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El análisis

Retórica entre la tragedia y la ironía

Política

Fue una exuberante juerga retórica que osciló, campante, entre la tragedia y la ironía. En una oración que duró una hora y diez minutos, Cristina Kirchner no aportó ningún dato nuevo a las falsas acusaciones ya conocidas sobre Papel Prensa. Esas acusaciones mezclaron arbitrariamente las fechas y las intenciones, como si todo eso, fecha e intenciones, hubiera sido empotrado en una horma preestablecida. Los diarios La Nacion y Clarín son culpables. Ese es el molde.

El problema insoluble para el kirchnerismo es que la integridad de ese aparatoso andamiaje se derrumba de un solo golpe con el testimonio irrefutable de Isidoro Graiver -hermano de David Graiver-, secuestrado y torturado por la dictadura militar, que desvinculó por completo a los diarios de cualquier mala intención en la compra de Papel Prensa (ver en esta página). Isidoro Graiver lideró esas negociaciones después de la muerte, en un accidente, de su hermano David. Antes, otro secuestrado y torturado, Gustavo Caraballo, compañero de cautiverio de los Graiver, hombre de trayectoria irreprochable, había asegurado exactamente lo mismo que Isidoro Graiver. Esto es: la venta de Papel Prensa por parte de los Graiver no puede ni debe vincularse con la prisión cruel y las torturas imperdonables que sufrió esa familia.

El acto de ayer fue una misa pagana del kirchnerismo, a la que sólo asistieron los adeptos por convicción o por conveniencia. Faltaron gobernadores, legisladores importantes y casi todos los empresarios, con la excepción del ubicuo Osvaldo Cornide, infaltable en la primera fila. El único temor de los empresarios parece ser a los designios de un gobierno tan arbitrario como imprevisible. Algunos embajadores presentes debieron sentir de nuevo, cuando escuchaban los extravagantes argumentos presidenciales, el escalofrío que los estremeció cuando los gobernantes argentinos hacían y decían lo mismo contra empresas de sus países.

El mayor derrape verbal de la Presidenta fue que se olvidó por completo de que Papel Prensa es un empresa privada y que sus socios pueden tomar decisiones -siempre dentro del marco de la ley- sin pedir la aprobación del Gobierno. Habló de Papel Prensa como si fuera una propiedad más de la familia Kirchner.

¿Las averiguaciones que hizo Guillermo Moreno serán tan rigurosas como las confusiones de la Presidenta, que señaló al grupo español Prisa cuando debió nombrar al también español Correo? Correo era, en efecto, el socio de la empresa Cimeco, junto con LA NACION y Clarín, y no Prisa.

Las confusiones de la Presidenta fueron más patéticas aún. Le otorgó más prestigio a un testaferro, como ella misma lo llamó, que al periodismo. Peor: reprendió a los diarios por haberse negado a cumplir en su momento una orden de la junta militar que presidía Jorge Videla.

Con una tormenta de palabras, Cristina Kirchner se paseó como una abogada inexperta, como una historiadora imprecisa y como una psicóloga rústica. Pero, todo hay que decirlo, fue sincera: ella siempre creyó, dijo de otra manera, que la prensa era una presencia mala en la vida pública. Entonces decidió arremeter contra ella.

Hay que poner las cosas en limpio. Nunca, durante los últimos 34 años, la familia Graiver reclamó por el paquete accionario de Papel Prensa comprado en su momento por los diarios LA NACION, Clarín y La Razón en los primeros días de noviembre de 1976. Los miembros de esa familia no estaban detenidos ni eran buscados cuando firmaron el acuerdo de venta de las acciones de la papelera.

Nunca la familia Graiver impugnó esa venta durante los casi 27 años de vida democrática de la Argentina. Sólo le reclamaron al gobierno de Raúl Alfonsín una indemnización por una porción del paquete accionario de Papel Prensa que estaba a nombre de la sucesión de David Graiver en el momento de la detención de la familia y que se encontraba en poder del Estado; son parte de las acciones que controla hasta ahora el Estado nacional. El caso Graiver fue juzgado en dos oportunidades, ya en democracia, por la histórica Cámara Federal que antes había juzgado a las juntas militares y no encontró ninguna vinculación entre la venta de las acciones de Papel Prensa a los diarios y la detención de la familia Graiver.

El acoso a Papel Prensa, propiedad ahora de LA NACION, Clarín y el Estado, es, si se lo mira con objetividad, la ofensiva más grave y peligrosa que el kirchnerismo ha lanzado contra el periodismo. Las miles de hojas que el indescriptible secretario de Comercio, Moreno, hizo escribir contra la principal empresa argentina productora de papel para diarios son un compendio de falacias, verdades a medias, invenciones de cabo a rabo e inferencias desvinculadas de los hechos. Una causa armada, en definitiva, para colocar a los dos principales diarios argentinos a la defensiva y en la obligación de dar explicaciones que no necesitan dar.

Es la más grave ofensiva contra la prensa porque genera el escenario para la estatización de Papel Prensa y busca, por lo tanto, el control por parte del Gobierno del abastecimiento del principal insumo industrial de los diarios. Ese abastecimiento tiene dos afluentes; la importación (con arancel cero ahora) y la producción de Papel Prensa. La importación está, a su vez, sometida al arbitrio del Gobierno, que maneja los aranceles y los ingresos en la Aduana. Esto es lo que no controlan los diarios y, por lo tanto, no tienen el "control" de la prensa, según la denuncia presidencial.

Lo único cierto entre tantas falsedades que se dijeron es que el paquete mayoritario de Papel Prensa fue adquirido por tres diarios argentinos el 2 de noviembre de 1976. Lo único dramático que le había sucedido a la familia Graiver hasta ese momento era la muerte del jefe del conglomerado económico, David Graiver, en un accidente de avión en México. No existía en esos días ningún indicio de que los militares estuvieran detrás de sus herederos. Los diarios tampoco tenían conocimiento de los vínculos entre la familia Graiver y la organización Montoneros, que se ventilaron después, como lo acaba de aseverar Gustavo Caraballo. Los miembros de la familia Graiver fueron secuestrados y detenidos casi cinco meses más tarde, entre el 7 de marzo y el 8 de abril de 1977. La prolija cronología de los sucesos es una enemiga imbatible para la estrategia oficial anunciada ayer.

Una venta pública

Mucho antes del secuestro de la familia Graiver, el 10 de noviembre de 1976, los diarios habían comunicado la compra de Papel Prensa a ADEPA, la más importante institución que agrupa a las empresas periodísticas argentinas, en una reunión de la que participaron también dirigentes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La información tomó estado público con un gran despliegue en la prensa nacional, cuyo registro puede encontrarse en cualquier hemeroteca. No fue una operación secreta ni clandestina ni encubierta.

Diez días antes de su repudiable detención, Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver, había participado, el 4 de marzo de 1977, de una asamblea de accionistas junto con los representantes de los diarios. La única cesión de acciones que firmó Lidia Papaleo quedó en manos de un juez que no hizo nada; esa parte del paquete fue a parar al gobierno militar y éste decidió retenerlo en poder del Estado. Papaleo firmó en nombre de su hija, María Sol Graiver, en el marco de la sucesión de su marido muerto. El resto de las acciones estaban a nombre de otras empresas o de testaferros. Las acciones que pertenecían a la sucesión de Graiver cayeron en manos del gobierno militar junto con otros bienes de la familia. Esto es: las acciones que cedió Lidia Papaleo no están ni estuvieron nunca en poder de los diarios.

¿Por qué los Graiver vendieron Papel Prensa? Tras la muerte sorpresiva de David Graiver, el 7 de agosto de 1976, sus herederos comenzaron un proceso de venta de activos para saldar muchas deudas. La justicia democrática investigó luego si fue cierto que la organización Montoneros los estaba presionando para que devolvieran 17 millones de dólares que había puesto bajo custodia del banquero David Graiver. Ese dato importa menos que saber que la venta de Papel Prensa no fue la única que hizo la familia Graiver en esos mismos meses. Contemporáneamente con la firma del acuerdo con los diarios por Papel Prensa, los Graiver también vendieron el Banco de Hurlingham, el Banco Comercial de La Plata, una compañía de seguros y activos inmobiliarios. Necesitaban recursos financieros en efectivo, cualquiera que haya sido el motivo real de tal necesidad. La familia Graiver declaró en un escrito judicial, en 1984, que precisaba ese dinero para cancelar deudas, como lo ratificó Isidoro Graiver ante escribano público, el 23 del mes pasado.

El caso Graiver fue investigado, ya durante la presidencia de Raúl Alfonsín, por el célebre fiscal Ricardo Molinas, por el juez Miguel Pons y por la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares. El fiscal fue también el mismo del histórico juicio a los jerarcas de la dictadura: Julio César Strassera. En ninguna de esas investigaciones los Graiver hicieron referencia alguna a que hubieran padecido torturas, secuestros o amenazas vinculadas con la venta de Papel Prensa a los diarios.

"Domesticar la política"

El gobierno de Alfonsín dispuso entonces una importante indemnización a los Graiver por todos los bienes que les confiscó la dictadura, incluidas las acciones de Papel Prensa que estaban a nombre de la sucesión de David Graiver, pero no abarcó al paquete accionario vendido a los diarios, porque esa operación nunca estuvo en duda y nadie la había cuestionado.

Papel Prensa fue vendida en 1976 a precio de mercado y no estaba en funcionamiento. El precio fue considerado "ventajoso" para los Graiver por el diario La Opinión , dirigido entonces por Jacobo Timerman. Los diarios debieron invertir luego 140 millones de dólares de la época para ponerla en marcha. Papel Prensa comenzó a producir papel para diarios sólo dos años después, en 1978. El precio pactado fue pagado en cuotas, tal como se convino, a los dueños de la acciones mientras estuvieron en libertad. Luego, el dinero se depositó en sede judicial.

La acusación del Gobierno es injusta, pero no es inocente. No es producto de una mala interpretación de la misma información con que cuenta todo el mundo. Es otro ensayo claro, en cambio, para desprestigiar a la prensa argentina, llevarla artificialmente ante la Justicia e intentar, luego, controlarla. El periodismo argentino pudo hacer más de lo que hizo durante la última dictadura militar -qué duda cabe-, pero eso no lo convierte en cómplice ni en partícipe de las violaciones de los derechos humanos en aquellos años de furia.

La tosca simplicidad del razonamiento oficial sólo exhibe una increíble dosis de saña y de venganza. El Gobierno no está preocupado por lo que sucedió hace 34 años. El caso Papel Prensa es otra prueba más, simplemente, de que la administración ha hecho de los fundamentales derechos humanos una vulgar herramienta para domesticar la actual política argentina. Necesita, para eso, de una prensa deshonestamente unánime. .

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