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Temas de la Justicia

La Presidenta se olvidó de la Constitución nacional

Política

Los dos anuncios que hizo la presidenta Cristina Kirchner -una ley que declare de interés público la producción de papel de diario y la denuncia contra los directores de Papel Prensa por violación de los derechos humanos- responden a su necesidad de construir un nuevo relato oficial de la historia, pero violan la Constitución y desconocen todo lo investigado, durante años de democracia, en varias causas judiciales.

Los anuncios no fueron hechos con ingenuidad: el Gobierno pretende minar la credibilidad de los medios críticos y convencer a la ciudadanía de que sólo ahora -gracias al kirchnerismo- comenzamos a vivir la más madura y verdadera democracia.

Sin embargo, la lectura que hacen amplios sectores de la oposición, de la Justicia e, incluso, algunos conspicuos operadores del kirchnerismo en el Poder Judicial no es ésa: "Las evidentes flaquezas del relato oficial dejan al descubierto la intención de profundizar la confrontación, aun a costa de cansar al electorado", coinciden.

¿Le queda margen al Gobierno para seguir presionando a la Justicia para que avale una cuestionable ley de medios o acorrale a empresas de servicios? Las arbitrariedades que mostró el Gobierno con su decisión de cancelar la licencia a Fibertel y con las falsas acusaciones contra Papel Prensa ponen en duda la transparencia de las decisiones oficiales.

El Gobierno decidió enviar un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de papel de diario: busca justificar un mayor intervencionismo. Sin embargo, ese proyecto viola dos artículos de la Constitución.

En efecto, por motivos históricos muchos países -entre ellos, Estados Unidos y la Argentina- establecieron en sus constituciones importantes garantías para permitir la más amplia libertad de expresión y de prensa, no porque se haya querido privilegiar a algunos sectores, sino para que los ciudadanos y los medios pudieran controlar al poder.

Por eso, el artículo 32 de la Constitución nacional, equiparable a la Primera Enmienda norteamericana, estableció que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Y el artículo 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que se adopten medidas que restrinjan la producción de papel: ese tratado lo califica como una restricción indirecta, equiparable a la censura.

Por otra parte, las nuevas acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos también chocarán con otro obstáculo: cualquier juez que reciba una denuncia debería buscar y tener a la vista todos los expedientes que, con anterioridad, se hayan tramitado sobre el tema. Y la verdad que surge de esos expedientes no es la que cuenta el Gobierno.

En plena democracia, Isidoro Graiver y Lidia Papaleo, en varios escritos presentados ante la Justicia -ratificando y ampliando escritos anteriores- afirmaron que habían sido amenazados por Montoneros -para que les devolvieran 17 millones de dólares- y que vendieron las empresas para pagar deudas. Un fallo de la Cámara Federal, en 1986, lo corroboró.

"Hoy más que nunca, el país requiere tener jueces independientes que se animen a decir la verdad y desenmascarar al poder", dice Alejandro Fargossi, abogado especialista en telecomunicaciones y candidato para integrar el Consejo de la Magistratura, el organismo que utiliza el Gobierno para doblegar a los magistrados independientes. .

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