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Un grupo de mujeres, encabezado por Cecilia Pando, se encadena en el Edificio Libertador

Integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), piden una audiencia con la ministra de Defensa, Nilda Garré

Martes 03 de agosto de 2010 • 18:43
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(DPA).- Mujeres casadas con militares presos y condenados en juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en Argentina se encadenaron frente a la sede del Estado Mayor del Ejército en Buenos Aires para reclamar una reunión con las autoridades.

Las mujeres integran la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), liderada por Cecilia Pando, una controvertida dirigente que alcanzó popularidad por cuestionar la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández.

"Cansadas de solicitar audiencias particulares en reiteradas oportunidades, y ante el silencio cómplice de quienes tienen el deber de velar por las instituciones castrenses, el grupo de AFyAPPA pone de manifiesto su firme decisión de permanecer encadenadas en la sede militar hasta que se haga efectiva la reunión solicitada", señala un comunicado de la agrupación.

Las esposas de militares reclaman una entrevista con la ministra de Defensa, Nilda Garré, y las autoridades de las Fuerzas Armadas para que "expliquen personalmente porqué permanecen en silencio, como si ellos nada tuvieran que ver con lo sucedido" en los juzgamientos de militares por delitos de lesa humanidad, señaló Pando.

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Según la dirigente, "los mandos de las instituciones tienen el deber y la obligación de apoyar y respaldar a los subordinados que cumplieron órdenes, en el marco del conflicto bélico que enfrentó a los argentinos en la década del 70".

Durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 Argentina se violaron los derechos humanos y desaparecieron 30.000 personas, según las organizaciones de derechos humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que hasta marzo último, un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Sin embargo, apenas 75 imputados obtuvieron sentencia, 68 condenados y 7 absueltos.

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