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Cortocircuito diplomático

Negarían una extradición reclamada por Chile

Política

Tras una indefinición de seis años, el gobierno de Cristina Kirchner se apresta a denegar la extradición pedida por Chile del presunto terrorista chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y le concedería la condición de refugiado político, pese a estar acusado de cometer actos terroristas en su país, en 1991.

La Corte Suprema había aprobado anteayer la extradición de Apablaza y puso a la Casa Rosada ante un incómodo dilema diplomático. Si la Presidenta confirma la decisión de darle refugio, tal como tiene pensado, según dijeron altas fuentes del Gobierno a LA NACION, se abriría un potencial conflicto bilateral con Chile y una situación particularmente compleja. A ese país viajará pasado mañana Cristina Kirchner para participar de los festejos del Bicentenario y para reunirse con su par Sebastián Piñera.

El caso Apablaza podría ocupar el primer lugar en la agenda de ambos presidentes. "Seguramente le concederemos el refugio. Se está analizando, pero ésa será la decisión", confió ayer a LA NACION una alta fuente oficial.

El análisis del tema está en manos desde 2004 de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que depende del Ministerio del Interior, que dirige Florencio Randazzo. "Se están estudiando los antecedentes, pero seguramente se le concederá el refugio", comentaron cerca de la Presidenta. De todos modos, es posible que el Gobierno demore la medida hasta después del viaje de Cristina Kirchner a Chile.

El gobierno de Piñera presionó mucho en las últimas horas: sus abogados solicitaron ayer la detención de Apablaza ante el juez federal Claudio Bonadío, con el fin de que el magistrado pudiera allanar el camino para efectivizar la extradición. "La presión de Chile es feroz", deslizaron a La Nacion fuentes diplomáticas.

Por este motivo, la reunión ofrecida a la Presidenta por Chile no está aún confirmada.

Desde que asumió Piñera, hace siete meses, y previamente en la gestión de Michelle Bachelet, las relaciones entre el gobierno de Cristina Kirchner y Santiago de Chile caminaron por una buena sintonía. Por eso, la decisión de la Argentina de conceder el refugio a Apablaza insumiría costo político y traería fricciones.

Por el reclamo de Chile la Corte había concedido anteayer la extradición de Apablaza por crímenes que se le imputan de 1991, y eso cayó mal en sectores de izquierda y progresistas cercanos a Balcarce 50.

En un comunicado, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Universitaria de Cuyo (FUC) y la Agrupación Estudiantil La Vallese de la UBA manifestaron ayer "preocupación por la decisión de la Corte" y solicitaron que "con suma urgencia la Conare resuelva favorablemente su petición de ser reconocido como refugiado político", en virtud de "la persecución política que existe contra militantes".

El máximo tribunal tomó la decisión tras aguardar casi seis años que el Gobierno resolviera un pedido de Apablaza de ser tenido como refugiado político. El solicitante fue acusado, entre otros crímenes cometidos en 1991, del atentado y asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Christian Edwards del Río, directivo del diario El Mercurio, de Chile.

Si bien Apablaza permanece en libertad en la Argentina, el fallo de la Corte daba pie a la detención para la extradición. Pero en este punto la decisión es política y está en manos del Poder Ejecutivo. Bonadío había rechazado la extradición, pero el Estado de Chile apeló y la Corte la concedió anteayer. La Corte aclaró que su fallo quedaría sin efecto si se le concediera refugio.

En diciembre de 2004, Apablaza pidió al Gobierno el estatus de refugiado. El acusado analizaba ayer con su abogado, Rodolfo Yanzón, los pasos por seguir, pendientes de la decisión política de la Presidenta, que podría ser favorable a Apablaza.

En los últimos días, se conoció que Paula Chaín, pareja del presunto dirigente terrorista, trabaja en el área de Prensa y Difusión de la Casa Rosada desde 2008.

En tanto, Chile mueve todas sus fichas. Un día después del fallo de la Corte, los representantes legales de ese país pidieron a Bonadío la detención hasta que se resolviera el caso de extradición. "La Justicia terminó su camino: la Corte dijo que hay que entregarlo. Consideramos, entonces, que la Justicia debe tenerlo listo para resolver cuando el Ejecutivo se pronuncie. El juez debe ponerlo en condiciones para extraditarlo", dijo a La Nacion el abogado del gobierno chileno en Buenos Aires, Gustavo Gené.

El Gobierno tiene poco tiempo para resolver: el artículo 36 de la ley de cooperación penal internacional indica que el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para decidir tras conocer el fallo.

ACLARACION

En la edición de ayer se publicó por error una fotografía del dirigente ruralista Pedro Apaolaza, ex presidente de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en lugar de una del ex guerrillero Galvarino Apablaza, a quien el gobierno de Chile reclama para ser juzgado. .

Con la colaboración de Lucas Colonna
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