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Usos y abusos de la publicidad oficial

Silvana Giudici Para LA NACION

Jueves 12 de agosto de 2010
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En un país donde la principal preocupación de los ciudadanos es la inseguridad o la carrera entre la inflación y los salarios (que comenzó al paso y hoy anda al galope), es probable que el tema de la publicidad oficial resulte para muchos irrelevante. Sin embargo, se trata de una cuestión muy seria que afecta directamente la libertad de expresión, ya que el reparto de la publicidad del Gobierno, discrecional y abusiva, se utiliza como instrumento para disciplinar a editoriales y periodistas críticos y para premiar a los amigos con recursos millonarios.

En 2006 presenté el primer proyecto para regular la publicidad oficial (expediente 3761-D-06), y desde entonces he monitoreado los excesos cometidos en el reparto de la pauta publicitaria y promovido una norma para darles transparencia y legitimidad a estos recursos que el actual gobierno incrementa geométricamente año tras año.

En estos días estamos dando un paso más en el proceso de sanción de una ley para la regulación de la pauta oficial, con los aportes de todos los que han presentado proyectos y también los análisis generados por Poder Ciudadano y la Asociación de Derechos Civiles, en su control permanente sobre las partidas presupuestarias y los medios beneficiados.

Estas organizaciones, junto con otras, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtieron la distorsión que sufre la publicidad oficial en la Argentina y denunciaron en 2007 que este gobierno la utiliza como una herramienta de censura indirecta. A tal punto que la Justicia falló a favor de la editorial Perfil y ordenó restituirle la pauta, observando la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en el caso "Diario Río Negro c/la Provincia de Neuquén", que establece que el Estado "no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios y no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión".

Muchas veces comparé lo que pasó en la provincia de Santa Cruz con lo que ocurre hoy en todo el país. Es indiscutible que desde que Kirchner llegó a la gobernación de Santa Cruz los medios públicos y privados fueron cooptados hasta la sumisión y transferidos a manos amigas como negocios formidables solventados a través de la asignación de publicidad oficial. El resultado es una provincia en la que casi no quedan voces independientes o críticas del gobierno y sólo algunas radios sobreviven resistiendo un hostigamiento permanente.

Este modelo es el que se intenta imponer directamente al resto del país. Cuando lo denuncié en el Congreso se me atacó con dureza. Sin embargo, sólo hay que mirar un rato de fútbol (que no es para todos ni es gratis) para comprobar que esa millonaria máquina estatal de propaganda ya ha sido puesta en marcha. Sólo algún turista futbolero de paso por Buenos Aires puede creer en esos maravillosos indicadores económicos, en el incremento sideral de la matrícula escolar o en esta versión de país deportivo sin otros anuncios que los de una Presidenta omnipresente.

La publicidad oficial se utiliza burdamente como un aparato propagandístico de dimensiones nunca vistas.

Además, los grupos que usufructúan en exclusividad la pauta oficial no conservan el mínimo decoro, al punto de que varios empresarios K son ya propietarios de grandes multimedios construidos de la noche a la mañana con dinero público. Todo esto bajo denuncias judiciales que pusieron a la luz estos manejos en el área de Medios y también en la agencia Télam.

Con otras medidas mucho más evidentes y efectivas, el gobierno de Cristina Kirchner intenta completar la "transmutación" de medios como se realizó en Santa Cruz. Cuando sostuve que la ley de medios era el vehículo para el objetivo final del Gobierno, que es la hegemonía comunicacional, los números no estaban disponibles. Ahora sólo hace falta una simple suma: a los 900 millones que se invierten en el fútbol se suman los más de 800 millones de publicidad oficial anuales y los más de 1000 millones que se destinan a la creación de la televisión digital gubernamental.

Tantos miles de millones demuestran que la diversidad de voces sólo fue un slogan más, que se intenta imponer la voz del Gobierno, transformando la programación pública en un atril para el ataque a la oposición y la prensa independiente.

Por esto renovamos nuestro esfuerzo en sancionar una ley que ponga fin a la discrecionalidad y la corruptela, y permita ser adoptada también por los gobiernos provinciales, similar a las que rigen en países como España, Canadá o Gran Bretaña; que imponga la transparencia, que exija a los funcionarios controles internos y externos, que otorgue poder a los ciudadanos a través de la información, creando registros que reflejen quiénes reciben publicidad oficial y a quiénes se les niega.

Esto permitirá un fuerte control parlamentario de la distribución de recursos y devolverá el carácter público de la pauta oficial, cuya distribución igualitaria garantiza la pluralidad y el sostenimiento de los pequeños emisores que dependen de ella como principal fuente de ingreso.

Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad sobre el destino de los recursos públicos, y por suerte también tienen derecho a decidir con su voto si acompañan a un gobierno que con tal de alcanzar la hegemonía comunicacional es capaz de dilapidar miles de millones de pesos que, por otro lado, niega a los jubilados o a las demandas sociales urgentes en materia de seguridad. © LA NACION

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