgrano y Ayacucho, y que depende de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde que la provincia había cedido los terrenos a la Nación, en 1991.

"Cuando mantuve una reunión con la señora Presidenta, el año pasado, había quedado en claro que Cristina Kirchner coincidía con nosotros en que era un gran gesto restituir las tierras de Sierra de las Quijadas a sus dueños originales: los huarpes", declaró Rodríguez Saá.

El mandatario también acusó al Estado nacional de desaprovechar las potencialidades de Sierra de las Quijadas. "La realidad nos muestra que la Nación está administrando una reserva paleontológica, un lugar con una belleza extraordinaria, y lo único que han hecho es una oficina y un baño", fustigó.

De acuerdo con la ley aprobada el pasado jueves por 26 votos contra 8, se declaran "de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado nacional mediante convenio celebrado entre el gobierno de la provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales" para la creación del parque nacional.

Los terrenos continuarán siendo un área natural protegida, abierta al público y a la investigación científica, pero con la administración de la comunidad huarpe para la preservación y manejo sustentable de dicha región, para lo que deberán coordinar con las autoridades provinciales un plan de sustentabilidad.

La norma también considera que cualquier posible obligación de la provincia a la Nación por la expropiación deberá ser compensada con las deudas que San Luis reclama al Estado nacional.

La medida puede desencadenar un conflicto legal entre la Nación y la provincia. Al respecto, y aunque el gobernador puntano manifestó conocer que el gobierno nacional pedirá una medida cautelar, fuentes allegadas al gobierno puntano afirman que no se esperan objeciones legales a la decisión. LA NACION intentó comunicarse con la APN para conocer su opinión al respecto, pero el contacto no fue posible.

De cualquier forma, Rodríguez Saá adelantó que, en caso de presentarse una objeción judicial, San Luis apelará a "la existencia del principio en derecho que indica que el interés supremo se impondrá sobre un interés menor", que en este caso colocaría "la restitución de esas tierras a los huarpes" como "un interés supremo que se impone a cualquier pretensión".

Crítica de la oposición

La oposición puntana cuestionó duramente la decisión durante el tratamiento en la Legislatura y alertó sobre el riesgo de que la Nación lleve el caso ante la Corte Suprema.

Además, el diputado Eduardo Gargiulo acusó al Poder Ejecutivo provincial de tener un manejo "esquizofrénico" de los bienes públicos e insinuó que puede haber motivos ocultos detrás de la ley. "Quizá luego aparezca algún inversor amigo, dispuesto a invertir con incentivos provinciales y desarrollar un polo turístico privado de proyección internacional", sostuvo Gargiulo.

Otras dudas están vinculadas con la modalidad de cancelación de deudas y con la forma de verificar que una persona es efectivamente descendiente de huarpes.

"La gente del Ministerio de Gobierno no supo responder. Ellos nos dijeron que había un registro de integrantes de los pueblos originarios y que no sabían los requisitos que se exigían para inscribirse", afirmó el diputado Carlos Ponce.

Rodríguez Saá se reunirá esta semana con los guardaparques para informarlos sobre el alcance de la norma.

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