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¿Quién manda: los estudiantes, Moyano o el que sea?

Mariano Grondona

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LA NACION
Domingo 12 de septiembre de 2010

Casi al mismo tiempo, los estudiantes secundarios chilenos y los estudiantes secundarios argentinos tomaron escuelas y se movilizaron por las calles para protestar. Mientras los manifestantes chilenos eran detenidos por los carabineros por haber violado las normas que obligan a pedir permiso antes de ocupar las calles, los manifestantes argentinos, después de haber sido apoyados por la Presidenta porque marchaban contra el gobierno de la ciudad, prendieron la mecha de una protesta que se extendió a los estudiantes universitarios y terminó por dirigirse contra la Universidad Nacional y contra la propia Presidenta. En tanto que el gobierno chileno intentaba canalizar las protestas callejeras, el gobierno argentino, después de haber pretendido aprovecharlas políticamente a costa de Mauricio Macri, se encontró con que ellas invadían su propio espacio, repitiendo la clásica historia del aprendiz de brujo.

Este agudo contraste entre el comportamiento de ambos gobiernos no respondió sólo a razones tácticas o circunstanciales, sino que, yendo más allá, reflejó una discrepancia esencialmente ideológica entre ellos. Al igual que la generalidad de los gobiernos democráticos, las autoridades chilenas no encuentran objetable ponerle un límite a los manifestantes callejeros porque creen que por encima de sus reclamos en ocasiones comprensibles está la obligación del Estado de preservar el orden público, sin violar por eso sus derechos humanos. De hecho, los 72 estudiantes a quienes detuvieron en Chile recuperaron su libertad seis horas después, una vez que habían sido sumariados.

En el gobierno de los Kirchner prevalece, al contrario, una confusión que viene de los años setenta, en función de la cual se condena tanto la feroz represión de aquellos años cuanto la custodia razonable del espacio público, como si ambas conductas fueran igualmente reprobables. Esto ha dado lugar a que, entre nosotros, cualquier limitación a las manifestaciones callejeras y a las ocupaciones de edificios sea considerada represiva y, por ello, inaceptable. Ello no obsta, sin embargo, para que, cuando las manifestaciones tienen un aire opositor, como es el caso del piquetero Raúl Castells, sean judicialmente reprimidas en tanto que otras alteraciones del orden público, si están a cargo de agitadores oficialistas como Hugo Moyano y Luis D’Elía, reciben un guiño del Gobierno. Pero la confusión de los conceptos ha llegado al extremo de que, para no contradecir abiertamente su proclamado respeto por los derechos humanos, el Gobierno de los Kirchner ha cedido el control de las calles a cualquier grupo, por pequeño que sea, que a cambio de una expectativa de impunidad decida cortar calles o rutas con absoluto desprecio del derecho constitucional del resto de los ciudadanos a circular libremente.

El principio de autoridad

Leonardo da Vinci dijo alguna vez que "la teoría es el capitán y la práctica son los soldados". La condena universal de "toda" represión, como si no hubiera que distinguir entre la represión legal de la delincuencia y la coacción ilegítima que vulnera la libertad de los ciudadanos, es la "mochila" ideológica que aún sobrellevamos. La única manera de superar este desprecio de la soberanía de la ley que en cualquier sociedad democrática debe regir sobre las conductas ilegales que la ignoran, es volver a las fuentes del Estado y del Derecho, tal como ellas fueron concebidas desde los orígenes de la civilización occidental.

Los romanos distinguían en este sentido entre tres conceptos ligados al poder: la potestas o "potestad", el imperium o "mando" y la auctoritas, que bien podríamos traducir como "autoridad moral". La "potestad" era la facultad que poseían los funcionarios habilitados para hacer cumplir la ley dentro del área de su competencia. El "imperio" era el mando militar según el origen etimológico de la palabra imperator, que quería decir "general". Esto valió en tiempos de la República Romana, pero no ya en tiempos del Imperio Romano, que puso al frente a sus propios generales, desnaturalizando de este modo el orden republicano. Finalmente, sólo poseían "autoridad moral" aquellos contados ciudadanos que, fuera cual fuere su posición legal, eran universalmente respetados por sus sobresalientes virtudes de prudencia, de sabiduría.

Todo poder político, todo Estado, para ser obedecido espontáneamente debe reunir estas tres cualidades. Si no tiene "imperio", finalmente es despreciado dentro y fuera de sus fronteras. Si carece de la necesaria "potestad", sus órdenes son tenidas por ilegítimas. Pero algún residuo de "autoridad moral" debe subsistir además en torno de cualquier gobierno porque, si los ciudadanos creen con fundamento que sus gobernantes son corruptos, que atienden por sobre todas las cosas a su bien particular, es difícil que no se sientan tentados a eludir también ellos a la ley, que debería regir tanto a los gobernantes como a los gobernados.

Nuestra historia

Durante la larga etapa de la inestabilidad institucional que se extendió entre nosotros de 1930 a 1983, nos fuimos acostumbrando a la reducción de los tres principios romanos a uno solo: el "imperio" militar. Esta profunda alteración de nuestras costumbres políticas llegó a un exceso intolerable durante los años setenta, los años del terrorismo fuera y dentro del Estado. Fue en esa desventurada década que cundió el llamado "terrorismo de Estado", cuya repulsa previno a los argentinos contra todo exceso represivo a un grado tal que la palabra "represión" llegó abarcar "toda" represión, legal o ilegal, cual si fueran sinónimos. Y así se llegó a la confusión actual, en la que el ejercicio de cualquier coacción, aunque sea enteramente legal, es repudiada. Por debajo de esta reacción en el fondo comprensible, ha venido creciendo entre nosotros ese mal inverso a la tiranía que es la anarquía. Ella se manifiesta ahora crudamente, dando lugar entre otras cosas a nuevos males como son la insolencia creciente de los delincuentes y la impunidad de aquellas conductas que han permitido que se refugien bajo ella los funcionarios deshonestos. A quien quiera ponerles un freno a estos abusos, los aún afectados por la negra memoria de los años setenta los llaman "fascistas". Pero esos otros gobiernos que quieren ponerle un freno al desorden en las calles, como el chileno, ¿son por ello fascistas, antidemocráticos? ¿O se cree, acaso, que la democracia no exige ella misma un orden público sustentable, sin que deba caer en excesos que sus ciudadanos serían los primeros en reprobar?

José Ortega y Gasset advirtió, en La rebelión de las masas, que "como ande oscura la cuestión del mando, todo lo demás marchará impura y torpemente". Los argentinos de hoy, ¿tenemos en claro la cuestión del mando? Del lado de los gobernados, ¿respetamos escrupulosamente la supremacía de la ley? Nuestros gobernantes, por su parte, ¿adhieren sinceramente a la doctrina de los derechos humanos o la utilizan en dirección de sus propias metas políticas, como acaba de ocurrir en la reciente instrumentación del concepto de los delitos de lesa humanidad al servicio del objetivo, ciertamente no democrático, de acaparar el poder sin límites y sin plazos? "A río revuelto -dice el refrán-, ganancia de pescadores." Sería interesante confeccionar la lista de todos aquellos que, ya estén fuera del Gobierno o dentro de él, han lanzado sus líneas a las aguas del desconcierto para aprovechar la confusión ideológica que aún perturba a los argentinos.

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