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La ley pierde su razón de ser

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
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6 de octubre de 2010  

La nave comenzó a hundirse en el puerto, antes de zarpar. Ese es el aspecto de la ley de servicios audiovisuales después del fallo que ayer dictó la Corte Suprema. Es una impresión política. No jurídica. Desde que la enviaron al Congreso, los Kirchner justificaron esa reforma en la necesidad de desmontar el monopolio que, hacia fines del año 2008, ellos descubrieron en el Grupo Clarín. Esa tarea era, además, urgente: debía ser completada antes de que ese monstruo devorara la vibrante cruzada oficial por la distribución del ingreso.

Los siete jueces de la Corte malograron ayer el núcleo de esa operación. Al no anular la medida cautelar dictada por tribunales del fuero civil y comercial, los magistrados pusieron al Grupo Clarín a resguardo del artículo 161 de la norma, que obliga a vender antes del 1º de octubre las licencias que excedan un número fijado por ese mismo texto. La "desinversión", de realizarse, será después de las elecciones. Conclusión: si el Gobierno pretendía, como Julio De Vido confesó a un íntimo de Héctor Magnetto un mes atrás, "llegar a un acuerdo para ganar las elecciones", la sentencia de ayer deja a la Presidenta y a su esposo sin un instrumento crucial para forzar esa hipotética negociación.

Para las ensoñaciones cortoplacistas del matrimonio, es posible que la ley haya comenzado a perder sentido. Había sido pensada para doblegar al "monopolio" y el "monopolio" es ahora la única empresa que queda a salvo de ella. ¿A quién, entonces, desmonopolizar? ¿Al Grupo Hadad? ¿A Supercanal, de Vila y Manzano? El problema es que mucho más para desconcentrar no hay. Salvo la ingeniería mediática que están construyendo Kirchner y sus amigos. "No sacamos esa ley para eso", diría Zannini.

Algunos legisladores oficialistas percibieron con nitidez este problema. El poskirchnerista Miguel Pichetto dijo que con el fallo la ley perdía sustancia. En cambio, Kirchner trató de disimular la derrota: "Es un paso adelante", dictaminó. El subsecretario de la Presidencia, Gustavo López -que no había detectado que Clarín era un pulpo peligroso cuando conducía el Comfer de Fernando de la Rúa-, consignó lo obvio, es decir que la ley está vigente, salvo que el artículo 161 no es aplicable a ese grupo.

Los funcionarios también pusieron énfasis en que cinco de los siete jueces intentaron aplacar la ira del Gobierno sugiriendo que las medidas cautelares debían tener alguna fecha de vencimiento razonable. Es posible que ahora los abogados oficiales reclamen al juez de primera instancia Edmundo Carbone que fije ese plazo. Pero es una esgrima imposible porque, si Carbone aceptara el pedido, la obligación de desinvertir le llegaría a Clarín después de las elecciones del próximo año. Ansioso y sincero, Kirchner dijo ayer que eso debería ocurrir antes de ese torneo. Sin embargo, ayer en Tribunales se afirmaba que el plazo se extendería mucho más allá de los deseos oficialistas y se decía, como si fuera una certeza, que el juez lo fijaría en dos años y cuatro meses.

La decisión de la Corte es un estímulo para que los jueces dicten medidas cautelares en beneficio de otras empresas similares a las que obtuvo Clarín. Es una mala noticia para Gabriel Mariotto, el titular del nuevo Comfer, quien dictó la resolución 297, por la cual, a partir del viernes pasado, los medios que cuenten con más licencias que las permitidas deberán deshacerse de ellas motu proprio , si no quieren que él los intime y, al tiempo, remate esos activos. Desde el punto de vista reglamentario, impecable. Pero, para la estética oficial, inconveniente: ¿cómo hará el gobierno nacional y popular para someter a escarnio a una pyme del interior mientras el monopolio sigue al margen de sus dictados? Si se tienen en cuenta sus antecedentes, los Kirchner usarán esa resolución para intentar que el periodismo radial o televisivo quede alineado con su campaña electoral.

Cristina Kirchner, a quien se suponía garantista, ha comenzado a irritarse con la posibilidad de que los jueces dicten medidas cautelares. Las toma como actos de insubordinación y no sospecha que la moda se deba a que su administración avanza con demasiada facilidad sobre derechos resguardados por la Constitución. El fallo de la Corte extenderá esa fiebre más allá del artículo 161. Sin ir más lejos, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas presentó en el juzgado de Guillermo Rossi un reclamo de inconstitucionalidad de 34 artículos de la ley. El Gobierno piensa repetir su estrategia tradicional en defensa de su norma: abrir frentes en fueros que cuenten con camaristas más amigables que los civiles y comerciales. El contencioso administrativo, por ejemplo, al que pertenece Rossi.

Es muy posible que con la ley audiovisual los Kirchner no modifiquen el sistema de medios. Pero desgastarán más a la Justicia. Para evitar el fallo de ayer presionaron como nunca antes sobre la Corte, en especial sobre Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Tal vez para neutralizar esas presiones esos magistrados incluyeron en su pronunciamiento una batería de argumentos que Enrique Petracchi y Carmen Argibay no creyeron necesarios para el suyo. Los jueces destacaron que fue la Corte la que impidió que la ley fuera suspendida en su totalidad. Hubo un pasaje más hiriente. Recordaron que Clarín obtuvo las licencias que ahora quiere conservar por un decreto del esposo de la Presidenta en el año 2005. Es verdad. Fue una concesión graciosa, sin concurso. Sucedió hace apenas cinco años, cuando Kirchner aún no advertía que Magnetto, a quien veía muy seguido, encabeza un "monopolio".

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